La Justicia decidirá si continúa la ejecución hipotecaria de Toñi Morales, afectada por un préstamo abusivo

Toñi Morales, una trabajadora jubilada de 67 años y activista de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba desde hace más de una década, ha asistido este lunes a la vista que la ejecución hipotecaria que el fondo buitre Promontoria Lezama por impago del alquiler. Durante la sesión en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba, su abogado se ha puesto a la ejecución alegando que se trata de una cosa juzgada dado que un juzgado de lo Mercantil de la capital ya decretó en 2018 que el contrato estaba “plagado” de cláusulas abusivas.

Minutos antes de la celebración de la vista, Toñi ha contado su caso arropada por los miembros de la plataforma. El crédito hipotecario estaba “plagado de cláusulas abusivas”. Tras conseguir una sentencia a su favor en 2018 que declaró el préstamo como improcedente, el banco “vendió la deuda a fondos, una práctica común entre las entidades financieras”.

El fondo Promontoria Lezama es el actual propietario del crédito. Blázquez ha explicado que “Promontoria Lezama opera bajo la órbita de un fondo mayor llamado Cerberus”, el cual está “controlado, pues por la gente más poderosa del mundo, incluyendo personas vinculadas al entorno del gobierno de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump”.

Sobre la cantidad que Toñi adeuda, ni en sala ni en las declaraciones se ha dado a conocer. La abogada del fondo buitre sí ha establecido que el impago es de “185 cuotas”, pero tampco ha especificado las cantidades. En base a ello, el portavoz de la plataforma ha explicado que “el fondo buitre ni siquiera puede estimar claramente cuál es la deuda. Si esta no puede ser cuantificada de forma precisa, no puede ser reclamada. La expectativa tanto de la plataforma como de Toñi es que la jueza estime que el procedimiento no es procedente porque la cuestión ya fue juzgada, y que el préstamo sobre el que se basa la ejecución es improcedente.

Oposición a la ejecución hipoteca

El abogado de Toñi Morales ha comenzado la vista señalando que se ratificaba íntegramente en su escrito de conclusiones. Ha recordado que las causas de oposición presentadas -“cosa juzgada, existencia de cláusulas abusivas de carácter ejecutivo y falta de legitimación activa del fondo”- ya habían sido objeto de valoración judicial en un procedimiento ordinario previo. En aquel proceso, el banco no recurrió, adquiriendo firmeza la sentencia.

El letrado ha subrayado que dicha sentencia declaró la improcedencia del préstamo y, por tanto, resulta plenamente vinculante en este procedimiento de ejecución. Además, ha afirmado “que no puede pretenderse una nueva ejecución hipotecaria basada en un crédito que ya fue objeto de enjuiciamiento y resolución firme”, pues ello supondría volver a juzgar la misma cuestión.

Por su parte, la abogada de Promotoria Lezama, en relación con la alegación de cosa juzgada, afirmó que el procedimiento previo ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba se refería “exclusivamente al préstamo inicial suscrito entre la demandada y el banco”, pero que aquella resolución, “aunque declara la nulidad de determinadas cláusulas del contrato, no acuerda la cancelación ni la nulidad total del préstamo, por lo que no tendría efectos sobre la presente ejecución”. A su juicio, este procedimiento se circunscribe “únicamente a la ejecución hipotecaria, y solo podrían valorarse las cláusulas directamente relacionadas con dicha ejecución”.

La letrada ha sostenido, además, que su mandante “no participó en el momento inicial de constitución del préstamo, y que en esta ejecución no se han ampliado reclamaciones relativas a intereses de demora, cláusula suelo o gastos, sino únicamente las cuotas impagadas, junto con los intereses de demora legalmente exigibles”. Finalmente, respecto a la falta de legitimación activa, ha afirmado que esta cuestión ya ha sido analizada previamente por el juzgado, y que la titularidad del crédito se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Córdoba, por lo que el fondo estaría legitimado para reclamar las 185 cuotas impagadas

El origen del crédito

Toñi, que vive en el Sector Sur ha relatado que su necesidad de buscar una vivienda y pedir el crédito surgió alrededor de 2007 o 2008 tras un divorcio “traumático”, pues tuvo que vender su vivienda anterior para repartir los bienes. En ese momento, no estaba trabajando. Buscó ayuda en una empleada de banca que conocía. Toñi le comentó que quería buscar una vivienda para ella y sus hijos. La empleada, “supuestamente amiga”, le dijo que no se preocupara y que le ayudaría.

Esta mujer ha revelado que, para conseguir la hipoteca, esta empleada “me hizo un papel falso” en el que se declaraba que “yo trabajaba en su casa, lo cual no era cierto. La dirigió a otro banco donde la directora era amiga suya, asegurándole que me darían la hipoteca y que todo estaría bien”. Mientras Toñi tuvo el dinero de la venta de su anterior casa, estuvo pagando. “En el momento que se acabó, no pude”. Posteriormente, intentó llevar dinero directamente al director del banco, quien le daba un “papelito de recibo”. No obstante, ella afirma que “ese dinero había desaparecido” y no apareció en ninguna cuenta ni se descontó de la deuda.

Tras su divorcio, consiguió un empleo en una residencia y posteriormente ha estado trabajando en la ayuda a domicilio hasta que se jubiló.

Desaparición de la cuenta

Tras la sentencia de 2018 que declaró el crédito improcedente, Toñi acudió al banco con el fallo. Allí le informaron que la cuenta “había desaparecido” y que su deuda se había vendido a un fondo, pero no pudieron decirle “ni dónde ni cómo”. Durante al menos tres años, nadie se puso en contacto con ella. Luego, ha asegurado, comenzaron a llegarle cartas y llamadas telefónicas amenazantes. La mujer ha explicado que hasta fue “a Madrid” para hablar con este fondo, “pero fue imposible; aquello estaba acorazado”.

La plataforma confía en que el auto sea favorable a los planteamientos de Toñi. Si, por el contrario, el fallo judicial favoreciese al fondo buitre, el siguiente paso sería solicitar medidas de protección, como un alquiler social. No obstante, el objetivo primordial es que no tengan que llegar a ese punto.