Cómo la participación ciudadana ha evitado que la Mezquita de Córdoba sea solo una catedral

Hasta marzo del año 2016, los turistas que entraban a la Mezquita de Córdoba no leían en ningún sitio lo que estaban viendo. El Cabildo de Córdoba, que gestiona el monumento y que lo inmatriculó en 2006, señalaba en todo momento que lo que los turistas veían no era una antigua mezquita sino “la Catedral de Córdoba”. Ese mes, el Cabildo anunció que el complejo milenario cordobés volvería a llamarse Mezquita Catedral. Y no lo hizo por voluntad propia, sino amonestado por la Consejería de Cultura de la Junta, a su vez abrumada por la presión ciudadana. Tres años antes se constituyó en Córdoba la plataforma ciudadana Por una Mezquita Catedral Patrimonio de Todos. La iniciativa, conformada por vecinos de la ciudad, logró un respaldo multitudinario: casi 400.000 personas firmaron en Change.org para “salvar” el nombre de la Mezquita y lograr una gestión pública del monumento.

Este lunes, la plataforma ciudadana ha participado en un encuentro virtual organizado por Icomos, uno de los órganos asesores del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, en la que ha relatado cómo desde la participación social se puede proteger algo tan importante como un monumento universal. La plataforma, que mantiene su lucha, logró elevar el debate sobre la gestión del monumento a nivel internacional, con portadas en el New York Times, y convirtió a la Mezquita de Córdoba en el símbolo del escándalo nacional sobre las inmatriculaciones que llevó a cabo la Iglesia Católica tras la modificación de un artículo de la Ley Hipotecaria ejecutado por el Gobierno de José María Aznar.

La Mezquita Catedral sigue estando inmatriculada por la Iglesia. El Cabildo mantiene su gestión, aunque ha tenido que cambiar un discurso sobre la interpretación del monumento en el que le había cambiado el nombre. Desde la inmatriculación, los propios folletos turísticos que se repartían a la entrada o se descargaban en la web habían ido cambiando. El nombre Mezquita Catedral que encabezaba el folleto en los años noventa se había ido perdiendo año a año, hasta quedar reducido a “intervención islámica” y “antigua mezquita aljama”, mientras el 90% del mismo se dedicaba a la intervención cristiana. Incluso, el obispo mantiene que la Mezquita de Córdoba no es más que arte bizantino y un aprovechamiento de la arquitectura romana, según expuso uno de los miembros de la plataforma, David Luna.

El propio Luna detallaba que ésta (la recuperación del nombre original) es una de las dos victorias de la presión social en defensa del patrimonio. La anterior ocurrió un año antes. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la derogación del artículo de la Ley Hipotecaria que permitía a los obispos inmatricular propiedades como si fueran registradores de la propiedad. Fue una ley de punto y final, ya que las inmatriculaciones que se llevaron hasta entonces no fueron anuladas.

“Nos habría gustado haber desaparecido y no tener que hacer falta”, detallaba durante la conferencia Marta Jiménez, también de la plataforma cordobesa. Pero a pesar de los triunfos en defensa del patrimonio y de la Mezquita Catedral de Córdoba, el Gobierno “ha dejado en manos de los particulares” la reclamación de “bienes públicos”, lamentaba David Luna, por un lado. “Un monumento como la Mezquita Catedral de Córdoba sigue careciendo de un plan director”, denunciaba Jiménez, por otra parte.

La ausencia de un plan director en el monumento de la Mezquita Catedral ha permitido intervenciones en el monumento anuladas ya por dos jueces, para la apertura de una puerta en la fachada norte del monumento con la que facilitar la entrada y salida de procesiones durante la Semana Santa. La obra fue autorizada por la Junta “con un informe en contra del Icomos”, recordó Jiménez. “Queremos que se apruebe ese plan director y que ”este colectivo pueda tener voz“ en él, como plantea la ley, que se abran estas iniciativas a la participación ciudadana.

“Entendemos que los valores defendidos por la Unesco” cuando se declaró a la Mezquita Patrimonio Mundial en 1984 “están siendo vulnerados”, insistió David Luna. Entre ellos, el uso y la gestión del monumento, donde se sigue ensalzando la parte cristiana y se denigra la intervención islámica, expusieron, como declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ha llegado a decir que “los bizantinos hicieron la obra” y “los musulmanes pusieron el dinero”.

Hoy, el debate está en el origen del propio monumento, con el Cabildo buscando los restos de una antigua iglesia sobre la que, a su juicio, se construyó la Mezquita. Para ello se ha reexcavado, sin éxito, el Patio de los Naranjos de la Mezquita, donde se han encontrado restos pero ninguno evidencia una iglesia previa.

“Nuestro papel es vigilante y activista, pero por encima de todo ciudadano. Hemos venido observando una gestión que persigue amputar la seña de identidad del edificio”, expuso Marta Jiménez. “Tenemos un rol de vigilancia, tutela y denuncia. Nuestro papel ha sido evidenciar lo que estaba sucediendo y llevarlo al debate público”, concluyó David Luna.

La Plataforma Mezquita Catedral ha sido uno de los cuatro ponentes invitados por Icomos España al coloquio digital, en esta ocasión centrado en la “Dimensión social del Patrimonio Mundial”, donde se ha examinado el papel de los ciudadanos y los agentes locales en la gestión del legado cultural reconocido por la Unesco en todo el mundo. En el foro han participado ponentes de Perú, Baleares y Barcelona, y ha contado con un centenar de seguidores y especialistas de España y Latinoamérica.