Baquerín amplía su denuncia sobre las inmatriculaciones

El concejal de UCOR suma el caso de la ermita de los Santos Mártires en el Balcón del Guadalquivir y el kiosco adosado a la iglesia de San Hipólito a su acusación, que instruye el Juzgado de Instrucción número seis

El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín ha presentado esta mañana un escrito ante el Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Provincial de Córdoba por el que amplía la denuncia que instruye sobre las inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo por el Obispado en la ciudad. Ahora, Baquerín suma a su acusación anterior la inmatriculación de la ermita de los Santos Mártires en el Balcón del Guadalquivir, que el Ayuntamiento considera que es pública, y el kiosco adosado a la iglesia de San Hipólito.

En el caso de la ermita, Baquerín señala que “se ha emitido recientemente un informe por parte de la asesoría jurídica municipal, del que incluso se han hecho eco los medios de comunicación, que ratifica y fundamenta que la citada ermita es de exclusiva propiedad municipal, y que el Ayuntamiento de Córdoba debió proceder en su día a registrarlo como monumento”. El concejal agrega que el Consistorio no acudió al Registro por lo que la Diócesis, “aprovechando los privilegios de la Ley Hipotecaria” inmatriculó este bien.

En el caso del kiosco de San Hipólito, el edil señala que “fue inmatriculado por la Diócesis en el año 2005 a pesar de que se halla construido en un dominio público y es, y ha sido siempre, de titularidad municipal, como ha venido a reconocer la propia Gerencia de Urbanismo”. La Iglesia ha admitido que el bien no es suyo. Por eso, el concejal de UCOR considera que “no resulta concebible que alguien procediera a usurpar un dominio público, y hasta que lo llegue a reconocer, y de ahí no se derive de forma inmediata una investigación de oficio para determinar el grado de responsabilidad penal del presunto usurpador, la dejación de funciones de los responsables la Administración local afectada y los perjuicios económicos y gastos que todo ello supone para el ciudadano y para el erario público”.

En su escrito, Baquerín también se refiere al papel que está jugando la Fiscalía Provincial de Córdoba en el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia en Córdoba. “Le debo confesar una vez más, que dada la trascendencia del asunto y la gran alarma social generada y la aparición casi diaria de nuevas evidencias e informes, no me resulta comprensible, dado el tenor de su estatuto, la no intervención de oficio del Ministerio Fiscal”, concluye.