El drama de la vivienda pública en España

Con la resaca todavía de la huelga por la vivienda, me he puesto a investigar algunos datos sobre cómo está España en cuanto a vivienda pública en comparación a nuestros vecinos, a ver si tenemos motivos para quejarnos por algo, o no. 

Primero, algo de contexto. En España, el artículo 47 de la Constitución, establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Esto lo quiere decir que el Estado te vaya a regalar una vivienda por ser español, sino que debes podértela comprar y pagar de una manera razonable.  

¿Y qué es razonable? En los tiempos en los que se escribió esta constitución, comprar una vivienda de nueva construcción de tres dormitorios en un barrio céntrico de Córdoba, costaba alrededor del 30% de un salario medio durante 10-15 años. Hoy lo mismo seguramente bastante más del 30% del salario y no menos de 35 años. Teniendo en cuenta la incertidumbre del mercado laboral, se me antojan demasiados años como para tener a un banco como casero, que te expropia lo que crees que es tuyo si le dejas a deber tres cuotas. 

El instrumento principal que usan los estados para promover el derecho a la vivienda, sobre todo para las rentas más bajas y jóvenes con ganas de emanciparse, es construir vivienda pública, la mayoría para alquiler, aunque este sea de por vida, y ser ellos los caseros en vez del banco. Lo habitual es que esta vivienda pública represente en torno al 15% y el 30% de toda la vivienda disponible en un país. De esta forma los estados minoran la demanda de compra, y garantizan el acceso a la vivienda para rentas baja y jóvenes, lo cual también suelen tener en sus constituciones. 

Vamos a ver qué hace España. En 1985, con nuestra democracia y constitución recién estrenada, España construyó 114.067 viviendas protegidas. Eran el 67,2% de toda la obra nueva. Ese año, la vivienda protegida superó a la libre. Se ve que ahí se lo tomaban en serio.

En la actualidad, el parque público en España representa el 1,7% del total de hogares. No es que no se construya, se construye, pero después estas viviendas se “descalifican” y pasan cada vez más rápido al mercado libre. O sea, el estado es una promotora más, y el fin de accesibilidad a vivienda buscado por estas “promotoras públicas” sencillamente, no se cumple.

Gracias a estas políticas, si nos comparamos con nuestros vecinos, no es que no estemos en la media, estamos en otro planeta:

Mientras que estos países blindaron sus parques y los trataron como infraestructura social permanente, España los subastó. El resultado es un parque residual el cual no tiene la capacidad de condicionar precios, proteger a los vulnerables y no sirve como herramienta anticíclica.

Ahora, el Plan Estatal 2026-2030 ha movilizado 7.000 millones de euros y, por primera vez, exige que las viviendas financiadas con fondos estatales mantengan su protección durante toda su vida útil. Sobre el papel, un avance. En la práctica, un parche. 

El plan no construye vivienda pública directamente, subvenciona a promotores para que lo hagan. Depende de la voluntad de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales ya han anunciado que rechazan las condiciones. Y la escala es ridícula, los 560 millones anuales previstos para ampliar el parque permitirían adquirir unas 6.829 viviendas al año en toda España. Solo Cataluña tiene 129.157 familias en lista de espera.

El debate se centra en “cuánto” y “cómo” construir, pero la pregunta fundamental es otra. ¿Es la vivienda un bien de primera necesidad o un activo financiero? 

Si es lo primero, el Estado está obligado a garantizar un parque público permanente, blindado y con instituciones que lo gestionen de manera continua como en Austria o Países Bajos. 

Si es lo segundo, una persona trabajadora, o dos, no podrán competir contra la capacidad financiera y de endeudamiento de los fondos de inversión, estos pasarán a ser los nuevos caseros, y el acceso a la vivienda no será un derecho, sino un lujo que habrá que ganarse cada día.