La instalación de los perros decomisados “carece de documentación y no es rehala”

La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha detallado este martes que los 25 perros intervenidos en “pésimas condiciones” en la localidad cordobesa de Hornachuelos se encontraban en una instalación que “carece de documentación y no cumple ninguno de los requisitos legales para ser considerada una rehala”.

Según ha informado la entidad en una nota, la investigación que ha provocado el decomiso de los perros se ha iniciado como resultado de la denuncia formulada al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por un rehalero de Hornachuelos “legalmente habilitado”, por el robo de ocho podencos --cachorros de dos meses y cinco días de la misma camada-- de sus instalaciones el día 16 de marzo.

Pasado un mes, y gracias al esfuerzo de Seprona, Polícia Local y del propio Ayuntamiento del municipio cordobés, los perros robados fueron encontrados en una finca de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). En ese momento, el Seprona inició una investigación sobre los presuntos autores del robo, dos individuos de una localidad de la provincia de Sevilla, que lleva a la Benemérita hasta unas instalaciones “ilegales” en el término municipal de Hornachuelos, en las que se encuentran los 25 perros “en condiciones de maltrato e insalubridad”, que, posteriormente, han sido decomisados.

Cabe destacar que, “tanto los presuntos dueños de los perros, como las instalaciones, carecían de documentación alguna que acreditase que se trata de una rehala”, ha aseverado la FAC, que ha agregado que “los autores no disponían de licencia de rehalas, ni de los seguros obligatorios, mientras que la instalación no estaba declarada como núcleo zoológico, como es preceptivo en el caso de una rehala”.

Al respecto, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, ha aclarado que “una instalación en la que se acinan perros en condiciones de maltrato e insalubridad no es una rehala; como tampoco puede considerarse rehalero a quien carece de documentación e incumple la normativa vigente y la ética del buen rehalero”.

En este caso, ha apostillado, “hablamos, simplemente, de delincuentes”, de ahí que haya pedido “no contribuir a la campaña de criminalización y odio impulsada desde asociaciones animalistas contra un colectivo de más de 200.000 andaluces que no sólo cumplen estrictamente leyes y normativas, sino que además responden a unos valores y principios que les impiden cometer este tipo de conductas”.