Autacor celebra que el TSJA le da la razón contra la pretensión de Competencia de liberalizar el taxi

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La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) ha celebrado este miércoles que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón contra la pretensión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de liberalizar la prestación del servicio del taxi, manteniendo el TSJA la necesidad de obtener una licencia para prestar la actividad de taxi y que sus tarifas sean reguladas por el Ayuntamiento, en este caso el de Córdoba.

Así lo ha destacado Autacor en una nota, tras recordar que fue en septiembre de 2015 cuando la CNMC, “en lo más álgido de la guerra del taxi, recurría judicialmente la nueva Ordenanza del Taxi de Córdoba, recién aprobada”, y siendo alcalce el popular José Antonio Nieto.

La CNMC se amparó para ello “en un informe de expertos en competencia en el que afirmaban que el sector del taxi era un sector monopolístico que debía ser liberalizado, por chocar frontalmente con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y que, tanto sus licencias, como sus tarifas, debían quedar abiertas a la libre competencia, sin regulación alguna”, por el “presunto daño a los usuarios y a la legislación sobre actividades económicas y libertad de empresa” que supuestamente causaba la regulación del sector.

Autacor reaccionó con “una multitudinaria manifestación a la que asistieron, en señal de apoyo, miles de taxistas de toda España, y todos los líderes nacionales del sector”, y seguidamente procedieron a su defensa en el ámbito judicial, representados por el también letrado de Fedetaxi, Emilio Domínguez del Valle, “al lado del propio Ayuntamiento de Córdoba y de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía”, que han sido también partes del procedimiento.

Tras más de cinco años de litigio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, ha resuelto el litigio en sentido favorable a los taxistas, si bien ha anulado por concordancia algunos de los preceptos municipales, “que expresamente contradecían algunos artículos del Reglamento Andaluz del Taxi que habían quedado anulados en 2018 por el Tribunal Supremo, tras un recurso de revisión de su propia sentencia de 2015, dictada por la Sala del TSJA con sede en Málaga”.

La CNMC buscó la anulación de 15 artículos de la ordenanza municipal, relativos, entre otros temas, a la liberalización del número cerrado de licencias de taxi en Córdoba y al procedimiento para su eventual ampliación, a la liberalización de las tarifas de taxi, a la limitación a las sociedades limitadas a ser titulares de licencias de taxi, al número de conductores por licencia y a la antigüedad mínima para poner en funcionamiento los vehículos taxi“.

También pretendía que se anulara “la prohibición de negocios jurídicos sobre la explotación y sujeción a autorización administrativa para la enajenación de la licencia, la autorización municipal para modificación de horarios, y otras exigencias de la ordenanza municipal relativas a calidad y seguridad, como criterios de valoración para la adjudicación”, como experiencia previa, participación en actividades formativas, antigüedad máxima de los vehículos, y la participación de asociaciones y organizaciones representativas de titulares de licencias con carácter previo a la adopción de decisiones que les afecten.

La sentencia, del 4 de diciembre y notificada ayer martes a Autacor, “desestima las pretensiones generales de la CNMC y tan solo acoge parcialmente las referidas a la posibilidad de que las sociedades mercantiles puedan ser titulares de licencia en pie de igualdad con las personas físicas, la derogación de la antigüedad mínima de dos años para poder adscribir los vehículos a la actividad de taxi y los limites a la prestación del servicio por asalariados distintos del titular”.

La CNMC pretendía, incluso, “impedir la participación de los taxistas en la tramitación de las ordenanzas y decretos municipales que ordenan su actividad, descansos y festivos, aspecto éste también que ha sido desestimado por falta de argumentos por la Sala”.

Actualmente la Junta de Andalucía ultima la tramitación de una modificación del Reglamento Andaluz de Taxi, “que incorporará definitivamente dichas precisiones, y que modernizará el servicio regulado de taxi con precios cerrados a los usuarios, y servicios de taxi compartidos, entre otras medidas, obligando a los ayuntamientos andaluces a adaptar sus ordenanzas a estas nuevas medidas modernizadoras a lo largo de 2021, y a lo dictado por el Tribunal Supremo en 2018”.

De este modo los taxistas cordobeses han visto refrendados los argumentos que han venido sosteniendo durante los cinco últimos años, sobre la característica regulada del servicio público de interés general del taxi y sus tarifas reguladas públicamente, en garantía de los usuarios.

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