El Juzgado archiva la denuncia contra los trabajadores de Hitachi

El Juzgado de Instrucción que debía dirimir sobre la denuncia presentada por Hitachi Energy por el supuesto encierro que protagonizaron cientos de trabajadores y trabajadoras de la fábrica el pasado 19 de noviembre, ha dictado el archivo del procedimiento “al no haber quedado justificada la perpetración del hecho punible”, según ha informado CCOO a través de una nota de prensa.

El pasado 19 de noviembre, cientos de trabajadores y trabajadoras de Hitachi Energy se reunieron en el interior de la fábrica después de conocer las sanciones impuestas al presidente y el secretario del Comité de Empresa para determinar las acciones a realizar en respuesta a dichas sanciones. La empresa llamó entonces a la Policía Nacional para denunciar la ocupación de la planta de producción.

El auto del Juzgado insiste en que “no es un delito que los trabajadores no abandonen la empresa como protesta; de hecho, la huelga es un derecho legal y no abandonar el trabajo de forma pacífica es parte de ese derecho”. Si bien el auto reconoce que permanecer de forma indebida o impedir el paso a otros trabajadores “podría ser ilegal”, en “el caso de autos, no vislumbrándose ningún tipo de actitud violenta, tal y como hace constar la Policía Nacional en su atestado (…) no se evidencian indicios de responsabilidad criminal”.

Este auto se une al expediente sancionador de la Inspección de Trabajo que impone una multa de 8.000 euros a la empresa por negar el acceso del secretario General de CCOO de Córdoba a las instalaciones de la empresa en calidad de asesor del Comité de Empresa. La Inspección de Trabajo entiende que se han vulnerado los derechos de representación de los trabajadores y por ello sanciona a la empresa.

Esta no es la única sanción que le ha sido notificada a la empresa en los últimos días, según informa CCOO. La Inspección de Trabajo también ha sancionado a Hitachi Energy por el cierre de sus instalaciones sin la debida justificación. De hecho, en el expediente de sanción la empresa reconoce que “los trabajadores no tuvieron responsabilidad alguna” en dicho cierre, por lo que las sanciones resultan aún más incomprensibles.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, y el presidente del Comité de Empresa, Álvaro García Leiva, han mostrado su satisfacción por que “tanto los Juzgados como la Inspección de Trabajo estén reconociendo que las actuaciones del comité y de la plantilla se han ajustado a derecho y que no han cometido ningún delito ni ninguna falta”, dijo Jiménez.

Por su parte, García Leiva apuntó que “si el Juzgado considera que no se produjo ningún hecho que pudiera ser constitutivo de delito, la empresa debería reconocer de una vez por todas que las sanciones son injustas y no están justificadas y debería retirarlas de inmediato para devolver la tan cacareada paz social a la fábrica”.

La retirada de las sanciones es una de las cuestiones que empujan al comité de empresa a retomar el calendario de huelga. “Nosotros estamos dispuestos a suspender la huelga, pero, para ello, la empresa tiene que dar señales de buena voluntad retirando las sanciones. No nos podemos sentar a negociar con más de la mitad del comité de negociación sancionado con hasta 120 días de empleo y sueldo”, recalcó García Leiva.

Por otra parte, CCOO lamentó que “UGT se haya convertido en la vocera de la dirección de la empresa y tendrá que dar muchas explicaciones sobre cómo tiene en su poder un acta de sanción que no le ha sido comunicada por ninguna vía oficial. La única respuesta es que se la ha pasado la empresa, a la que le interesa ocultar que la han sancionado por sus actuación el 19 de noviembre pasado”, señaló Agustín Jiménez quien insiste en la “firme determinación de CCOO de llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes y basado en el respeto mutuo”, pero “para eso, la empresa debe dejar de enfangar y crear malestar entre la plantilla a través de UGT, que con sus actuaciones hace un flaco favor al entendimiento y sí mucho daño a las personas a las que debería estar defendiendo: los trabajadores y trabajadoras”.