Fernando Sobrón: “Espero que las acusaciones populares sirvan para mejorar la investigación del accidente de Adamuz”

Fernando Ostos Sobrón (Córdoba, 1963) inicia una nueva etapa al frente de la Fiscalía Provincial de Córdoba con la experiencia que otorgan sus años de gestión y la energía de quien, asegura, tiene proyectos por culminar. Tras renovar su cargo como fiscal jefe de Córdoba, puesto al que llegó en 2021, atiende individualmente casi una decena de medios de comunicación en una jornada maratoniana.

Con un plan “minucioso y ambicioso” bajo el brazo, según la Fiscalía General del Estado, en la siguiente entrevista, Sobrón radiografía la provincia de Córdoba en la que la justicia se mueve entre la delincuencia tradicional y los nuevos desafíos digitales. Además, advierte que el fenómeno del parcelismo, lejos de frenarse, sigue ganando terreno en el mapa cordobés. Y aborda, aunque sucintamente, la tragedia de Adamuz en una defensa por que las víctimas no se enteren del avance de la causa por los medios de comunicación y sí por las instancias judiciales. Insiste en que la justicia no puede perder de vista a la víctima.

PREGUNTA (P). Después de este primer mandato que inició en 2021, ¿de qué logro se siente más satisfecho?

RESPUESTA (R). Más que de logros, prefiero hablar de objetivos. La Fiscalía es un grupo de trabajo donde el trabajo de uno vincula al del otro. Mi función como fiscal jefe es coordinar y dirigir a los 37 fiscales que forman la plantilla. He pretendido que haya una buena relación y armonía entre los compañeros para que el trabajo redunde en beneficio de la sociedad. Hemos dedicado tiempo a todas las especialidades, pero hemos potenciado especialmente áreas como Violencia y Delitos Económicos. De hecho, se va a proponer dividir la sección de delitos económicos para separar lo que son delitos propiamente dichos de los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. También se ha potenciado la sección de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente**. La especialización es un criterio que la Fiscalía General impulsa desde hace años porque es fundamental en temas complejos, como el urbanismo. No todos podemos saber de todo y nos beneficiamos de los compañeros más preparados en esas materias.

P. ¿Por qué ha decidido renovar en el cargo?

R. En los primeros cinco años llegas con mucha ilusión e ímpetu, pero luego te das cuenta de lo que puedes y no puedes hacer. Ahora que ya tengo la formación y la experiencia de saber cómo funciona todo, sigo teniendo ilusión y ganas. No es por orgullo personal, ya estoy en la última parte de mi carrera profesional, pero creo que puedo hacer una buena labor aquí.

P. ¿Echa de menos ir a juicio?

R. Quizás eso sea lo que más echo de menos. Me gusta mucho ir, y trato de hacerlo en verano cuando hay bajas o si hace falta, aunque a veces me surgen gestiones de última hora como fiscal jefe que me lo impiden.

P. La Fiscalía General del Estado ha calificado su nuevo plan para Córdoba como “minucioso y ambicioso”. ¿Qué pilares destacaría?

R. Va en la línea de lo que te he comentado antes: creación de grupos, impulso de las especialidades y, muy importante, la protección de las víctimas. He intentado mejorar la coordinación en materias que están muy relacionadas, como civil, menores y violencia, porque a menudo un mismo caso tiene aspectos penales y civiles, como la custodia de unos niños en un asunto de violencia sobre la mujer.

P. Siempre se dice que a la Justicia le hacen falta medios. ¿Está contento con el número de profesionales que integran su plantilla?

R. Nuestras funciones son infinitas y la sociedad cada vez nos pide más, por lo que siempre harán falta medios proporcionales. Intento ser objetivo en mis informes; no pido fiscales por pedir, sino basándome en el incremento de trabajo, la población de Córdoba y el número de asuntos. En casos como la tragedia de Adamuz, la Fiscalía General y la Superior fueron sensibles y se facilitó un fiscal de refuerzo de forma casi inmediata.

P. ¿Cuáles son los delitos más comunes en la provincia actualmente?

R. Por volumen, los más frecuentes son los delitos patrimoniales (robos, hurtos) y los delitos contra las personas. Dentro de estos, las estafas han subido muchísimo debido a las nuevas formas de comisión. Sin embargo, los que más trabajo dan, por su complejidad, son los delitos económicos y los cometidos por funcionarios públicos. También nos preocupan especialmente los delitos contra la libertad sexual y todos aquellos que afectan a víctimas vulnerables.

P. En la última memoria conocida de la Fiscalía Provincial de Córdoba, de 2023, ya se alertaba del aumento del parcelismo. Aún no hay datos del último informe, pero, ¿cuál es la realidad ahora?

R. El fenómeno no solo no remite, sino que ha aumentado en la provincia. Nosotros vamos a seguir en la misma línea: todo el mundo debe saber que para construir se necesita una autorización y esta solo se concede si la obra está dentro de la ordenación. Aunque no toda construcción irregular se convierte automáticamente en delito, cuando estimamos que hay indicios y el tribunal condena, las sentencias llevan aparejada la demolición de lo construido. La Fiscalía la pide y los jueces la están acordando. Es algo que los ciudadanos ya saben, también, a través vuestra, la de los medios de comunicación.

P. Las defensas suelen alegar diversos motivos para evitar estas demoliciones.

R. Es el derecho y la obligación de las defensas utilizar todos los argumentos legales para evitar la condena o reducirla

P. ¿Hay zonas concretas de la provincia donde este incremento sea más preocupante?

R. No quiero señalar ningún lugar en concreto, pero conocemos perfectamente que existe un incremento año tras año increíble de construcciones fuera de ordenación. Lo que hay que transmitir es que esto nos afecta a todos. Quien construye fuera de ordenación luego pretende que se lleven servicios públicos hasta su puerta, y eso lo tienen que pagar el resto de ciudadanos con sus impuestos, incluso aquellos que viven en un piso de 50 metros cuadrados que les ha costado mucho dinero y por el que pagan sus tributos. No es un capricho de la Fiscalía; estamos defendiendo algo muy importante. Además, es especialmente grave cuando se construye en lugares protegidos, en zonas con peligro de incendio o en áreas inundables, lo cual supone un riesgo incluso para los propios habitantes. Los tribunales y el Tribunal Supremo hace tiempo que unificaron criterio en relación con la demolición.

P. Hablemos de la tragedia de Adamuz. Más allá de lo penal, ¿cómo se acompaña a las familias ante un proceso que se antoja lento?

R. Estamos comprometidos con una investigación completa y en el menor tiempo posible, aunque intervienen muchas instituciones y peritos. Lo más importante para la tranquilidad de las víctimas es que tengan información y que las decisiones que tomemos estén bien fundadas. Solo así se da tranquilidad a las familias. Estamos coordinados con la Fiscalía de Huelva, ya que muchas víctimas eran de allí, y estamos abiertos a recibir a asociaciones de víctimas si es necesario.

P. ¿Qué papel cree que pueden jugar las acusaciones populares en este proceso?

R. El papel que ellas quieran jugar. Yo no puedo decirles qué hacer; está en lo que ellos estimen que pueden aportar. Espero que su personación en la causa sirva para mejorar la investigación. Todo lo que suponga una ayuda para el proceso me parece fantástico.

P. ¿Está echando en falta ayuda en estos momentos?

R. Por ahora, a los tres fiscales les está dando tiempo a conocer bien la documentación que se está recibiendo. Ya veremos más adelante si hace falta más ayuda, reforzar el equipo o tomar otras medidas; si es necesario, se hará.

P. ¿Qué puntos pueden resultar los más complicados en el procedimiento: la dificultad técnica o la magnitud del caso?

R. Es que todo va unido; la magnitud y la técnica son inseparables. Sin embargo, el gran problema que podemos tener los fiscales es que no somos expertos en muchas de las cuestiones que se investigan. Por ello, dependemos de los informes técnicos que nos den luz sobre el tema. Mi intención es tratar de que esa luz sea clara y que esos informes sean comprensibles tanto para nosotros como para todas las partes implicadas.

P. ¿Se han designado ya los tres peritos que la jueza había solicitado?

R. Todavía nos, pero el juzgado está en ello.

P. ¿Quiere jubilarse en el cargo?

R. Por razones administrativas podría jubilarme ya, y en mi pensamiento actual hay pocas probabilidades de renovar dentro de cinco años. Hay gente muy preparada que puede asumir el cargo.

P. ¿Y dar el salto a la política?

R. No. Aunque uno nunca puede decir “no” de forma absoluta, lo cierto es que jamás me han ofrecido un cargo en política y es algo que ni siquiera me he planteado. Le digo que no, e incluso si me nombraran presidente del Gobierno, le aseguro que tampoco cogería ese cargo; simplemente no está en mi pensamiento. Ahora bien, existen muchos tipos de cargos. Si me ofrecieran un cargo técnico que me permitiera mantener mi perfil profesional de independencia, podría decir “¿por qué no?”. Pero cuando hablamos de política de primera línea, como presentarse a unas elecciones generales no me veo en absoluto. Y no es por falta de respeto, al contrario, respeto muchísimo la labor de los políticos porque considero que su trabajo es muy difícil y contentar a todo el mundo es complicadísimo. Yo he dedicado toda mi vida a otro tipo de trabajo y dar ese paso sería muy complejo; tengo el máximo respeto por quienes se dedican a administrar y coordinar a los ciudadanos.