El aumento de denuncias por violencia machista lleva a la Audiencia a plantear un segundo juzgado en la capital de Córdoba

Las mujeres en Córdoba, ya sea de nacionalidad española o extranjera, denuncian cada vez más a sus agresores. Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dada a conocer este jueves por el presidente de la Audiencia Provincial -Francisco de Paula Sánchez Zamorano-, el número de asuntos penales que registraron los juzgados dedicados a violencia sobre la mujer fue, en 2023, de 3.604. Esta cifra supuso un ligero ascenso con respecto a 2022. En vistas a este incremento sucesivo, Sánchez Zamorano ha asegurado que planteará la creación de un nuevo juzgado en la capital que pueda llevar asuntos de la provincia, ayudándoles así a su descongestión.

De los 3.604 asuntos registrados durante el pasado año, 2.203 pertenecieron a la capital -es decir, a un único juzgado- y 1.401, a la provincia. Así, en 2023 hubo 2.844 denuncias y en el 2% de ellas, la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. El presidente de la Audiencia ha asegurado que esta cifra es inferior a la registrada en 2022, cuando 113 mujeres se negaron a declarar frente a las 70 de 2023.

Para Sánchez Zamorano, que el juzgado exclusivo de la capital haya registrado 2.203 procedimientos es “una carga excesiva”, ya que el límite contemplado por el Consejo General del Poder Judicial habla de 1.600 procedimientos.

Por ello, la propuesta con la que trabajará será la creación de un nuevo jugado en la capital y que tanto a ese como al ya existente “se le doten de compentencias provinciales”. Esto supondrá, a su juicio, descargar de trabajo de esta materia a juzgados como Posadas, Montoro, Montilla y Aguilar de la Frontera. Haciendo esto, estas salas “funcionarían mejor, ya que en el caso de los dos primeros están muy sobrepasadas. Quitarles asuntos de violencia de género sería eliminarles” mucho trabajo y no supondría “un alejamiento del ciudadano con respecto a la justicia”.

Por otro lado, durante el pasado ejercicio, se incoaron 461 órdenes de protección frente a las 418 de 2022. De estas, se adoptaron 398, es decir, el 86%. Asimismo, se han dictado 60 sentencias penales condenatorias, el 67% del total de las sentencias. Este porcentaje es sensiblemente inferior al de 2023, cuando hubo 81% de sentencias condenatorias.