Indemnización de 240.000 euros para el trabajador del Ayuntamiento de Posadas que sufrió acoso laboral

El Ayuntamiento de Posadas deberá indemnizar al extécnico de Cultura que sufre una incapacidad absoluta después de haber sufrido acoso laboral en el Consistorio. Los hechos se remontan a junio de 2015, una década durante la cual se han producido diferentes resoluciones judiciales sobre la responsabilidad o no que el Ayuntamiento ha tenido en este caso. En una sentencia a la que ha accedido este periódico, la plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Consistorio al pago de 241.102 euros tras quedar acreditado el grave acoso laboral y el incumplimiento reiterado de las normas de prevención de riesgos que derivaron en la incapacidad permanente absoluta del trabajador.

Según los hechos probados de la sentencia, la pesadilla del trabajador se remonta a junio de 2015. Fue a partir de esa fecha cuando el Ayuntamiento le aplicó una modificación sustancial de sus condiciones laborales, lo que le llevó a darse de baja en abril de 2016 por un trastorno de adaptación con humor deprimido derivado de accidente de trabajo. A pesar de que en julio de 2017 un acuerdo judicial -ratificado por el Pleno del Ayuntamiento- obligaba a restituirle en sus condiciones laborales, salarios y funciones tras reconocerse esta modificación sustancial ilegal, la realidad tras su reincorporación en octubre de 2017 fue de total aislamiento.

De este modo, ha quedado acreditado que, a su regreso, el Consistorio no le proporcionó los medios de trabajo adecuados, negándole el acceso al equipo informático y dejándole sin mesa propia, teniendo que trabajar en la de reuniones. Su puesto carecía de rótulo de técnico en su puerta, sus compañeros le negaban la palabra y los superiores le remitían las instrucciones laborales mediante mensajes de WhatsApp. Según la sentencia, el Ayuntamiento ignoró de forma sistemática los requerimientos de la Inspección de Trabajo para subsanar las deficiencias de seguridad e higiene y tardó meses en realizarle un reconocimiento médico, pese a sus reiteradas protestas.

En mayo de 2018, la insostenible situación obligó al trabajador a solicitar nuevamente la baja. Las secuelas psicológicas sufridas -un cuadro severo de depresión mayor crónica, ansiedad generalizada, fobia específica y agorafobia que le impide salir de su domicilio y mantener interacción social- llevaron a la Justicia a declararle en incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Previamente, tanto el INSS como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya habían ratificado un recargo de prestaciones del 50% a cargo de las arcas municipales por falta de medidas de seguridad.

Con esta sentencia, el magistrado ha rechazado la excepción de prescripción planteada por la defensa del Consistorio y ha aplicado el baremo de accidentes para calcular la compensación económica total. De la cifra global, la aseguradora del Ayuntamiento ya ha consignado y abonado al demandante la suma de 90.000 euros. La cantidad restante deberá ser asumida por la corporación municipal, junto con los intereses legales devengados.