La Fiscalía estima culpable el concurso del Córdoba CF SAD

Un nuevo actor entra en la batalla judicial del Córdoba CF SAD. Si hace algunas semanas se conocía el informe de calificación del segundo concurso de acreedores del club, una pieza en la que el administrador concursal, Francisco Estepa, calificó la declaración del mismo como “culpable”. Pues bien, ahora es la Fiscalía Provincial de Córdoba la que ha dado la razón a dicho informe. En efecto, en un documento dirigido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, adelantado por Diario Córdoba y al cual ha tenido acceso CORDÓPOLIS, se detalla que “el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, directores generales, y de quienes, dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, hubiera tenido cualquiera de estas condiciones”.

En definitiva, la Fiscalía, en el escrito fechado el 27 de mayo, apunta que, una vez que se ha examinado el citado informe elaborado por la administración concursal, se constata que “al menos de los datos y hechos contenidos en el mismo estima que el Concurso del Córdoba Club de Fútbol SAD, debe ser calificado de culpable en los términos y con la extensión y consecuencias señalados por la administración concursal en su informe y con las consecuencias inherentes a tal declaración”.

Así las cosas, cabe recordar que en el mencionado informe se especifica que la responsabilidad atañe a un total de cinco personas quienes, en su día, tuvieron altos cargos dentro de la entidad, además de estar implicadas otras cuatro sociedades, y que en total se reclaman cerca de siete millones de euros, además de la inhabilitación para “administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona” en diferentes términos para cada uno de los citados. El más perjudicado es, sin duda, Jesús León, nombrado consejero y presidente del Córdoba CF entre el 22 de enero de 2018 y el 9 de noviembre de 2019, para quien se pide “inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona” durante un periodo de 15 años, además de 5,3 millones de euros por “daños y perjuicios”.