Archivada la causa contra un exalto cargo de la CHG

Vista aérea del embalse de La Breña II.
El juez mantiene viva la causa contra el exjefe de Planificación por el informe de aprovechamiento del embalse de La Breña

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha acordado el archivo de la causa iniciada contra un exalto cargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) denunciado en su día por la Fiscalía Provincial. Además, mantiene abierta, pero en Instrucción seis, la causa contra otro exalto cargo que estaba investigado en la causa. El juzgado toma esta decisión de acuerdo a un criterio que comparte la Fiscalía Provincial.

En concreto, el juez ha acordado el archivo de la causa que se investigaba (relacionada con el aprovechamiento de la presa de La Breña en Córdoba) contra el excomisario de Aguas de la CHG Rafael Álvarez Giménez, "cuya actuación pudo venir motivada por la falta de celo, la premura al tratarse de fechas correspondientes al período navideño y, la confianza depositada en el compañero que le solicitó que extendiese su visto bueno en el informe en cuestión", según consta en el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, se mantiene abierta la causa contra el exjefe de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Agustín Pastor Turollols, que fue cesado por el actual presidente de la CHG. "Sí se entiende en cambio que existen indicios suficientes de delito por un presunto tipo de estafa procesal en grado de tentativa por lo que se refiere a la intervención de Agustín María Pastor Turullols", señala en su auto el juez.

El Ministerio Fiscal asumió en su día una denuncia que presentó en su día la Abogacía del Estado. Esta institución sospechó de un informe que realizó el funcionario Pastor Pallarols sobre un pleito que mantiene el Gobierno con la antigua empresa que aprovechaba la electricidad que generaba el embalse de La Breña. Con la construcción de La Breña II, la empresa, Salto de la Breña, dejó de disponer de una concesión que obtenía desde 1935.

El Gobierno optó por compensar a la firma por la pérdida de la concesión. Sin embargo, un informe redactado por el propio Pastor en apenas siete días consideró que a la compañía Salto de la Breña le correspondía el pago de 12 millones de euros como compensación. La Abogacía del Estado se puso las manos en la cabeza, al entender como mucho que sería un millón la indemnización.

El informe fue firmado también por Álvarez. Según el fiscal, el documento estaba "al margen de todo procedimiento legal", por lo que se denuncian los hechos ante el Juzgado. Estos dos altos cargos han sido destituidos de las funciones que venían ocupando. Ahora, Álvarez ha quedado absuelto y su caso archivado.

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