Amplían la denuncia de CajaSur a los curas ex presidentes

El denunciante, Rafael Bueno, remite al Juzgado de Instrucción 3 la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ex director general José Ruiz e incluye también la de Santiago Gómez Sierra y Juan Moreno

Rafael Bueno, el denunciante que ha originado una investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba sobre la gestión de un ex director general de Cajasur, José Ruiz, ha ampliado a los ex presidentes de la entidad Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra sus acusaciones. Rafael Bueno ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba, tal y como le ordenó la Fiscalía Provincial, la sentencia de la Audiencia Nacional en la que ratifica la sanción económica impuesta por el Banco de España contra José Ruiz. Además, Bueno ha añadido la sentencia de la Audiencia Nacional en la que también ratifica la sanción contra los ex presidentes de Cajasur durante los años en los que Ruiz fue director general, entre 2004 y 2007. Estos dos ex presidentes son los sacerdotes Santiago Gómez Sierra y Juan Moreno.

Bueno ha remitido la sentencia de la Audiencia Nacional que la pasada semana ratificaba la sanción contra Santiago Gómez Sierra y otros 12 canónigos más, miembros del consejo de administración de Cajasur entre 2004 y 2010. Gómez Sierra, el presidente de Cajasur cuando en mayo de 2010 fue intervenida por el Banco de España, es el cargo que más alta tiene la multa de los más de 40 sancionados. Tendrá que pagar un total de 180.000 euros.

La pasada semana, la Fiscalía Provincial de Córdoba remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba una denuncia recibida contra la gestión del ex director general de Cajasur José Ruiz para que investigue una posible “infracción penal”. Según el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, “de la denuncia presentada se deduce en principio la posible existencia de hechos constitutivos de infracción penal que en una primera aproximación podrían encuadrarse en los delitos societarios u otros en función de lo que resulte de la inspección del procedimiento”.

El 3 de mayo, el ex director de una oficina de CajaSur, Rafael Bueno, presentó una denuncia ante el Ministerio fiscal contra José Ruiz, el ex director general de la caja de ahorros multado por la Audiencia Nacional por descuidar los mecanismos de control interno de la entidad financiera. Rafael Bueno sostiene su denuncia en el fallo judicial de la propia Audiencia Nacional. En concreto, este ex empleado de la caja asegura que José Ruiz “pudiera haber cometido actuaciones presuntamente delictivas, según sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

Estas actuaciones serian unas “operaciones concretas que supusieron un quebranto para la cuenta de resultados de la entidad”. En concreto, la denuncia de Rafael Bueno incide en el texto de la Audiencia Nacional, cuando habla de la concesión de un préstamo hipotecario a la promotora Las Villas de Alfarnatejo por valor de 5,5 millones de euros para la adquisición de suelos. De esa cantidad, “sólo una pequeña parte se destinó a la finalidad contratada”, subraya en negrita la denuncia de Bueno. “El resto, dice el fallo, se distrajo”, concluye.

A Ruiz se le reclaman 45.000 euros por las deficiencias de gestión durante el tiempo que estuvo al frente de la principal responsabilidad técnica de la antigua caja de ahorros. Fue nombrado en agosto de 2005 y estuvo en el cargo hasta marzo de 2007.

Consta en el pliego de cargos, la adquisición de Arenal Sur 21 a Rafael Gómez que supuso un fuerte quebranto de la situación económica de Cajasur. El fallo asegura que ha quedado demostrado la «plena responsabilidad» de José Ruiz, tras la consulta de las actas del consejo de administración. El importe de la operación, contraviniendo las órdenes del Banco de España, ascendió a 125 millones sin informes que acreditaran su viabilidad.

La Audiencia Nacional cita también operaciones con la promotora Affira -con la que se vulneró el tope de riesgo del 65%- y con la empresa Chalet, Piscinas y Complementos, a la que se financió, por tramos, hasta un 70% de una promoción cuando el límite se encontraba en la mitad de la inversión necesaria. La sala de lo contencioso recoge como elemento punible la concesión de 7,5 millones a la empresa Interbarajas 2004 para que la sociedad pudiese hacer frente, a su vez, a un crédito anterior de 23 millones.

En el considerando, Rafael Bueno añade que “en los hechos que sustentan la sanción, y que se dan por probados, se encuentran también una decena de operaciones con sociedades participadas entre las que se encuentran Prasur o Sermansur, entre otras”, que “se efectuaron sin la necesaria información y seguimiento, y habiendo omitido de forma flagrante los cometidos del cargo”, entrecomilla el denunciante.

El escrito concluye asegurando que “como resultado de la gestión de CajaSur la caja fue intervenida por el Banco de España, ocasionando un grave perjuicio público, rescatada con dinero público y despedidos traumáticamente cerca de un millar de empleados”.