El alcalde, sobre Colecor: “Puede ser que todo el mundo en Córdoba esté equivocado”

Juan Pablo Durán defiende que “nadie ha cometido ninguna ilegalidad en el Ayuntamiento” y que el plan especial se hizo siguiendo criterios técnicos

En Córdoba, hay culebrones que parece que durarán toda la vida. Es el caso de las naves de Colecor. Después de la decisión de la Junta de Andalucía de volver a impugnar el acuerdo de Pleno del plan especial de la Carretera de Palma del Río, que incluye en su interior a las polémicas naves de Colecor, se ha desatado de nuevo la habitual tormenta política que esta vez ha hecho extraños compañeros de viaje. A saber: el plan especial fue aprobado por la unanimidad de todos los partidos políticos del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, PP, IU, PSOE y dos concejales de UCOR. Por eso, los argumentos del alcalde, José Antonio Nieto (PP), y el secretario provincial del PSOE y portavoz municipal socialista, Juan Pablo Durán, son bastante parecidos.

El primero, el alcalde, ha sido muy contundente esta mañana al ser preguntado por los periodistas. “Puede ser que todo el mundo en Córdoba esté equivocado”, dijo irónicamente sobre la decisión de la Junta de Andalucía de llevar a los tribunales una decisión tomada con la unanimidad de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Córdoba. “Nadie ha cometido ninguna ilegalidad en el Ayuntamiento de Córdoba, y menos aún el Grupo Socialista, al votar el Plan Especial Carretera de Palma”, ya que se hizo contando con los preceptivos “informes elaborados por los abogados y técnicos de la GMU y del Ayuntamiento” y “sin ningún viso de ilegalidad”. Esto son declaraciones de Juan Pablo Durán, pero coinciden con los argumentos dados por el alcalde, quien ha insistido en que “desde el Ayuntamiento nos vamos a guiar por lo que diga nuestra asesoría jurídica”.

La Junta de Andalucía ya ha remitido al Ayuntamiento de Córdoba un aviso de que va a poner el recurso ante el juez. En ese aviso, donde además se solicita la suspensión cautelar del plan especial mientras deciden o no los tribunales, la Junta es también muy contundente en sus argumentos. Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz hablan de que “el citado plan contiene unas determinaciones cuya finalidad es legalizar, en la mayor medida de lo posible, una actuación ejecutada al margen de la legalidad como es la macronave llevada a cabo por Mezquita Sur de Inversiones S. L. [propiedad de Arenal 2000 y a su vez del hoy concejal Rafael Gómez] cuya superficie ocupada es de 39.034 metros cuadrados”. El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía va mucho más allá y llega a afirmar que “tal edificación, por sus dimensiones y el uso que es susceptible de albergar, suponen una manifiesta contradicción con los criterios del PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] relativos a la defensa del patrimonio industrial y de actividad”.

El Ayuntamiento ha aprobado esta mañana en la Junta de Gobierno Local personarse en la causa judicial que se abra después de la denuncia de la Junta. Fuentes municipales han confirmado que solicitarán la suspensión de la petición de suspensión cautelar del plan especial con los mismos argumentos que usaron ya en 2007, cuando los tribunales le dieron la razón y aceptaron que no se suspendiera la tramitación pero que finalmente tumbaron el Plan Especial al completo.

Mientras tanto, Juan Pablo Durán ha agregado que “tanto la impugnación, que legítimamente ha presentado” la Junta, “como la aprobación por el Pleno del Plan Especial Carretera de Palma, harán, al final, exactamente lo mismo”, es decir, tanto si se aplica el Plan tal y como se aprobó por el Pleno, como si se aplican las correcciones que pretende la Junta, “se legalizarán unas construcciones ilegales que se hicieron en su momento fuera de la ordenación urbanística”. La diferencia, según ha aclarado Durán, es que en el primer caso, “se podrá legalizar hasta el 21% de la edificabilidad de los metros cuadrados de la zona industrial histórica”, mientras que, en base a lo que argumenta la Junta, se podrá legalizar “el 16,78%”, lo cual en la práctica implica que “al final habrá 25.000 ó 20.000 metros cuadrados” de las naves de Colecor “que quedarán en pie y legalizados”.