El CGPJ desmantela el juzgado cordobés que se encargaba de las cláusulas suelo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado prorrogar a partir del próximo 1 de enero el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas, en unos casos por seis meses y en otros por un año, en 24 órganos judiciales y ha decidido su finalización en otros 20, dada la positiva evolución experimentada por esos juzgados tanto en lo que respecta al número de asuntos pendientes como a su capacidad de resolución. Entre ellos está el juzgado especial que se habilitó en Córdoba, en la Ciudad de la Justicia.

El plan de especialización en cláusulas abusivas fue puesto en marcha por el CGPJ el 1 de junio de 2017 y, desde esa fecha hasta este jueves, se ha venido prorrogando de forma continuada, en el modo y por el tiempo estimado necesario para cada órgano judicial.

Este plan consiste en la especialización de determinados juzgados de primera instancia para la atribución, en el ámbito territorial que se establezca en cada caso, del conocimiento de los asuntos relativos a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En la actualidad, son 44 los órganos judiciales que se encargan de la tramitación de este tipo de asuntos. Tras cuatro años de aplicación del plan de especialización, se ha conseguido reducir notablemente la bolsa de asuntos pendientes en muchos de esos juzgados, un hecho que pone de manifiesto la eficacia de esta medida. Asimismo, se ha conseguido la homogeneización de criterios en la materia, circunstancia que ha ido en beneficio del principio de seguridad jurídica.

El plan se da por concluido en 20 juzgados

A propuesta de la Sección de Planta y Oficina Judicial, y de acuerdo con el criterio expresado por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, la Comisión Permanente ha acordado dar por finalizado el plan de especialización en los Juzgados designados para ello en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Las Palmas -órganos judiciales de Arrecife, Las Palmas y Puerto del Rosario-, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Zamora, Girona, Lleida, Tarragona, A Coruña y Pontevedra; así como en el especializado en la isla de Ibiza.

Respecto de todos ellos, la Comisión Permanente considera necesario mantener las medidas de apoyo vigentes respecto de jueces y magistrados, letrados de la administración de Justicia y personal al servicio de la administración de Justicia; así como eximirlos de forma temporal (total o parcial) del reparto de asuntos de naturaleza civil por períodos de tres o seis meses que podrán prorrogarse, en su caso, según determine la Sala de Gobierno correspondiente, previa audiencia de la Junta de jueces de Primera Instancia.

Asimismo, dichos juzgados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos en materia de cláusulas abusivas hasta su definitiva conclusión.

Criterios para la prórroga

En otros 24 órganos judiciales, por el contrario, se ha acordado la continuación del plan de especialización en los siguientes términos:

-      Con carácter exclusivo y excluyente para la anualidad 2022 en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, San Cristóbal de La Laguna para la isla de Tenerife, León, Valladolid, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Bilbao y Murcia.

-      Con carácter exclusivo y excluyente durante seis meses (hasta el 30 de junio de 2022) en las provincias de Oviedo, Santander, Ciudad Real, Toledo, Burgos, Castellón, Pamplona, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián.

-      La especialización se prorrogará durante un periodo de seis meses (hasta el 30 de junio de 2022) con carácter exclusivo, pero no excluyente en materia civil, en la forma que determine la correspondiente Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura en las provincias de Cáceres y Mérida.

La decisión de prorrogar el plan de especialización se ha adoptado de acuerdo con dos criterios objetivos: una entrada de nuevos asuntos superior a 2.000 en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 20 de septiembre de 2021; y una pendencia superior a 1.500 asuntos en el último trimestre (desde el 30 de septiembre de 2021).