Tutelas y tutías

Asumo que vivimos un tiempo en el que basta que un ministro recomiende que no se beba lejía para que sus rivales políticos en masa cuelguen fotos pimplándose un litro de Lagarto. Es decir, da igual lo que diga un Gobierno que su propuesta no saldrá adelante por consenso ni de coña, por muy buena o coherente que sea. La rotura de consensos llega a extremos como la violencia machista o las declaraciones institucionales a favor de las personas LGTBi.

Por eso no debería sorprenderme que ni al Ayuntamiento ni a la Junta de Andalucía les guste la nueva ley del Patrimonio en la que trabaja el Gobierno. Tampoco que usen ahora argumentos que cuando gobernaban tumbaron categóricamente.

Ahora mismo, la ley de Patrimonio señala que la tutela (que no la propiedad) de monumentos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco como la Mezquita de Córdoba o Medina Azahara es de la Junta de Andalucía. El Cabildo no puede hacer nada dentro de la Mezquita si no tiene el permiso explícito o implícito de la Comisión de Patrimonio del gobierno andaluz. Por ejemplo, no podría haber abierto una puerta en una de las cuatro celosías de Rafael de la Hoz (a pesar de que hasta varios jueces han dicho que ese acuerdo incumplía la propia Ley de Patrimonio). Todo lo que se haga o deje de hacer en la Mezquita, y hasta en el casco histórico de Córdoba protegido por la Unesco, lo tiene que autorizar la Junta de Andalucía. Con la nueva Ley de Patrimonio la tutela sería compartida entre la Junta, el Gobierno y también el Ayuntamiento de Córdoba o el Cabildo (en el caso de la Mezquita). Eso sí, el Gobierno se reservaría la mayoría de votos en un futuro patronato. Es una clara retirada de competencias.

Los que ya están inmunizados contra la Covid y hasta los que están esperando su segunda vacuna seguro que recuerdan una de las grandes polémica de hace algo menos de 20 años en Andalucía: la famosa Ley de Cajas. La Junta de Andalucía presidida entonces por Manuel Chaves soñaba con crear una gran caja andaluza. En Córdoba existía una entidad, Cajasur, que se resistía con uñas y dientes. En aquellos primeros años del siglo XXI gobernaba el PP con una amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El ministro de Economía, el súper vicepresidente luego venido a menos Rodrigo Rato, firmó una orden por la que tutelaba directamente a Cajasur. Impedía así que la caja pasase a ser controlada por la Junta de Andalucía y era, prácticamente, gobernada desde Madrid.

Aquella histórica jugada perpetuó en el poder de Cajasur al todopoderoso Miguel Castillejo. Y lo que sucedió después, no le sorprenderá. Pero Castillejo se jubiló de presidente con una espectacular pensión que, encima, heredaron sus hermanas. Y todo gracias a la tutela del Gobierno entonces del PP. Un PP que entonces aplaudía con todas sus fuerzas la decisión de Rodrigo Rato. Los más viejos recordarán, incluso, la manifestación que se convocó en Córdoba para evitar la tutela de la Junta. El argumento era poco menos que la caja de los cordobeses se la iban a llevar a Sevilla. Y mira tú por dónde que ha acabado en el País Vasco.

El argumento, por tanto, se cae por su propio peso. La nueva ley de Patrimonio es matizable, sin duda. Yo tampoco estoy de acuerdo con que el Gobierno se reserve la mayoría de los votos (un Gobierno que, ojo, algún día puede ser del PP, ¿o estamos asumiendo ya que Pedro Sánchez es inmortal?). Pero lo que busca es justamente lo contrario a lo que acaba de pasar con la Mezquita de Córdoba, que tenga que llegar un juez a ponerle la cara colorada a la administración que tutela el monumento.

La creación de patronatos mixtos es algo que la Unesco lleva décadas pidiendo. De hecho, se plantea incluso que sean internacionales. Tenemos que asumir algo fundamental: la Mezquita no es de los cordobeses. La Mezquita es Patrimonio de la Humanidad. Es un monumento único e inigualable, como Medina Azahara, que nos trasciende a los humildes mortales que estamos aquí. Por eso, toda protección que tenga, todos los controles de que disponga, siempre me parecerán pocos.