La vulnerabilidad social impregnada en un desahucio

Una maleta, un par de mochilas infantiles y unas bolsas preparadas en la entrada de casa. Isabell y sus tres hijas menores de edad -de 14, 7 y 3 años-, tenían este viernes una orden de lanzamiento dictada por un juez para abandonar el piso de alquiler en el que vivían hasta ahora en Córdoba. Con algún trabajo esporádico y una ayuda de 230 euros como únicos ingresos, no ha podido afrontar el pago mensual de 430 euros por el piso y debía ya varios meses. Su abogada de oficio intentó retrasar el desahucio un tiempo, mientras se buscaba una alternativa para que las menores tengan un techo. Pero, finalmente, este viernes, se ha ejecutado el lanzamiento. Porque detrás de la propietaria del piso, también hay otra historia de vulnerabilidad social y necesidad de esa vivienda.

Las 11:30 era la hora marcada por el juez para el desahucio en este piso en la calle Cruz de Juárez. Poco antes, en la vivienda, Isabell con sus tres hijas y algunas pertenencias preparadas, esperaban lo inevitable. Ella, que llegó a España hace ocho años, ha trabajado de forma esporádica. El último contrato, en la empresa municipal de limpieza, Sadeco, dentro de un programa de ayuda a personas en riesgo de exclusión social, terminó el 31 de diciembre pasado. “Cuando he trabajado, he pagado el alquiler”, explica a Cordópolis esta mujer, que actualmente está en búsqueda de empleo, “sin ayudas y con 230 euros de paro”.

Cuenta que en determinados momentos ha necesitado la ayuda para alimentos de Cruz Roja y que en Servicios Sociales, “conocen todo mi historial”, con sus circunstancias personales y que a su cargo tiene tres hijas menores. Ahora mismo, está “en lista de espera urgente” para buscarle un techo, explica su abogada de oficio, Elena López, que da la voz de alarma ante el inminente desahucio, con fecha puesta desde diciembre. Ella misma contactaba estos días atrás con Servicios Sociales y Junta de Andalucía para dar una respuesta a la situación, sin que llegada la hora del lanzamiento este viernes tuvieran una alternativa, señala a este periódico.

En este tiempo atrás, Isabell ha recibido en dos ocasiones ayudas sociales -“en 2019 y en 2020 con la pandemia”-, explica y asegura que en esas dos ocasiones pudo pagar así varios meses del alquiler. Ahora, no tiene otra alternativa: “Me dicen que no hay casa de acogida, que no hay piso disponible. No tengo dónde ir”, apunta para contar la situación a la que se enfrenta.

Ella pide que la dejen estar en el piso “tres meses más hasta que acabe el curso” su hija mayor. Y explica cómo se encuentra con obstáculos cuando intenta alquilar otro piso: “Te piden nómina, te piden que tengas un contrato de trabajo...y hay gente que no quiere inmigrantes”.

Mientras llega la hora establecida por el juez para el lanzamiento, la comitiva judicial espera abajo, en la calle. El cerrajero, también. Y al lado, una mujer con parte de su vida metida en otra maleta. La situación también de vulnerabilidad de la propietaria del piso ha sido determinante para que el juez ordenara el desahucio, que pudiera entrar a vivir allí o bien recibiera ingresos por su alquiler.

A las 11:30, llega el momento del lanzamiento, tantas veces repetido para los funcionarios que deben ejecutarlo y la figura del cerrajero que los acompaña para cambiar la cerradura de la vivienda. A Isabell la ha venido a acompañar su hermano y, junto a él y con sus tres hijas, en un primer momento se niegan a salir, argumentando que no tienen a dónde ir. Aunque saben que no podrán hacer mucho más y, horas antes, han sacado del piso los muebles y electrodomésticos que tenía en el piso que le alquilaron vacío.

Una llamada de la comitiva judicial a la Policía Nacional es el siguiente paso y, en pocos minutos, una patrulla primero y una segunda después, se personan en el lugar. Y, en vista de ello, Isabell y sus hijas, con sus pertenencias, salen del piso. No hay atisbo de violencia. La vulnerabilidad social lo impregna todo. Y cada uno de quienes participan en el lanzamiento son conscientes de ello.

Los agentes de Policía ayudan a bajar la maleta y las pocas bolsas que tenían preparadas por las cuatro plantas de la escalera. El cambio de cerradura ya está hecho. Y ya fuera, ante el portal, cumplimentan los papeles. Con uno de ellos, donde consta el lanzamiento de vivienda del que acaban de ser objeto, los policías les han explicado que vayan al centro cívico que se ubica cerca para que los Servicios Sociales del Ayuntamiento tengan constancia de su ejecución y puedan gestionar un alojamiento de emergencia para la familia esta misma noche, aunque sea de manera provisional en un hostal.

Y mientras, aún con Isabell y sus tres hijas junto a sus pertenencias fuera del portal, quien acaba de recuperar el piso empuja su maleta para entrar en el bloque y acceder a la vivienda que necesita como medio de vida. Son las dos historias de vulnerabilidad social que se cruzan, las dos con nombre de mujer, en un nuevo desahucio en Córdoba.