La Fiscalía archiva la investigación sobre la compra de 8.000 test de covid por Sadeco

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba ha archivado las diligencias de investigación sobre la contratación por parte de la empresa municipal Sadeco de un servicio para realizar 8.000 test de Covid a sus empleados durante la pandemia.

En la providencia, facilitada a este periódico, el Ministerio Fiscal indica que no se ha apreciado ni detectado ningún tipo de irregularidad o infracción legal en la tramitación administrativa, ni la comisión de ningún posible ilícito penal ni por parte de las autoridades ni de los empleados públicos. 

Asimismo, estima que Sadeco cumplimentó una tramitación muy superior al procedimiento, requisitos y formalidades mínimas exigidas en la propia ley de contratos, así como que Sadeco y el Ayuntamiento actuaron con la “máxima eficacia y rapidez”. 

El Ministerio Fiscal abrió diligencias de investigación el 12 de junio por estos hechos, a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE, al apreciar “indicios de presuntas irregularidades detectadas en el expediente”. El Fiscal apunta ahora en su escrito que el Ayuntamiento ha respondido a todas las solicitudes de información y da por cerrado el caso.

“Un bofetón jurídico para Hurtado”

Una vez notificado a las partes, el portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha convocado una rueda de prensa de urgencia para comunicar la decisión. En ella, ha destacado que la Fiscalía ha concluido que la tramitación de la compra de los test no solo cumplió con todos los requisitos legales, sino que se realizó con una “tramitación muy superior al procedimiento requerido” por la ley de contratos del sector público en situaciones de emergencia.

A su juicio, la decisión de la Fiscalía representa un “bofetón jurídico” para Hurtado, ya que que esta es la tercera denuncia del portavoz socialista que es archivada en poco tiempo. Torrico ha criticado al portavoz socialista por “basar su oposición en denuncias sin fundamento” en lugar de ofrecer alternativas a los problemas de los cordobeses. “Creemos que esa forma de proceder no cabe en un ayuntamiento y con el servicio que tenemos que hacer a los cordobeses,” afirmó Torrico, sugiriendo que Hurtado debería dimitir como portavoz socialista.

Hurtado defiende la labor de fiscalización del PSOE

Por su parte, Antonio Hurtado ha defendido la actuación de su partido y la responsabilidad del PSOE de poner en conocimiento de la Justicia posibles irregularidades en la gestión del gobierno municipal.

Hurtado ha sostenido que, en el caso de la compra de 8.000 test rápidos, se detectó que los test se adquirieron a un precio cuatro veces superior al pagado por otras ciudades. Además, ha mencionado que, en el caso de un fraccionamiento de contrato, la irregularidad fue señalada por un técnico de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

Aunque la Fiscalía ha archivado las denuncias, Hurtado expresó su respeto por la decisión judicial y reafirmó el compromiso del PSOE de continuar con su labor de control y fiscalización. “Nuestra obligación y responsabilidad es poner en conocimiento de la Justicia donde pueda haber, a nuestro entender, indicios de ilegalidad,” ha afirmado, advirtiendo de que va a seguir “actuando como nos corresponde, controlando y fiscalizando la acción de Gobierno y poniendo en conocimiento de la Justicia aquellas resoluciones que nos puedan parecer no ajustadas a derecho.”