El PSOE lamenta la política de “brazos caídos” del gobierno local ante el “aumento” de personas sin hogar
La concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha lamentado la “inacción” y la política de “brazos caídos” del gobierno local del PP en la capital ante el “aumento” de las personas sin hogar en la capital, “máxime desde que abandonó el trabajo realizado por la Mesa de Sinhogarismo para no volverse a preocupar por aumentar las plazas en albergues de una manera estable, limitándose a incrementar el número de ellas cuando las condiciones climáticas son extremas”.
Según ha criticado en una nota de prensa, “esta falta de atención y los escasos recursos que pone a disposición el Ayuntamiento para ofrecer un techo donde pasar la noche a quien carece de él hace que el número de personas que atienden las asociaciones y entidades que trabajan en la calle sea cada vez mayor”, según expone Moya, que aduce que la Casa de Acogida Municipal “hace tiempo que se quedó pequeña para atender a la población sin hogar en la ciudad, por lo que necesita de los recursos de entidades que complementen las plazas que oferta el ayuntamiento”.
Asimismo, ha argumentado que tampoco dispone de una “plantilla suficiente” para atender a estas personas en una futura reinserción social, ya que la procedencia y circunstancias que rodean a cada persona en situación de calle son muy variadas y particulares; y “requiere un enfoque y atención multidisciplinar que necesita de más plantilla”.
La Red Co-habita, integrada por las entidades que dedican todo o parte de su personal voluntario a la atención a estas personas, mantiene los repartos de comida y bebida caliente en invierno y fresca en verano. Además, ofrecen un apoyo emocional y afectivo que no suelen tener con frecuencia. “Una vez más, el mayor peso del rescate a los más vulnerables en nuestra ciudad está en manos del voluntariado, dejando el Gobierno municipal de responsabilizarse de sus conciudadanos”, ha aseverado la edil.
Aunque el perfil de la persona sin hogar en Córdoba es el de un hombre entre los 45 y 65 años, son cada vez más las mujeres que se encuentran en la misma situación, experimentando en el año anterior un incremento de más del 40% desde 2023. Tanto unos como otras son personas que después de atravesar distintas etapas de vulnerabilidad y dificultades económicas, y en la mayoría de los casos careciendo de una red de apoyo, se han visto en la calle.
“Las personas que duermen en la calle sufren con frecuencia violencia y discriminación, y eso afecta a otros derechos básicos como el derecho a la asistencia sanitaria, la formación y el trabajo. La primera obligación de un alcalde es la de garantizar los derechos básicos de sus conciudadanos, y en este caso, el alcalde no vemos que esté preocupado por todas aquellas personas que no disponen de un mínimo habitáculo al que llamar hogar”, ha detallado Moya, para quien “es urgente que el Gobierno municipal busque soluciones efectivas, se implique personalmente y no se escude en los convenios para que otros le hagan el trabajo a través del voluntariado”.
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