La Junta inició el pasado año 204 procedimientos sancionadores en materia de consumo

La Junta de Andalucía ha informado de que el pasado año se iniciaron 204 procedimientos sancionadores contra los presuntos responsables de infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, tal y como ha manifestado la delegada de Salud y Familias en Córdoba, María Jesús Botella, quien ha trasladado a Facua las políticas del Gobierno andaluz en defensa y protección de los consumidores.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, la delegada ha abordado el Plan Anual de Inspección de Consumo 2022, que incluye la realización de 24 campañas y 8.000 controles entre los sectores de alimentación, productos industriales y servicios para comprobar el cumplimiento de las normas vigentes y garantizar y reforzar los derechos de los consumidores.

El mayor número de inspecciones tendrá lugar en el sector servicios, donde están previstas alrededor de 4.775 actuaciones en el marco de ocho campañas mediante un control básico de establecimientos alimentarios y no alimentarios, mercados de abastos y empresas prestadoras de servicios, contratación a distancia a través de páginas web, información en la compra venta y arrendamiento de viviendas, publicidad y prácticas comerciales desleales, sector de la banca, compañías aéreas, establecimientos dedicados a la restauración y talleres de reparación de vehículos.

Para el control de productos industriales se prevé la realización de nueve campañas mediante unas 1.800 actuaciones. Asimismo, se van a llevar a cabo cuatro campañas nacionales de inspección sobre artículos de puericultura, y en el sector de los alimentos se van a desarrollar siete campañas de inspección con alrededor de 1.600 actuaciones.

La atención de las demandas de los consumidores constituye una de las funciones principales del Servicio de Consumo adscrito a Salud y que el pasado año se tramitaron 2.600 consultas telefónicas, incrementadas por la pandemia del Covid 19. En total, el número de quejas y reclamaciones tramitadas por la Junta en 2021, ascendió a 862, la mayoría de ellas relacionadas con los servicios esenciales como electricidad, agua y gas, y las telecomunicaciones, fundamentalmente la telefonía móvil, que constituyen más del 42 por ciento de las mismas.

La delegada se ha referido, igualmente, a las líneas de subvenciones que financian el mantenimiento de las Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora (Omic), así como las Juntas Arbitrales de Consumo y los servicios de las personas que desempeñan la función arbitral de los órganos competentes. En 2021 se ha concedido 85.611euros que han beneficiado a 15 entidades locales y a la Junta Arbitral del Ayuntamiento de Córdoba.

Otra línea de subvención se refiere a las ayudas a asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios para el funcionamiento de la oficina de atención, así como actividades educativas y formativas sobre diferentes ámbitos.

Botella ha informado, igualmente, sobre el asesoramiento a las consultas planteadas por la red de servicios de consumo de Córdoba y provincia, que cuenta con 21 Omic y dos Juntas Arbitrales, así como 34 Puntos de Información al Consumidor (PIC), respecto a la gestión de reclamaciones y denuncias.

Durante este ejercicio se ha colaborado en el diseño de un nuevo servicio que mejora el sistema de catalogación de la información sobre cada Omic, Junta Arbitral, Punto de Información y Servicio Provincial de Consumo, para que cada Administración pueda mostrar los servicios que presta y la forma de acceder a ellos, lo que adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que la pandemia del Covid-19 ha incrementado las consultas no presenciales y uso de la tecnología.

La delegada ha destacado que la Junta está trabajando en el diseño de esta aplicación 'Seromi' que se pondrá en funcionamiento este año a través de la página de información y consultas de 'Consumo responde'.

Campañas de inspección

Respecto a las campañas de inspección, se han llevado a cabo 12 en las que se han visitado 1.509 establecimientos, de los que 285 han presentado irregularidades que han derivado hacia un procedimiento sancionador. Las campañas se refieren al control de productos industriales y de servicios.

Igualmente, Consumo ha efectuado en Redes de Alerta, una serie de actuaciones que suponen 250 Actas de Inspección para la localización en comercios de productos catalogados como peligrosos e inseguros. Como resultado de esta labor, se han destruido 30 unidades y otras 2.224 se han devuelto al fabricante para subsanar las deficiencias.

Los juguetes, aparellaje eléctrico y equipos de protección son los sectores con más productos identificados. El Servicio de Consumo de Salud ha tomado igualmente 68 muestras de las que 34 han resultado positivas, incluyendo diez productos en red de alerta.

La inspección de Consumo comprueba las posibles irregularidades en productos o servicios comunicados a través de Hojas de Reclamaciones, escritos de denuncias o por actas recibidas de otras Administraciones Públicas. En 2021 se han tramitado 76 denuncias, de las que 28 se han remitido a procedimiento sancionador.

Adquisición web o telefónica

La delegada ha destacado que, como consecuencia del incremento de la adquisición de bienes y servicios a través de páginas web o vía telefónica, la Junta ha llevado a cabo una campaña de inspección de contratación a distancia, destinada a comprobar, a través del análisis e inspección de las páginas web, el grado de cumplimiento de la regulación fijada en el Real Decreto Legislativo 1/2007, en lo que se refiere a la información precontractual, incluido el derecho de desistimiento, la factura electrónica, condiciones generales de la contratación, posibles prácticas comerciales desleales y la aplicación de la nueva regulación sobre servicios de atención al cliente vía telefónica.

El Servicio de Consumo de Córdoba ha inspeccionado 57 empresas con venta a través de internet. Las principales infracciones detectadas se refieren a la ausencia del modelo de formulario de desistimiento, la falta de garantía legal de conformidad para los bienes, cláusulas que pueden considerarse abusiva, o ausencia del plazo para ejercer el derecho de desistimiento.

La Junta lleva a cabo igualmente la instrucción de expedientes sancionadores en materia de consumo, seguimiento del pago de las sanciones, emisión de informes preceptivos en vía recuso, tramitación de recursos contenciosos-administrativos o expedientes de devolución de ingresos indebidos.

Facua

Botella ha puesto de manifiesto durante su visita a la sede de Facua Córdoba la “importancia de la labor que desempeña esta asociación como garante de los intereses de los consumidores” y ha resaltado la colaboración entre la Junta de Andalucía y la entidad “para garantizar el respeto a los derechos de las personas consumidoras”.

La delegada ha defendido que el nuevo Gobierno andaluz “cree en el tejido asociativo que protege a los consumidores y usuarios, de ahí las ayudas que destina para el funcionamiento y la prestación de servicios de entidades como Facua”.

Facua Córdoba atendió 1.720 consultas el pasado año, 314 presenciales, 669 telefónicas, 353 por internet, 372 reclamaciones y 12 de oficio y la asociación prestó 1.316 horas de información y asesoramiento.