Dieciséis detenidos tras inspecciones contra la explotación laboral en explotaciones agrícolas cordobesas

La Policía Nacional ha intensificado durante los últimos meses las inspecciones en explotaciones agrícolas de distintas localidades de la provincia de Córdoba, en el marco de una campaña específica de control durante la recogida de aceituna y naranja. 

Estas actuaciones se enmarcan en los dispositivos de seguridad diseñados para reforzar la seguridad del campo cordobés, prevenir posibles situaciones de explotación laboral y garantizar que todas las personas empleadas en las fincas cumplen la normativa en materia de contratación, extranjería y seguridad ciudadana en el campo cordobés.

Al mismo tiempo, se pretende reducir los hechos delictivos vinculados al ámbito agrícola, como los robos de fruto o de maquinaria, especialmente sensible durante la campaña de recolección.

Inspecciones en varios municipios y detenciones

En el transcurso de la campaña, agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo diversas inspecciones coordinadas en fincas olivareras y de naranjos repartidas por varios municipios de la comarca, coincidiendo con el incremento de mano de obra que demanda la campaña de recogida de aceitunas. 

En el desarrollo de la investigación, los agentes detuvieron a la administradora de una de las empresas agrarias inspeccionada, que sería la persona encargada de la contratación de los trabajadores, a quien se le imputa la presunta autoría de un delito contra el derecho de los trabajadores y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

También ha sido arrestado el encargado de transportar hasta esa misma finca a los trabajadores identificados y controlar “in situ” la actividad que desarrollaban en la misma, quien era conocedor de la situación administrativa en la que estos se encontraban, a quien también se le atribuye la presunta autoría de los mismos delitos.

Además, fruto de estas comprobaciones, en una explotación agraria dedicada al cultivo y recolección de naranjas se procedió a la identificación y detención de 14 personas por no haber regularizado su situación administrativa en España.