La Sección número dos de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tumbado una querella de un grupo de negacionistas de las vacunas contra la Covid 19 formulada contra las tres grandes farmacéuticas que desarrollaron el producto: Pfizer, Moderna y Astrazeneca,. La demanda ha sido interpuesta por la asociación Salud y Justicia, que se organizó en Córdoba justo después de la pandemia con el objetivo de denunciar todas las medidas sanitarias que se aplicaron.

Salud y Justicia ya denunció a prácticamente toda la Junta de Andalucía y su equipo de la Consejería de Salud (incluido el gabinete de prensa), con acusaciones como que manipulaban el ADN de las personas con las vacunas,. Entonces, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba archivó la demanda acusando al colectivo de no haber presentado “el más mínimo indicio” delictivo, y con fuertes críticas a los argumentos usados.

Ahora, el caso ha llegado hasta la Audiencia Nacional, donde la asociación presentó una querella, que se archivó y contra la que activó un recurso, que ahora también se tumba,. Nuevamente, los abogados de esta asociación han presentado argumentos contra la ciencia y contra las empresas farmacéuticas.

Un catálogo de acusaciones sin base científica

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la asociación reiteró que las vacunas son en realidad una “bio-arma” genotóxica que se presenta engañosamente al público. Entre sus alegatos más extremos, afirmaban que el producto causa la muerte en el 74 % de los casos de inoculados y provoca enfermedades como parálisis, trombos, cáncer e infertilidad. Sin embargo, el tribunal ha ratificado la inadmisión de la querella al considerar que los hechos denunciados carecen de ilicitud penal y no presentan indicios objetivos que avalen su realidad.

Uno de los pilares del auto judicial, dictado el 10 de diciembre de 2025, es que los delitos de manipulación de genes humanos (artículo 159 del Código Penal) y de utilización de ingeniería genética para producir armas biológicas (artículo 160) no pueden ser cometidos por personas jurídicas en España. El sistema legal español establece un listado cerrado (numerus clausus) de delitos imputables a empresas, y los tipos penales invocados por Salud y Justicia no se encuentran en dicha lista.

Además, la Audiencia Nacional señaló errores de bulto en la querella, como la mención al artículo 358 del Código Penal, el cual se refiere en realidad al delito de incendio y no tiene relación alguna con la salud pública. El tribunal calificó los intentos de la asociación como una “investigación prospectiva” prohibida por el ordenamiento jurídico, ya que pretendían iniciar un proceso penal basado en meras sospechas y alegaciones genéricas sin aportar principios de prueba.

Intentos fallidos contra los directivos y acusaciones de estafa

En un intento por salvar la demanda, Salud y Justicia solicitó también el procesamiento de los CEOs y Directores Generales de las farmacéuticas entre 2021 y 2024. La Sala rechazó esta pretensión subrayando que en el derecho penal no existe una responsabilidad objetiva por el mero cargo, sino que se requiere describir una conducta concreta dolosa, algo que los querellantes no hicieron. Asimismo, el tribunal recordó que las filiales españolas querelladas no fueron las encargadas de fabricar las vacunas, sino sus empresas matrices.

Finalmente, el tribunal desestimó la acusación de estafa introducida a última hora en el recurso, donde el colectivo alegaba un “engaño bastante” al Estado para la compra de las vacunas,. La Audiencia Nacional concluyó que no se concretó la maniobra engañosa ni se aportaron pruebas de la misma.

Esta resolución sigue la línea de lo ocurrido previamente en los juzgados de Córdoba. Allí, la asociación había acusado a médicos y farmacéuticos de la Junta de Andalucía de tratar a los ciudadanos como “cobayas” en un “experimento de inoculación delictivo”. En aquella ocasión, los denunciantes llegaron a afirmar que la población sufría un programa de “rebaja intelectual” que les impedía comprender la gravedad de la situación. Al igual que ahora la Audiencia Nacional, la jueza de Córdoba determinó que los denunciados eran profesionales que no tenían intervención alguna en la elaboración de las vacunas ni conocimientos de ingeniería genética para realizar las manipulaciones alegadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a un cochero de caballos de Córdoba a devolver 7.125 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por haber cobrado de forma simultánea la prestación por desempleo derivada de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la ayuda extraordinaria para autónomos durante la pandemia.

El caso se remonta a marzo de 2020, cuando el trabajador, empleado por cuenta ajena en una empresa desde 1992, fue incluido en un ERTE a causa de la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, figuraba dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde 2019, ejerciendo como conductor de coches de caballos. El trabajador no reanudó su actividad como autónomo hasta enero de 2022, fecha en la que el Ayuntamiento de Córdoba le concedió la licencia de coche de caballo.

El SEPE le reconoció inicialmente la prestación por desempleo, pero meses después revocó la ayuda al considerar que su alta en el RETA hacía incompatible el cobro de dicha prestación. Además, reclamó la devolución de 7.125,56 euros correspondientes al periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2020. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba dio la razón al trabajador, al considerar que podía compatibilizar ambas situaciones.

Sin embargo, ahora el TSJA ha estimado el recurso del SEPE y ha revocado aquella sentencia. En su fallo, según la sentencia, la Sala de lo Social recuerda que “la prestación por desempleo es incompatible con el trabajo por cuenta propia y con la percepción en el mismo periodo de la prestación por cese de actividad en el RETA”, tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.

El tribunal andaluz subraya que la normativa extraordinaria aprobada durante la pandemia no alteró ese régimen de incompatibilidades, de modo que la condición de autónomo que permitió al cochero acceder al cese de actividad le excluía, al mismo tiempo, de poder cobrar el ERTE como asalariado.

De este modo, el TSJA ha absuelto al SEPE de las pretensiones del trabajador y ha ratificado la devolución de los más de 7.000 euros percibidos indebidamente.

La empresa Pienso y Mascotas, empresa cordobesa especializada en la venta de productos de alimentación y cuidado para animales de compañía, ha entrado en concurso de acreedores tras acumular una deuda de más de 3,8 millones de euros. Según ha podido saber este medio, el pasado mes de julio finalizó la fase común del concurso y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha acordado la apertura de la fase de convenio. A partir de este momento, los acreedores deberán estudiar el plan de viabilidad presentado por la empresa relativo a la quita de la deuda y a los procesos de pago propuestos por la mercantil.

La situación de la compañía es realmente complicada. El informe elaborado por la administración concursal ha revelado que la entidad acumula unos activos de 1,21 millones de euros frente a una masa pasiva de 3,82 millones, lo que arroja un déficit patrimonial de 2,61 millones de euros. La sociedad, que sirve a España, Portugal e Italia, ha entrado en concurso de acreedores debido a la caída de la demanda online tras la pandemia, la fuerte competencia en precios, la elevada carga financiera por la expansión y el encarecimiento de materias primas tras la guerra de Ucrania, lo que redujo drásticamente los márgenes.

La empresa, fundada en Madrid y trasladada a Córdoba, nació en 2012 con un modelo de negocio centrado en la venta de piensos, accesorios y productos zoosanitarios tanto en tienda física como en internet. Según la documentación a la que ha accedido este medio, el crecimiento fue constante durante sus primeros años, especialmente entre 2013 y 2019, gracias al respaldo de la banca. El año 2020 fue muy positivo para la sociedad debido a la pandemia, ya que sus ventas fueron, fundamentalmente, online. Las mismas crecieron más de un 60% con respecto al año anterior, lo que dio lugar a la concesión de más financiación por parte de las entidades bancarias.

Para continuar su crecimiento, la empresa -gestionada por uno de los fundadores iniciales, Francisco Castejón Riber- necesitaba un centro logístico mayor y surgió la oportunidad de comprar una nave en Rabanales 21 para levantarlos. En 2021, con la “vuelta a la normalidad” después de la fase más aguda de la pandemia, la demanda de los productos online descendió de una forma sensible y todos los competidores bajaron sus precios e incrementaron su inversión publicitaria para amortiguar esa disminución de ventas. Como medida para mitigar esta situación, la empresa trató de reducir los costes fijos de una forma progresiva y no tuvo más remedio que también bajar precios para no quedar fuera del mercado.

Para evitar la bajada de ventas y de margen, la mercantil adoptó dos medidas. La primera, desarrollar su marca propia. Esta tenía el doble de margen que la del mercado y no era tan sensible al precio porque Pienso y Mascotas era el único que la vendía. La segunda, abrir tiendas físicas, que era donde estaba volviendo parte de la demanda, el margen era mayor y había menor sensibilidad al precio. Sin embargo, el problema de los márgenes se incrementó con la guerra de Ucrania en febrero de 2022 porque al tener los piensos una composición importante de cereal, el conflicto hizo que el coste de esta materia prima subiera y, con ello, que los proveedores incrementaran mucho el precio. Esa subida no se traspasó en su totalidad al consumidor y al mercado, por lo que se redujo todavía más el margen.

En 2023, para mejorar la liquidez de la sociedad y reducir el endeudamiento bancario, Pienso y Mascotas vendió el centro logístico de Rabanales 21, permaneciendo en el mismo en régimen de alquiler. No obstante, el elevado precio del arrendameinto, unido a que las ventas no se recuperaron como se esperaba, la entidad ha abandonado finalmente este local, trasladándose a otro en Las Quemadas.

Un plan de viabilidad como última oportunidad

El plan de viabilidad presentado a los acreedores busca superar la situación de insolvencia y recuperar la estabilidad financiera. Fuentes de la administración concursal señalan que los principales acreedores han mostrado una acogida inicial positiva, aunque su aprobación -para la que es necesario el apoyo de más del 50% de las entidades afectadas- será determinante para la continuidad del negocio. De no producirse dicho acuerdo, la administración concursal advierte que la empresa se verá abocada a la liquidación.

Desde la compañía, que han confirmado toda esta información, han asegurado a este medio que, a pesar de esta situación, la empresa “es viable y puede seguir perfectamente” una vez superada la fase de desequilibrio financiero. Además, ha apuntado que la situación de la empresa se atribuye a “circunstancias ajenas” y factores de negocio, siendo la guerra de Ucrania uno de los elementos que “ha disparado un poco más la situación”Según los datos trasladados, la compañía cuenta actualmente con 15 trabajadores, “a quienes se les paga religiosamente”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a favor de un capitán del Ejército de Tierra de Cerro Muriano (Córdoba), anulando la decisión del Ministerio de Defensa que le denegaba la concesión de la medalla conmemorativa de la Operación Balmis, nombre con el que se hace alusión a la actuación de la Unidad Militar de Emergencias, la Inspección General de Sanidad, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire durante la pandemia del covid. Con esta medalla, Defensa buscaba reconocer a todos aquellos militares que participaron en esta operación desde el 15 de marzo al 20 de junio de 2020.

La Orden Ministerial que aprobaba la concesión de la medalla estipulaba una serie de requisitos y que el militar, en el caso de no recibirla de oficio, podría solicitarla. Ante ello, el capitán la pidió, siendo denegada tanto por el Jefe del Mando de Personal como por el General Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. La base de la denegación se fundamentó sobre la base de informes del Jefe de la Brigada Guzmán El Bueno X de la Base de Cerro Muriano y del teniente general Jefe del Mando de Personal. El primero manifestaba que el capitán no cumplía con los requisitos que marca la Orden Ministerial, y el segundo argumentaba que, según los informes de su Unidad, el capitán no participó en la Operación Balmis.

Ante ello, el capitán interpuso recurso contencioso-administrativo, alegando que sí cumplía con los requisitos establecidos en la Orden. Según la sentencia a la que ha accedido este medio, el Capitán estuvo activado en el marco de la Operación Balmis durante varios periodos en abril y mayo de 2020, participó en dos salidas realizando intervenciones en cuatro pueblos de Córdoba y en Jaén. Además, estuvo integrado como componente de la operación durante 164,5 horas, equivalentes a 21,9 días, en tres periodos. Bajo la convicción de ser merecedor de la medalla, el capitán alegó también que compañeros de su Unidad bajo su cargo habían obtenido la medalla, por lo que alegó un posible agravio comparativo y vulneración del derecho a la igualdad.

En la sentencia, el tribunal del TSJM ha determinado que la denegación se basó en informes que “no explicitaban los motivos concretos” por los que el demandante no cumplía los requisitos, limitándose a afirmaciones genéricas sin justificación. Por ello, la Sala destacó una “patente falta de motivación” de la resolución administrativa. Además, las consideraciones genéricas de los informes eran “expresamente contradichas por las certificaciones” aportadas por el capitán, sin que el Ministerio de Defensa ofreciera documentación para desvirtuarlas.

Ante la falta de motivación de la resolución administrativa y la justificación documental aportada por el capitán, el TSJM ha anulado las resoluciones impugnadas. Asimismo, ha impuesto las costas procesales a Defensa.

La exposición fotográfica itinerante 'Vivencias de matronas y enfermería en pandemia' se expone desde esta semana en el vestíbulo de entrada al Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) con el objetivo de acercar al público la dura y emocionante realidad que vivieron los profesionales sanitarios durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

La muestra, que podrá visitarse en primer lugar en las instalaciones del propio hospital y posteriormente en el Centro de Salud Matrona Fernández Mesa, en la misma localidad egabrense, recorrerá también otros espacios en las próximas semanas.

A través de una cuidada selección de imágenes e instantáneas, tomadas durante los momentos más críticos de la pandemia, la exposición da voz a quienes estuvieron en primera línea de combate contra el virus.

Profesionales de enfermería y matronas compartieron sus experiencias personales en el acto inaugural de esta exposición celebrado en el Patronato Municipal de Bienestar Social de Cabra en la Semana de la Salud ,recientemente celebrada en la localidad, ofreciendo un testimonio cercano y real sobre los retos, emociones y sacrificios vividos durante aquellos meses.

Su mirada se convierte en protagonista de esta iniciativa, que busca, no solo rendir homenaje a su labor, sino también visibilizar el papel esencial del colectivo sanitario en situaciones extremas. Un recorrido visual y emocional que invita a la sociedad a detenerse y recordar con gratitud aquel periodo tan complicado.

Esta exposición se enmarca dentro del Plan Local de Salud de Cabra, un instrumento estratégico orientado a mejorar la calidad de vida de la población mediante acciones preventivas, promoción de la salud y participación ciudadana.

Este plan se integra, a su vez, en el marco de la Red Local de Acción en Salud de Andalucía (Relas), cuyo objetivo es fomentar entornos que favorezcan estilos de vida saludables y reducir las desigualdades en salud.

A través de actividades como esta exposición, el Ayuntamiento de Cabra y los centros sanitarios locales refuerzan su compromiso con la sensibilización social y el reconocimiento a los trabajadores de la salud, elementos clave para consolidar una comunidad más saludable y cohesionada. Durante las próximas semanas, la exposición continuará por diferentes centros y entidades, acercando su mensaje a pacientes, trabajadores y vecinos de la comarca.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una gestora profesional como presunta autora de delitos continuados de fraude a la administración, estafa y falsedad documental tras descubrir que se había apropiado de más de 90.000 euros mediante la solicitud fraudulenta de ayudas públicas destinadas a trabajadores autónomos durante la pandemia.

Los hechos delictivos comenzaron en el año 2021, coincidiendo con la puesta en marcha de una serie de prestaciones extraordinarias por parte del Estado para proteger a los trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria, reguladas en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero.  Estas ayudas estaban dirigidas a quienes vieron reducida su actividad o ingresos durante la emergencia sanitaria.

'Modus operandi': abuso de confianza y suplantación

La ahora detenida se ganaba la confianza de sus clientes, quienes le entregaban voluntariamente su DNI y firma digital, convencidos de que le gestionaría trámites legítimos a su nombre. Si embargo, la arrestada utilizó estos datos personales para solicitar, si el consentimiento de sus titulares, diversas ayudas económicas por cese de actividad.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que la gestora intentó defraudar a 11 personas, logrando su objetivo con ocho de ellas. En algunos casos, solicitó varias prestaciones a nombre de una misma víctima, mientras que en otros, las solicitudes fueron denegadas por la situación particular de cada afectado.

Todas las ayudas económicas obtenidas de forma fraudulenta fueron ingresadas directamente en la cuenta bancaria de la investigada. Los agentes localizaron 11 solicitudes de prestaciones por un valor superior a 53.000 euros y descubrieron que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) había realizado siete devoluciones a favor de la gestora, por un importe superior a 19.000 euros. Además, una peritación bancaria permitió detectar transferencias desde cuentas de terceros a la cuenta personal de la arrestada por más de 18.000 euros.

En total, el importe estafado supera los 90.000 euros, sumando las prestaciones obtenidas, las devoluciones fiscales y las transferencias bancarias detectadas.

Investigación policial iniciada en 2025

La investigación policial se inició en el mes de abril del año 2025 tras la denuncia de una de las víctimas, que sospechó de la ilegalidad de los trámites realizados por su gestora, cuando recibió una notificación procedente de una mutualidad, que le solicitaba el pago de un importe en concepto de reintegro de prestación por cese de actividad.

A raíz de la denuncia y tras las gestiones realizadas por los investigadores de la Policía Nacional de cara a localizar a posibles afectados, se consiguió localizar a ocho víctimas directas y detectar otros intentos de fraude. La arrestada se enfrenta a cargos por fraude a la administración, estafa, falsedad documental y usurpación de identidad.

Uno de los efectos acelerantes de la pandemia y el gran confinamiento fue la progresiva extinción del dinero en efectivo. Raro es ya el lugar en el que no se puede pagar con Bizum o con tarjeta. “¿Quiere usted copia?”. Es la pregunta más repetida por los dependientes cuando se paga con tarjeta ya casi cualquier cosa, desde un café hasta cualquier artículo menor de papelería. Un análisis exhaustivo sobre el declive del dinero en efectivo, sus perspectivas y desafíos, ha sido realizado por Susana Bujalance-Rey y María Amalia Trillo-Holgado de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba. Este estudio, publicado en la Revista de Estudios Andaluces, analiza la posible extinción del dinero físico de la economía y su repercusión, un fenómeno que se ha visto acelerado a raíz de la pandemia del Covid-19.

La investigación se centra específicamente en las relaciones que las Pymes españolas establecen con sus clientes, instituciones bancarias u otros agentes del entorno, planteando posibles escenarios a futuro para facilitar la gestión sostenible de su actividad. Metodológicamente, se ha llevado a cabo un estudio de casos analítico, contemporáneo y múltiple con alcance genérico basado en empresas integradas en sectores representativos de la economía española. La conclusión principal del estudio es que España tiene aún un largo camino por recorrer tanto en lo económico como en lo político y social, ya que el efectivo sigue desempeñando un papel crucial en su economía.

En los últimos años, se ha observado una tendencia a dejar de lado el uso del dinero efectivo frente a la utilización de medios de pago electrónicos. Esta tendencia a la desmonetización se debe a la aparición de nuevos métodos de pago y desarrollos tecnológicos, que podrían influir significativamente en los próximos años, derivando hacia una economía sin efectivo. La crisis generada por la pandemia del coronavirus dejó una huella evidente en la economía mundial, difundiendo la idea de que el dinero en efectivo era uno de los principales catalizadores de la propagación, lo que provocó el rechazo de la población al uso de billetes y monedas.

Aún le queda una larga vida al 'cash'

Si bien parece que el efectivo está destinado a desaparecer en algún momento, aún existen importantes escollos que salvar. Restringir el uso del dinero físico podría desembocar en la pérdida de libertad y control del dinero, y la idiosincrasia de cada país plantea problemáticas específicas. Para abordar esto, se revisaron investigaciones recientes sobre la digitalización de los medios de pago, los avances de las monedas digitales y su proceso histórico. El objeto de estudio, al ser de reciente actualidad, cuenta con un número limitado de artículos que lo abordan. Durante el desarrollo del trabajo, se observó un incremento del número de artículos relacionados con la materia analizada a raíz de la pandemia de la Covid-19, lo que generó mayor especulación sobre su posible desaparición.

Este trabajo no solo resume la historia y los avances del conocimiento académico sobre el impacto de la extinción del efectivo, sino que también contribuye a la escasez de literatura aludiendo a los efectos en la economía española. Desde el punto de vista teórico, se enlazan los acontecimientos históricos con la situación reciente y se visualiza cómo las Pymes españolas se están adaptando al medio digital y cómo les afectaría la extinción total del dinero físico, enfocándose en su papel en el entorno actual y en las relaciones con las instituciones bancarias.

A lo largo de la historia, el dinero ha evolucionado en su forma y utilidad. Desde el trueque hasta las criptomonedas, pasando por el patrón oro y el dinero fiduciario, su función principal siempre ha sido la de medio de pago. En el siglo XVIII surgieron los billetes avalados por el patrón oro, mejorando el comercio internacional. Los acuerdos de Breton Woods establecieron el dólar como divisa internacional ligada al oro, pero este sistema se abandonó en 1971, dando paso al dinero fiduciario. En los tiempos actuales, las criptomonedas representan la versión más reciente del dinero digital, con ventajas como la transparencia y la resistencia a la manipulación gracias a la tecnología blockchain. La aparición del Bitcoin en 2008, junto con la crisis económica mundial, generó incertidumbre sobre si las monedas digitales podrían suponer el fin del dinero físico. Actualmente, el dinero físico compite con transferencias, tarjetas, pagos móviles como Bizum y PayPal, y criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Bizum se ha convertido en una de las formas de pago digitales más empleadas en España.

Economía sumergida

Según Kenneth Rogoff (2016), el dinero en efectivo es el principal causante de la evasión de impuestos y de la economía sumergida e ilegal. Estimaciones del FMI indicaban que la economía sumergida de España representó un 17,2% del PIB en 2017, moviéndose principalmente en efectivo. La aplicación de métodos electrónicos podría aumentar la transparencia de las transacciones. Países con mayor PIB como Dinamarca, Suecia y Finlandia muestran una menor dependencia del efectivo. La supresión total del efectivo permitiría controlar prácticas ilegales. Sin embargo, las criptomonedas, aunque seguras por su cifrado, no están exentas de riesgos y pueden facilitar actividades ilegales y evasión fiscal debido a su anonimato. La reducción del efectivo podría no erradicar la economía sumergida, ya que podrían surgir otras alternativas para la evasión fiscal.

La pandemia de la Covid-19 aceleró la digitalización de los medios de pago por temor al contagio a través del efectivo. El Banco de España (2021) señaló que un 2,5% de la población dejó de usar efectivo por motivos de higiene. El efectivo cayó al segundo lugar como medio de pago tras la tarjeta de débito. Más de la mitad de los españoles utilizaron menos efectivo a raíz de la pandemia. El confinamiento limitó las operaciones en efectivo, y las recomendaciones de la OMS estimularon el uso de pagos sin contacto. A pesar de esto, el uso de monedas y billetes sigue siendo el medio más usado entre la población, especialmente en franjas de mayor y menor edad. La digitalización del dinero se difunde rápidamente gracias a internet y las nuevas tecnologías. El Banco Central Europeo estudia la creación de un euro digital que sería un complemento, no un sustituto del efectivo. Los comercios impulsaron los pagos con tarjeta y móvil para reducir el contacto.

El estudio realizó un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) desde las perspectivas de las familias, las empresas y las instituciones bancarias para evaluar la desaparición del dinero físico. Para las familias, las principales debilidades y amenazas se relacionan con la pérdida de privacidad, la reducción de la libertad, la dificultad de acceso para colectivos vulnerables, la dependencia tecnológica y la brecha digital. Las fortalezas y oportunidades incluyen la rapidez y agilidad en los pagos, mayor control del gasto y el uso de aplicaciones como Bizum. Para las empresas, las amenazas incluyen el registro permanente de transacciones, el aumento de la competencia y la necesidad de invertir en tecnología para evitar ciberataques, así como el fin del mercado negro. Las fortalezas y oportunidades son la variedad de alternativas de pago, la seguridad, la contabilidad digital y la rapidez de las transacciones. Para las entidades bancarias, las amenazas se centran en la entrada de nuevos competidores y el cierre de oficinas. Las fortalezas y oportunidades son la eliminación de costes de mantenimiento del efectivo, mayor control de la política monetaria, aumento de clientes potenciales y la bancarización de la economía.

Se plantearon tres posibles escenarios futuros: no hay grandes cambios, donde el efectivo persiste por la preferencia de los consumidores y la necesidad de privacidad, a pesar de la introducción de alternativas digitales; la desaparición total del efectivo, que generaría exclusión financiera y dependencia tecnológica, requiriendo una gran alteración en el funcionamiento de los pagos digitales; y una posible catástrofe, como ciberataques o un apagón mundial, que haría que la banca perdiera poder y el efectivo se convirtiera en el método de pago preferido.

La metodología del estudio incluyó un estudio de casos en tres Pymes españolas de diferentes sectores: construcción, hostelería y distribución. Se realizaron entrevistas semiestructuradas siguiendo un esquema de preguntas sobre la situación actual, las matrices DAFO y los posibles escenarios futuros. Se empleó la triangulación de datos con entrevistas, observación directa y revisión de documentación.

Los resultados del estudio de caso revelaron que el efectivo es un medio de pago compartido por las tres empresas, tanto para pagos como para cobros. En la hostelería, es el método más habitual para los cobros de bajo importe. Sin embargo, la mayoría de los pagos y cobros de estas empresas se realizan mediante transferencias y otras operaciones bancarias. La empresa de construcción no percibió grandes cambios tras la pandemia, mientras que en hostelería y distribución se introdujo el pago a través de Bizum. La empresa distribuidora también trasladó parte de su actividad a internet, ofreciendo el pago por Bizum. Las tres empresas valoraron las fortalezas de la desaparición del efectivo, como la mejora de la contabilidad y la rapidez de los pagos electrónicos. Sin embargo, la empresa de construcción señaló que la supresión del efectivo no garantiza el fin de la economía sumergida. Respecto a las familias, se considera que la desaparición del efectivo limitaría la libertad del consumidor y la privacidad. En el sector hostelero, el efectivo sigue siendo muy utilizado por personas mayores, aunque Bizum se ha introducido para facilitar el pago a los jóvenes.

Las empresas coinciden en que los bancos serían las instituciones más favorecidas ante la extinción del efectivo, aunque también enfrentarían la competencia de sectores no bancarios como las criptomonedas. Las empresas de construcción y hostelería consideran que el escenario de no grandes cambios es el más factible, mientras que la empresa distribuidora ve la desaparición total del efectivo como una posibilidad a largo plazo.

El estudio concluye que, si bien existen argumentos a favor y en contra de la extinción del efectivo, y hay países cercanos a una economía sin efectivo como Suecia y China, España todavía tiene un largo camino por recorrer debido a la economía sumergida y la privacidad de las transacciones. Es fundamental abordar la exclusión financiera para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los beneficios de los pagos digitales. La conclusión principal del trabajo es que, a pesar de la proliferación de medios digitales, el efectivo probablemente no desaparecerá por completo en la economía española.

María es una cordobesa de 54 años, profesora y una de las personas afectadas por las secuelas del covid persistente cinco años después del inicio de la pandemia que cambió por completo su vida. Se contagió por primera vez en noviembre de 2020, cuando aún no había vacuna para el virus, y ahí empezó un calvario que aún hoy persiste, después de haber pasado por la enfermedad en una segunda ocasión en 2022.

Durante el primer año y medio, se le desencadenaron múltiples síntomas que le impidieron trabajar y llevar una vida normal, con crisis constantes; luego, con el paso del tiempo, las peores afecciones neurológicas mejoraron y pudo incorporarse a su puesto, pero, desde entonces, aún sufre secuelas con episodios de niebla mental en momentos de estrés o afección de articulaciones con brotes continuos. Aquella tan nombrada entonces 'normalidad' postcovid, nunca llegó a su vida.

“De la noche a la mañana comenzó todo”, recuerda en conversación con Cordópolis, pidiendo preservar su anonimato en las imágenes. Tras el primer contagio de covid, estuvo de baja casi año y medio. En ese tiempo, sufrió todo tipo de síntomas asociados al covid persistente: falta de memoria y niebla mental, no podía hablar, cambiaba palabras y tartamudeaba, no podía ni concentrarse ni leer, tenía cansancio permanente, falta de olfato y gusto, y fuertes dolores musculares y de articulaciones, entre otros.

Cuando se contagió por segunda vez con el virus, en febrero de 2022, “paradójicamente, mejoré. Los principales síntomas neurológicos desaparecieron”, como la falta de memoria, la afección al hablar y leer, o la falta de concentración, que le impedían trabajar. Y, ante la conclusión de su baja y el abismo de que le otorgasen la incapacidad permanente, intentó volver al trabajo -“consideraba que podía hacerlo, aunque fuera con dificultad”, relata. Lo hizo en abril de 2022, “aunque no puedo ejercer mi profesión al 100%”, constata.

Envejecer 20 años de golpe

Aún hoy, sufre episodios de niebla mental asociados a momentos de estrés y afección en las articulaciones. “Es como si hubiera envejecido 20 años”, dice sobre brotes de una “artrosis galopante” en manos y rodillas. Porque, con el alta oficial del covid persistente no desaparecieron ese tipo de síntomas que aún perduran. “Han mejorado una serie de condiciones, pero los sigo teniendo”, como ese “trastorno con lagunas mentales, la niebla mental vuelve si tengo mucho estrés”.

Y no solo esas afecciones físicas. Porque otras de las secuelas que el covid persistente y todo lo que le produjo en su vida le ha dejado a María son síntomas psicológicos, sufriendo “depresión y ansiedad”.

En todo este proceso, la acompañó su médica de medicina general -“la única que me trató como covid persistente”, destaca-, porque a partir de cada síntoma veía y ve ahora con un especialista. “Te tratan por separado. No hay un tratamiento ni investigación sobre la enfermedad del covid persistente. Y solo se ponen parches a los síntomas, en vez de tratar la enfermedad”, se queja.

Cuenta María que sobrelleva su día a día “intentando llevar una vida lo más tranquila posible”, que no le genere ese estrés que le desencadena episodios de niebla mental. Imparte sus clases pese a los síntomas que persisten y con brotes que hacen que el dolor de sus articulaciones le suponga un obstáculo.

Y todo eso, desde el entorno, no siempre se entiende. “Como no es una herida, algo que vean, la gente piensa que estás bien, pero realmente no lo estás. Al final te cansas de contar lo que te pasa, porque no lo acaban de creer. Y solo la gente más allegada lo sabe”.

“Hay personas que creen que el covid fue un resfriado. Pero hay muchas personas afectadas por el covid persistente, con muchas secuelas”, dice en alusión a todas las que se integran en la asociación que las agrupa en Andalucía. “Yo soy una afortunada que puedo llevar una vida medio normal”. “Medio normal”: porque precisamente eso, aquella tan nombrada 'normalidad' postcovid, nunca llegó a sus vidas.

Hace justo cinco años, Córdoba comenzaba una etapa en la vida de la ciudad hasta entonces no conocida. El Gobierno decretó el 14 de marzo el estado de alarma por la pandemia del Covid19, lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) ese mismo día. Y todo cambió a partir de entonces en la vida de todas las personas, con el objetivo de controlar la pandemia.

Se iniciaba el confinamiento de toda la población -salvo de los profesionales establecidos como esenciales-, y esto dejaba las calles desiertas en Córdoba, en un álbum de postales gráficas para el recuerdo. Para la población general, el mundo se veía desde la ventana desde aquel día sin saber cuánto tiempo duraría esa situación.

Cordópolis rememora a continuación cómo fue la crónica de aquel nuevo amanecer el primer día con el estado de alarma en Córdoba y lo que ocurrió aquel 15 de marzo de 2020: “La ciudad de Córdoba ha vivido este domingo una nueva jornada atípica (...). Este domingo, ha sido la primera jornada en la que todos los ciudadanos tenían orden de quedarse en casa. Y la primera también en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido que velar porque así sea”, contaba este periódico en aquella jornada.

El goteo de nuevos casos positivos por coronavirus no dejaba de aumentar en aquellas últimas horas. Córdoba llegaba aquel día a los 37 positivos por coronavirus, seis hospitalizados y dos ingresados en la UCI. El resto de casos positivos, 29 personas, estaban en seguimiento activo en sus domicilios, según difundía la Consejería de Salud. El caso que más preocupaba era el un paciente de Belmez que estaba en el hospital de Pozoblanco.

Aquel domingo, un trabajador de Emergia, el mayor call center de la ciudad y uno de los más importantes de España, en el que había un millar de empleados, daba positivo por coronavirus. La empresa se dirigió a sus trabajadores y desinfectaba la planta en la que ejercía su empleo esta persona.

Restricción de acceso al Hospital Reina Sofía

Mientras tanto, el Hospital Reina Sofía de Córdoba ordenaba la restricción de acceso al centro hospitalario. La medida entraría en vigor al día siguiente, lunes 16 de marzo, a partir de las 8:00 de la mañana. Se vigilarían sus puertas y se filtraría mucho la presencia en este espacio.

El Gobierno seguía tomando medidas. En una comparencia a última hora de aquel domingo, los ministros de Interior, Sanidad, Defensa y Fomento concretaban cómo se desarrolla el estado de alerta. La sanidad privada quedaba en manos de la Junta y se prorrogaban los contratos de los médicos residentes (MIR).

En la capital, la Policía Local de Córdoba ordenaba el cierre de un total de 11 establecimientos de hostelería en la ciudad que tenían abiertas sus puertas, a pesar de que se había decretado el estado de alarma y lo tenían totalmente prohibido.

Qué se podía hacer y qué no durante el estado de alarma

¿Qué puedes y qué no puedes hacer tras la declaración del estado de alarma? Aquel día contábamos exactamente cómo se podía salir a la calle y bajo qué condiciones. El objetivo era acabar con el virus y nos hacíamos eco de ese mensaje de servicio público: “Cumplirlo está en tu mano”.

También informábamos de las directrices que marcó el Gobierno para que los ciudadanos pudieran sacar a sus mascotas a la calle, a hacer sus necesidades y a pasear.

Aquel día. por segunda jornada consecutiva, los cordobeses salieron a sus balcones para aplaudir y homenajear a los profesionales que estaban luchando para vencer al virus. Lo hicieron dos horas antes que el sábado cuando surgió de manera espontánea a través de las redes y se estableció el horario a las 20:00.

Desinfección de las calles

Ese día se dio a conocer que la empresa municipal Sadeco iniciaría un minucioso trabajo para desinfectar las calles de la ciudad de cualquier rastro de coronavirus que pueda haber. La compañía municipal anunció su plan a través de un decreto firmado por el alcalde.

Mientras tanto, en la provincia, la Policía Local de Rute denunció al párroco de la iglesia principal del municipio por dar misa a las puertas del templo y sacar una virgen. El párroco dio incluso la comunión a sus vecinos, contraviniendo la distancia social que se impuso en el estado de alarma.

Calles desiertas, colas en comercios de alimentación

Las imágenes que dejaba la ciudad aquel día de hace cinco años eran las de calles vacías y colas ante comercios de alimentación abiertos. Con una fotogalería se mostraba cómo había amanecido la ciudad en su primer día completo de estado de alarma.

En esa jornada, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, agradecía a través de un vídeo la colaboración de la comunidad china en la ciudad, que se ha ofrecido para ayudar y comprar el material necesario para la lucha contra el coronavirus, y que sería distribuido a trabajadores esenciales como policías y bomberos.

Escolarización y un 'concierto', a distancia

Por su parte, la Asociación de Autónomos de Andalucía urgía al Gobierno a suspender el pago de la cuota ante la crisis económica que se avecinaba. Y la Junta de Andalucía habilitaba una herramienta telemática para que las madres y padres pudieran seguir adelante con la escolarización de sus hijos, trámite que la pandemia cogió de lleno.

El confinamiento afectaba a todos los vecinos de Córdoba y a todos los ámbitos. Y aquel primer día en casa para evitar la propagación del virus, el grupo cordobés Medina Azahara decidió interpretar desde casa una canción para ofrecérsela a todos los fans. Fue la nota musical que aportaba un punto positivo al ánimo general, mientras comenzaba una etapa jamás vivida en Córdoba.

Hace ahora cinco años que se decretó el estado de alarma a causa de la pandemia de Covid 19. La pandemia se llevó la vida de 104.156 personas en España, según los datos que ofrece el ministerio de Sanidad para el periodo entre 2020 y marzo de 2022.

En la provincia de Córdoba, la pandemia se llevó la vida de 1.320 personas. Son los datos oficiales, consolidados en las estadísticas del Ministerio de Sanidad y aportados por la Junta de Andalucía. Y es el número exacto de personas que murieron contagiadas, aunque en algunos casos tenían patologías previas. Pero es la cifra exacta de la pandemia en la provincia.

El golpe del Covid 19 fue tran extremo que cerca del 20% de la población dio positivo de manera oficial. Hubo muchos positivos que no fueron detectados por un sistema sanitario colapsado o que no podía hacerlo por falta de medios al principio. Así, oficialmente la pandemia contagió en la provincia de Córdoba a 144.025 personas.

Aunque el estado de alarma se decretó en marzo de 2020, lo peor de la provincia de Córdoba ocurrió en noviembre de ese año. Solo en ese mes murieron en Córdoba 195 personas. Poco después del verano, una nueva oleada provocó miles de contagios, con centenares de fallecidos durante aquel trágico otoño.

Además, 6.931 personas tuvieron que ser ingresadas en los hospitales de la provincia de Córdoba a causa de cuadros graves provocados por el Covid 19, una cifra que puso a prueba al sistema sanitario cordobés. Los hospitales tuvieron que habilitar plantas enteras para afectados por Covid, a los que había que aislar. El peor mes fue en enero de 2021, justo después de las navidades. Entonces llegó a haber en la provincia de Córdoba un total de 829 hospitalizados a causa del Covid.

14 de marzo. El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros extraordinario presidido por el presidente, Pedro Sánchez, aprueba declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional por un periodo de 15 días para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. A efectos prácticos, todo el mundo desconocía lo que aquella decisión iba a suponer desde ese mismo instante y en todos los ámbitos. Lo sabríamos conforme pasaran los días y las semanas. Lo que en principio iban a ser dos semanas se alargó, tras sucesivas prórrogas, hasta el 21 de junio.

Tras esta fecha, España entró en aquello a lo que se le llamó “nueva normalidad”: intentar regresar a la vida y al trabajo presencial, aunque con estrictas medidas de seguridad. Entre el dolor por tantas muertes que se iban produciendo y el desasosiego, el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) determinó que había que hacer algo para “ayudar a la ciudadanía” a salir de todo aquello. Todo se había parado. Y, con ello, la cultura. Los teatros públicos y privados de Córdoba cerraron. Espectáculos y conciertos se caían como un castillo de naipes en las dos primeras semanas del estado de alarma.

Durante la segunda prórroga, en el caso del IMAE, reprogramó, en su mayoría a partir de septiembre, más de 20 espectáculos que estaban previstos en sus instalaciones desde marzo y hasta mediados de mayo de 2020, al tiempo que canceló una decena. Pero en junio, este instituto municipal anunció la apertura de La Axerquía, su único teatro al aire libre, con el programa Gracias por venir. Espectáculos para un verano diferente, convirtiéndose Córdoba “en una de las primeras ciudades de España en revitalizar la cultura”, confirma a este periódico la jefa de comunicación e imagen del IMAE, Hortensia Revuelta Navarro.

La propuesta cultural albergó ocho espectáculos tanto para el público adulto como para el infantil que se celebraron durante cada jueves y sábado del 9 de julio al 1 de agosto. Más de 3.600 personas acudieron a la llamada del IMAE, que para poder abrir llevó estrictas medidas para garantizar la seguridad de los asistentes, como extremar la desinfección previa y durante los espectáculos, toma de temperatura, duplicar los accesos y limitar el aforo del teatro.

El programa trajo sobre las tablas el rock y el rock-pop de 091, Mezquita y Amaral; el flamenco con Carmen Ledesma, Juan José Jaén El Junco y el cordobés Daniel Navarro; propuestas infantiles de la mano de Yllana y Trencadís; la música clásica con Orquesta de Córdoba y el teatro con la compañía cordobesa Trápala. La respuesta del público fue tan abrumadora que Amaral, grupo que cerró este programa estival, colgó el cartel de “no hay entradas”.

Tras esta prueba piloto, la desescalada permitió que la cultura volviera a los teatros de interior -con limitaciones de aforo-, aunque las cancelaciones se fueron sucediendo hasta, incluso, 2022, cuando actores o técnicos de las diferentes compañías daban positivo en covid. Este fue el caso de obras como Eva contra Eva, protagonizada por Ana Belén, y la comedia Los asquerosos. El 4 de julio de 2023, el Consejo de Ministros declaró el fin de la crisis sanitaria y de las medidas extraordinarias acordadas para abordar esta situación de emergencia. La sociedad entró entonces la “nueva normalidad” que ya nunca fue como la que vivía desde antes de aquel 14 de marzo.

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Córdoba ha dictado sentencia exonerando a una trabajadora autónoma de todas sus deudas, aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad. Este proceso ha permitido a la empresaria dejar atrás una carga financiera de 43.000 euros, tras años de dificultades económicas. 

Según detalla la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, la protagonista de esta resolución era dueña de un pequeño negocio familiar que se vio gravemente afectado por la pandemia, ya que su principal clientela pertenecía al sector de la hostelería, uno de los más golpeados por la crisis sanitaria. 

Así, la brusca caída de ingresos, unida a los gastos acumulados, la llevó a endeudarse para intentar mantener el negocio a flote. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo superar la situación financiera crítica. 

Los contratos laborales precarios de los últimos años tampoco lograron mejorar su estabilidad económica, dejándola en una posición de total insolvencia y sin posibilidad de afrontar las deudas acumuladas. 

Ante esta situación, decidió buscar una solución definitiva y contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, especializada en procesos de insolvencia y en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Tras un análisis exhaustivo de su caso, los abogados de la Asociación concluyeron que cumplía con todos los requisitos legales para acogerse a este procedimiento. 

“Con el inicio de la Ley de la Segunda Oportunidad iba obtener un beneficio inmediato: un respiro económico, ya que cualquier pago o proceso de embargo quedaba en suspenso hasta que se resolviese el asunto por el juez”, explica el letrado Jose Domínguez, que propuso al juzgado la apertura del concurso de acreedores. 

En este, el mismo juzgado debe revisar el cumplimiento de los requisitos legales y, por último, valorar si se merece la exoneración definitiva de las deudas. 

El Juzgado conocedor de este procedimiento comprobó estos requerimientos y el pasado 2 de diciembre de 2024 fue dictada la sentencia concediendo el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a esta deudora libre de 43.899,79 euros. 

Los hoteleros siempre señalan el mes de julio como el peor del año para este tipo de alojamientos en Córdoba, una época donde la ciudad sufre episodios de altas temperaturas de manera continua. Pero, en los últimos años, al calor se sumó también la pandemia y el auge de otro tipo de alojamientos turísticos, y el resultado es que la capital cordobesa no ha recuperado las cifras de turistas que hace una década venían en verano y se hospedaban en sus hoteles. Es más, los datos muestran que los turistas que eligen hoteles para alojarse en Córdoba en julio han caído un 22% en la última década.

Este análisis se desprende de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Ocupación Hotelera a lo largo de los años y donde, con las últimas cifras publicadas sobre el pasado mes de julio, la comparativa con el mismo mes desde 2016, indica cómo el número de viajeros que llegan a Córdoba y se alojan en hoteles en ese mes ha descendido, incluso bajando este año con respecto al pasado.

Si en julio de 2016 se alojaron en los hoteles de Córdoba un total de 74.486 turistas, esa cifra ha descendido hasta los 58.012 visitantes el pasado mes de julio, un 22% menos, más de uno de cada cinco visitantes que llegaban hace casi una década.

La serie histórica de los turistas alojados en hoteles de Córdoba durante el mes de julio indica que la cifra se mantuvo similar hasta la pandemia. En 2017 se registraron 72.957 viajeros, un año después fueron 74.502 y para 2019 ya bajó el número de visitantes que se alojaban en hoteles: 71.396.

El frenazo de la pandemia

Pero fue la pandemia la que cortó el flujo de visitantes, sobre todo del extranjero, algo que no se recuperó en los años posteriores. En 2020, con controles en los viajes por el virus del covid, la cifra de turistas alojados en hoteles cordobeses cayó a 20.184.

Luego, en 2021 inició la recuperación con 48.640, muy lejos aún de las cifras prepandemia. Después, en 2022 se llegó a los 55.187 viajeros y un año más tarde a los 63.577.

Sin embargo, este pasado mes de julio de 2024, lejos de volver a incrementarse la cifra de turistas alojados en hoteles de Córdoba, ese número ha vuelto a descender, con un total de 58.012 visitantes.

El Juzgado de lo Penal número 4 ha condenado a seis meses de prisión a una mujer después de que haya quedado demostrado que escupió a un agente de la Policía Nacional, sobre quien también se abalanzó, durante un altercado provocado por la negativa de la procesada a usar mascarilla durante una visita a una exposición.

Según la sentencia, sobre las 18:45 del 3 de enero de 2022, esta mujer y su madre acudieron a ver la muestra de Harry Potter que en aquel momento se celebraba en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. En un momento del recorrido de la exposición, el personal de la organización se dirigió a la condenada para recordarle la obligatoriedad de llevar mascarilla. Ella y su madre le indicaron que la primera estaba exenta de llevarla debido a una minusvalía, mostrando el carnet que alegaba dicha discapacidad.

Tras examinar la documentación, el personal de la organización consideró que no era suficiente para eximir a la condenada del uso de la mascarilla, surgiendo una discusión entre las partes que fue subiendo de tono, comenzando la procesada a ponerse muy nerviosa y alterada. El incidente motivó que se personara en el Palacio de Congresos una dotación de la Policía Nacional. Los agentes analizaron la documentación y compartieron los argumentos expuestos por el organizador de la exposición, momento en que la condenada comenzó a gritar e insultar a los agentes de forma agresiva, no deponiendo de su actitud pese a las indicaciones de los agentes.

Por el contrario, la condenada llegó a escupir en la cara a uno de los policías y a abalanzarse sobre el mismo con la finalidad de agredirle. La joven tiene diagnosticada un trastorno de conducta con discapacidad intelectiva leve que al tiempo de los hechos originó una alteración parcial de su capacidad volitiva no intelectiva.

La acusación pedía para la condenada un año de prisión por el delito de atentado a los agentes de la autoridad, pero la magistrada ha rebajado la pena a los seis meses de cárcel tras la aplicación de una atenuante. Además, su madre, a quien se le pedía cuatro meses de prisión por un delito de resistencia a los agentes de la autoridad, ha sido absuelta, ya que no ha quedado acreditada su participación en los hechos que se enjuician. Ambas han sido defendidas por el letrado Marcos Santiago.

La Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba lleva sin jefe desde el pasado 7 de abril. Ese día se jubiló Antonio Varo (Montilla, 1959), que llevaba casi un cuarto de siglo al frente de esta sección, encargada de monitorizar, por ejemplo, los contagios de coronavirus en la provincia.

Según ha podido saber este periódico, tras su baja por jubilación, el puesto de Jefatura del servicio no se ha cubierto. No obstante, las fuentes consultadas aclaran que hay una persona que ejerce las labores de coordinación, pero no con el cargo (ni el sueldo) de jefe de sección.

Entre otras funciones, el Servicio de Epidemiología es el encargado de elaborar informes de evaluación específica de riesgo de enfermedades como la gripe o la Covid-19. Sus evaluaciones son las que se tienen en cuenta a la hora de decretar los niveles de alerta sanitaria, en caso de que crezcan los casos.

Por el momento, desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía no se han pronunciado a las preguntas de este periódico sobre la falta de cobertura de la Jefatura del Servicio.

En estos momentos, se ha detectado un incremento de contagios de una nueva cepa de Covid-19, la BA.2.86, y cuyos síntomas infecciosos más comunes son el dolor de cabeza, el dolor corporal, la tos, fiebre, mialgia generalizada y fatiga intensa, aunque también congestión, rinorrea y estornudos.

La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha reconocido, a través del Servicio de Epidemiología de Córdoba capital, que la provincia está en plena “onda de Covid”, con una tasa de incidencia estimada de 122 casos por 100.000 habitantes, y con este virus copando prácticamente el 100% de las detecciones de infecciones respiratorias.

En el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ya hay un incremento de personas hospitalizadas por descompensación de su patología provocadas por algún tipo infección respiratoria, entre las que está la Covid-19.

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado conocer todos los contratos de compra de mascarillas que realizó el Consistorio durante la pandemia del Covid.

Así, en un escrito del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, dirigido al delegado de Contratación, Jesús Coca, los socialistas piden que se les envíe “copia de los distintos expedientes de contratación sobre adquisición de mascarillas y demás material sanitario que se llevaron a cabo por el Ayuntamiento de Córdoba durante la pandemia del Covid-19”.

La petición se hace en base al derecho de la información de los concejales que establece el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, para que el gobierno municipal traslade al grupo socialista todos los contratos que durante la pandemia se hicieron para comprar mascarillas y otro material sanitario como equipos de protección individual (EPI). 

Hay varios ejemplos de la compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento. En mayo de 2020, en plena pandemia, la Junta de Gobierno Local, en reunión extraordinaria, aprobó la adquisición de 300.000 mascarillas Ffp2 KN95 por parte del Ayuntamiento de Córdoba para proceder a su reparto entre la población con el objetivo de frenar la propagación del covid-19. Para ello, el Consistorio destinó 645.000 euros para la adquisición de estas mascarillas.

Meses después, en noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Córdoba adjudicaba un contrato para el suministro de mascarillas quirúrgicas IIR UNE-EN 14683 por 49.750 euros. Y también en ese mes, la Junta de Gobierno Local aprobaba destinar 338.800 euros para comprar un total de 200.000 mascarillas para repartirlas entre familias en situación de vulnerabilidad que no podían afrontar el gasto de comprarlas.

Casi 500 mayores cordobeses han muerto con covid en residencias desde el inicio de la pandemia. Según información facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucia (IECA), en concreto han sido 478 las personas mayores en residencias que han fallecido con covid en este periodo. En las dos últimas semanas no se han registrado fallecimientos.

En total, se han contagiado 5.629 mayores que residían en estos centros en la provincia de Córdoba, según ha difundido la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).

Con datos a 5 de septiembre, en las dos últimas semanas en las residencias de mayores de Andalucía han fallecido por Covid 17 personas( 7 más que en el periodo anterior 10) 1 en Almería, 2 en Huelva, 3 en Jaén, 7 en Málaga y 3 en Sevilla y se han contagiado 600 (110 más que en el periodo anterior 490) 81 en Almería, 36 en Cádiz, 56 en Córdoba, 22 en Granada, 73 en Huelva, 128 en Jaén, 123 en Málaga y 81 en Sevilla.

Desde el comienzo de la pandemia hasta el 5 de septiembre han fallecido en las residencias demayores de Andalucia por Covid 3.472personas, el 21,21% deltotal de fallecidos en la población total andaluza, (Almería 218, Cádiz 437, Córdoba 478, Granada 474, Huelva 128, jaén 415,Málaga 651 y Sevilla 663) y se han contagiado 42.707(Almería 3.155, Cádiz 4.629, Córdoba 5.629, Granada 4.982, Huelva 2.067,Jaén 5.947, Málaga 7.942 y Sevilla 8.356).

La tasa de incidencia en los últimos 14 día (x100.000 hab.) en la población de 60 o más añosse sitúa en 89,3habiendo aumentado en 39,4 en relación con hacedossemanas (49,9). El número de casos confirmados acumulados en esta población se sitúa en 361.138 (1.853 en los últimos 14 días). La mayor tasa de incidencia se da en la población de 80 y más años 215,4, le siguen la de 60 o más años 89,3, la de 70 a 79 años 74,8 y por último la de 60 a 69 años 45,4. Por municipio Jaén 172,2, Córdoba 132,7, Huelva 124,2, Almería 124,1, Málaga 105,7, Granada 83,0, Sevilla 43,0 y Cádiz 32,4.

En la población total el número de hospitalizados acumulados por Covid asciende a 91.092 (94 en los últimos 7 días), el de ingresados en UCI a 7.439 (3 en los últimos 7 días) y han fallecidos 16.363personas(16 en los últimos 7 días).

Según últimos datos facilitados por el Instituto de Salud Carlos III a fecha 31 de agosto en la semana 34/2023 (del 21 al 27 de agosto) la tasa de Covid en Atención Primaria es de 130,2 casos por 100.000h, con un aumento desde la semana 26/2023 (30 casos por 100.000h). Las mayores tasas se observan en el grupo de los mayores de 64 años. La variante de SARS-CoV-2 que circula en mayor proporción en las últimas cinco semanas es la XBB.1.5 (36%) y XBB.1.5-like+F456L (28%) y desde el inicio de la temporada 2022-23 las variantes XBB.1.5 (33%), BQ.1 (32%) y BA.5 (8%). En la semana 34/2023, la tasa de hospitalización por COVID-19 se sitúa en 3,2 casos por 100.000 h, en aumento con fluctuaciones desde la semana 26/2023 (0,51 casos por 100.000 h). Entre los pacientes de 60 o más años, las mayores tasas de hospitalización se observan a partir de los 80 años. La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en hospitalizados en las últimas semanas han sido BA.2.75 (27%) y XBB.1.5 (27%) y desde el inicio de temporada las variantes XBB.1.5 (32%) y BQ.1 (29%) .

Todos los indicadores señalan un aumento de la actividad de COVID-19 en Atención Primaria y en hospitales. Se mantiene el predominio de las variantes XBB.1.5-like+F456L y XBB.1.5. La actividad gripal y de VRS permanece a nivel basal en todos los ámbitos.

En Andalucía la tasa de incidencia de Infección Respiratoria Aguda en atención primaria x100.000 habitantes en la semana 33/2023 se sitúa en 119,5. La media nacional en 267,4. En la semana 34/2023 Andalucía no ha facilitado información y la media nacional se sitúa en 340,6.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado un llamamiento a todos los países a fortalecer la supervisión del Covid y continuar implementando las recomendaciones para salvar vidas ante la aparición de nuevas subvariantes de Ómicron EG.5 y BA.2.86, resaltando que “el Covid sigue siendo una amenaza de salud global”. La OMS dispone de menos datos sobre la incidencia en los diferentes países debido a que estos han dejado de recogerla por lo que se ha producido un aumento de hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes en algunos países. “Todos los países deben de continuar informando sobre su situación de Covid para que podamos asesorarles sobre las nuevas variantes y sus riesgos. La vigilancia es importante para poder rastrear las variantes y también para que los individuos sepan si están contagiados o no.

Los gobiernos deben de permanecer vigilantes ante el Covid porque la amenaza no ha desaparecido“. Seguimos insistiendo que ante el aumento de fallecimientos y contagios por Covid, en el último mes, en las residencias de mayores de Andalucia sería muy aconsejable instaurar el uso obligatorio de mascarillas para las visitas y trabajadores en aquellos centros donde se produzca un contagio, procediendo a aislar a los contagiados. 

Cruz Roja en Córdoba ha presentado la memoria anual del año 2022 de la mano de Manuel, Paula e Ilya, tres personas que hace años decidieron pedir ayuda en esta organización y han conseguido mejorar su vida a nivel personal y profesional. Como ellos, durante 2022 más de 41.000 personas en la provincia de Córdoba han recibido sus servicios gracias a las 5.000 personas voluntarias y 16.000 socios.

Manuel Ruiz acudió a Cruz Roja para buscar ayuda para su esposa, les aconsejaron un centro de mayores donde también tenían talleres de memoria para él, que dejó de acudir a los centros cívicos a causa de la pandemia de Covid-19. “Ahora ya no solo aprendo, sino que ayudo a la gente que también va”, ha explicado. “Me hablan con cariño y me quieren mucho. Estoy deseando que lleguen las clases”, ha añadido emocionado.

Cruz Roja ofrece soluciones a los problemas de quienes deciden pedirles ayuda. En el caso de Paula Martín, de 26 años, le ofrecieron cursos de formación para poder salir del sector de la hostelería y desarrollarse en otros ámbitos. Ahora trabaja en un supermercado y agradece toda la ayuda que le han dado. “Hay mucha unión entre todos. Empujo a la gente joven a que vengan, porque también ofrecen apoyo psicológico”, ha comentado.

Por su parte, Ilyas Hussain, paquistaní que llegó a Jaén en 2006, ha recordado aquellos años en Cruz Roja y ha visto una mejora en la atención a las personas. “Ahora pueden recibir a más gente”. Ha asegurado que para él es “una familia”, porque ayudan “con la búsqueda de empleo, mejorar la vida social y asesoramiento jurídico. Yo he traído a compañeros para que reciban la ayuda que necesitan”.

Estas son las historias que ponen voz a los datos que han presentado este martes en Cruz Roja. La presidenta provincial de Cruz Roja, Cándida Ruiz, ha agradecido su presencia y la labor de voluntarios, socios y donantes “por el esfuerzo y el buen hacer de todos”. Además, ha mandado su apoyo a “todos los que en un momento dado han visto las puertas abiertas gracias a la Cruz Roja”.

La vulnerabilidad se cronifica

La responsable de Voluntariado y de Intervención Social de la entidad, Ana Belén Losada, ha señalado que este año ha estado “marcado por la crisis generada por el conflicto en Ucrania, la pospandemia y la subida de precios, lo que genera una situación social difícil” en un año cuyos datos de demanda han sido similares a los del 2021.

“Hay una cronificación de la vulnerabilidad que afecta a personas en situación de desempleo y a las integradas en el mercado laboral con salarios bajos”, ha alertado Losada. Por ello, ha remarcado que los servicios de Cruz Roja abarcan todos los sectores de la población, dando respuesta a través del plan Cruz Roja Reacciona.

Dos retos sociales para 2022

La entidad ha destacado el reto social de reducir la soledad, especialmente en las personas mayores, que se ha evidenciado como un importante problema social. Además de ofrecerles compañía ante situaciones de soledad, la entidad desarrolla acciones que fomentan el envejecimiento activo y saludable, con el objetivo de evitar el aislamiento social de un colectivo que se vio especialmente afectado por la pandemia, pero que también sufre discriminación por los prejuicios que existen en torno a la edad.

La pandemia también puso de relieve la brecha digital existente en la sociedad, afectando aún más a las personas en riesgo de exclusión social. En este año han potenciado el proyecto Click_A, impulsado por la organización en toda Andalucía para orientar y acompañar en el uso de las nuevas tecnologías, basándose en el voluntariado digital. 

El pasado año, la organización estuvo presente en 71 de los 77 municipios cordobeses y formó parte de 12 asambleas locales y comarcales, así como de 25 puntos de actividad en la provincia.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha condonado una deuda de 202.007,54 euros a un autónomo de la provincia que se endeudó debido a la pandemia, tal y como ha informado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

Este cordobés, hostelero de Puente Genil, era avalista de las deudas de su empresa, la cual se extinguió tras ser declarada en concurso de acreedores debido al estado de alarma. Para intentar salvar la empresa de restauración de la cual era socio capitalista y administrador solicitó algunos préstamos avalados por él mismo.

Pocos meses después del comienzo del estado de alarma, y siendo el sector de la hostelería uno de los más azotados por las restricciones, su sociedad fue declarada en concurso de acreedores y liquidada. Esto supuso que todas las deudas avaladas recayeran sobre él como persona física. Previendo no poder hacerles frente con su nuevo trabajo por cuenta ajena, decidió solicitar la Ley de la Segunda Oportunidad y presentar demanda de concurso de acreedores a título particular.

Tras ser asesorado por los letrados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, decidió declararse insolvente y acogerse a la comúnmente denominada Ley de la Segunda Oportunidad, lo que le ha llevado a quedar libre de toda deuda que figuraba a su nombre.

Tal y como expone Pepe Domínguez, abogado de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en Córdoba, “la presentación del preconcurso de acreedores en el Juzgado proporciona una sensación de alivio al deudor. Con este instrumento, se concede una suspensión de pagos y embargos por un plazo provisional de tres meses, lo que permite al interesado un respiro económico”.

Aprovechando esta protección y conforme a la antigua Ley Concursal, se procedió a tramitar un intento de acuerdo de pagos con las entidades acreedoras en notaría. Con esta continuación de los trámites se extiende la misma protección frente a reclamaciones de pago y ejecuciones judiciales. 

Finalizada la segunda fase, se procedió a solicitar la declaración de concurso de acreedores y, habida cuenta de la buena fe del deudor, se dio el resultado esperado: el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Córdoba la exoneración del pago de todos los créditos pendientes.

Requisitos que marca la Ley de la Segunda Oportunidad

Los requisitos en términos generales son la insolvencia del deudor, no haber estado en concurso los últimos 5 años y carecer de antecedentes penales socioeconómicos.

Esta resolución dictada el pasado 6 de febrero concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a este deudor libre de pagar 202.007,54 euros. Desde entonces, los acreedores del asociado no podrán reclamar ningún pago más al ya ex-deudor ni incluirlo en ficheros de morosos.

Ya son 42 las exoneraciones de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en lo que llevamos de 2023. Otras sentencias interesantes recientes son la conseguida el pasado 1 de marzo en Granada, que cancela deudas de Derecho Público, o la lograda en Sevilla el pasado 6 de marzo, que permite conservar la vivienda de los concursados también.

Hace justo tres años, Córdoba comenzaba una etapa en la vida de la ciudad hasta entonces no conocida. Era domingo, 15 de marzo de 2020 y se iniciaba la declaración del estado de alarma por la pandemia de la Covid19. El confinamiento de toda la población -salvo de los profesionales establecidos como esenciales-, dejaba las calles desiertas, en una postal gráfica para el recuerdo.

Cordópolis rememora a continuación cómo fue la crónica y lo que ocurrió aquel 15 de marzo de 2020: “La ciudad de Córdoba ha vivido este domingo una nueva jornada atípica, la quinta ya desde que la crisis sanitaria y económica asociada a la expansión del coronavirus llegó a la provincia. Este domingo, ha sido la primera jornada en la que todos los ciudadanos tenían orden de quedarse en casa. Y la primera también en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido que velar porque así sea”, contaba este periódico en aquella jornada.

El goteo de nuevos casos positivos por coronavirus no dejaba de aumentar en aquellas últimas horas. Córdoba llegaba aquel día a los 37 positivos por coronavirus, seis hospitalizados y dos ingresados en la UCI. El resto de casos positivos, 29 personas, estaban en seguimiento activo en sus domicilios, según difundía la Consejería de Salud. El caso que más preocupaba era el un paciente de Belmez que estaba en el hospital de Pozoblanco.

Aquel domingo, un trabajador de Emergia, el mayor call center de la ciudad y uno de los más importantes de España, en el que había un millar de empleados, daba positivo por coronavirus. La empresa se dirigió a sus trabajadores y desinfectaba la planta en la que ejercía su empleo esta persona.

Mientras tanto, el Hospital Reina Sofía de Córdoba ordenaba la restricción de acceso al centro hospitalario. La medida entraría en vigor al día siguiente, lunes 16 de marzo, a partir de las 8:00 de la mañana. Se vigilarían sus puertas y se filtraría mucho la presencia en este espacio.

El Gobierno seguía tomando medidas. En una comparencia a última hora de aquel domingo, los ministros de Interior, Sanidad, Defensa y Fomento concretaban cómo se desarrolla el estado de alerta. La sanidad privada quedaba en manos de la Junta y se prorrogaban los contratos de los médicos residentes (MIR).

En la capital, la Policía Local de Córdoba ordenaba el cierre de un total de 11 establecimientos de hostelería en la ciudad que tenían abiertas sus puertas, a pesar de que se había decretado el estado de alarma y lo tenían totalmente prohibido.

Qué se podía hacer y qué no durante el estado de alarma

¿Qué puedes y qué no puedes hacer tras la declaración del estado de alarma? Aquel domingo contábamos exactamente cómo se podía salir a la calle y bajo qué condiciones. El objetivo era acabar con el virus y nos hacíamos eco de ese mensaje de servicio público: “Cumplirlo está en tu mano”.

También informábamos de las directrices que marcó el Gobierno para que los ciudadanos pudieran sacar a sus mascotas a la calle, a hacer sus necesidades y a pasear.

Aquel día. por segunda jornada consecutiva, los cordobeses salieron a sus balcones para aplaudir y homenajear a los profesionales que estaban luchando para vencer al virus. Lo hicieron dos horas antes que el sábado cuando surgió de manera espontánea a través de las redes y se estableció el horario a las 20:00.

Desinfección de las calles

Ese día se dio a conocer que la empresa municipal Sadeco iniciaría un minucioso trabajo para desinfectar las calles de la ciudad de cualquier rastro de coronavirus que pueda haber. La compañía municipal anunció su plan a través de un decreto firmado por el alcalde.

Mientras tanto, en la provincia, la Policía Local de Rute denunció al párroco de la iglesia principal del municipio por dar misa a las puertas del templo y sacar una virgen. El párroco dio incluso la comunión a sus vecinos, contraviniendo la distancia social que se impuso en el estado de alarma.

Calles desiertas, colas en comercios de alimentación

Las imágenes que dejaba la ciudad en ese domingo 15 de marzo eran las de calles vacías y colas ante comercios de alimentación abiertos. Con una fotogalería se mostraba cómo había amanecido la ciudad en su primer día completo de estado de alarma.

En esa jornada, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, agradecía a través de un vídeo la colaboración de la comunidad china en la ciudad, que se ha ofrecido para ayudar y comprar el material necesario para la lucha contra el coronavirus, y que sería distribuido a trabajadores esenciales como policías y bomberos.

Escolarización y un 'concierto', a distancia

Por su parte, la Asociación de Autónomos de Andalucía urgía al Gobierno a suspender el pago de la cuota ante la crisis económica que se avecinaba. Y la Junta de Andalucía habilitaba una herramienta telemática para que las madres y padres pudieran seguir adelante con la escolarización de sus hijos, trámite que la pandemia cogió de lleno.

El confinamiento afectaba a todos los vecinos de Córdoba y a todos los ámbitos. Y aquel primer día en casa para evitar la propagación del virus, el grupo cordobés Medina Azahara decidió interpretar desde casa una canción para ofrecérsela a todos los fans. Fue la nota musical que aportaba un punto positivo al ánimo general, mientras comenzaba una etapa jamás vivida en Córdoba.