Más de medio centenar de investigados por mutilar orejas y rabos a 1.111 perros

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Raviches-Severed Ear', ha investigado a 58 propietarios de rehalas de perros por haber mutilado ilegalmente a 1.111 perros a los que les cortaron las orejas y los rabos en Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba y Sevilla. La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil del Destacamento de Sierra Nevada de Granada y de Cazalla de la Sierra de Sevilla. De esos 58 investigados, quince han sido en la provincia de Granada, 18 en la de Jaén, doce en la de Sevilla, seis en Córdoba, cuatro en Almería y tres en Málaga.

En la operación ha sido detenido un veterinario de Úbeda (Jaén) como presunto autor de un delito continuado de falsedad documental y otro relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos por maltrato animal. El detenido daba cobertura legal a las mutilaciones que realizaban los rehaleros anotando en las cartillas sanitarias de los animales 'Corte de orejas y rabo por funcionalidad bajo anestesia', sin haber visto a ninguno de estos perros y sin aportar el informe que justificara tales mutilaciones, ha relatado el Instituto Armado en una nota de prensa este lunes.

La investigación comenzó hace un año, cuando el Seprona realizó dos inspecciones a una rehala de perros en las localidades granadinas de Picena y Domingo Pérez. Los agentes encontraron a 26 perros con el rabo y las orejas cortadas y en sus cartillas sanitarias aparecía la anotación “Corte de orejas y rabo por funcionalidad bajo anestesia”. Estas anotaciones estaban firmadas y selladas por un veterinario de Úbeda sin que apareciera ningún otro documento especificando las causas veterinarias para esas operaciones quirúrgicas.

A su vez, otra patrulla del Seprona de la localidad sevillana de Cazalla de Sierra encontró varias rehalas de perros con los mismos cortes de rabo y orejas. En este caso, los agentes sospecharon porque los perros eran cachorros y la fecha de intervención que figuraba en sus cartillas estaba muy alejada en el tiempo, siendo incompatibles las lesiones que presentaban ya que se veían muy recientes.

Las patrullas del Seprona de Granada y de Sevilla decidieron coordinar esfuerzos y mientras la patrulla granadina inspeccionó la zona oriental de Andalucía, la sevillana inspeccionó la occidental. En total, se han inspeccionado más de 2.000 perros y se han descubierto 1.111 presuntamente mutilados ilegalmente por sus propietarios. Por ello, se ha investigado a 58 personas como presuntas autoras de los delitos continuados de maltrato animal, de falsedad documental y de intrusismo profesional.

Entre las irregularidades detectadas por el Seprona destacan las incoherencias reflejadas en las cartillas sanitarias, concretamente en las fechas de las intervenciones quirúrgicas de algunos canes, reflejando datos que no correspondían con la realidad. Además, tras inspeccionar la clínica veterinaria, los agentes han constatado que las instalaciones no estaban preparadas para realizar este tipo de intervenciones con unas mínimas garantías.

El corte de orejas y rabos en perros de rehala era una práctica tradicional por los mismos propietarios para evitar que las zarzas u otros arbustos dañaran a los animales durante la caza. Pero dicha práctica quirúrgica quedó “totalmente prohibida” desde el 1 de febrero de 2018, cuando entró en vigor en España la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre protección de animales de compañía.

Están “terminantemente prohibidas” las mutilaciones de animales realizadas por motivos estéticos o sin utilidad alguna. La amputación de cualquier miembro o apéndice del animal debe estar debidamente justificada por motivos de clínica veterinaria y la práctica de tales amputaciones debe quedar reflejada en informe justificativo, que deberá conservarse en historial clínico del animal, debiendo realizarse por un veterinario con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

El delito de maltrato animal con lesiones está castigado con penas de hasta 18 meses de prisión o multa de hasta doce meses. En todos los casos, se establece la pena de inhabilitación para tenencia, profesión, oficio o comercio que tenga que ver con los animales. Además, hay circunstancias agravantes que podrían elevar la pena por encima de los dos años y provocar la entrada en prisión del que lo cometa.