Trabajadores de Hitachi se echan a la calle para mantener sus derechos laborales ante “la dictadura de la dirección” de la empresa

Trabajadores de Hitachi Energy han elevado este jueves su conflicto laboral a la esfera pública con una huelga que, según el comité de empresa, está siendo secundada por más del 80% de la plantilla. La protesta responde al “bloqueo del convenio colectivo por parte de la dirección de la empresa”, a la que acusan de “imponer recortes de derechos y de vulnerar las condiciones laborales, a pesar de las importantes inversiones” que se están realizando en la fábrica. Por ello, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, ha insistido en que con la manifestación -que ha partido de los Jardines de la Agricultura y que ha terminado en el Ayuntamiento de Córdoba- no se pretenden “subidas salariales, sino impedir que se recorten los derechos de los empleados”.

García Leiva ha asegurado que la empresa bloqueó el convenio colectivo después de una tregua que debía durar hasta el 31 de octubre. Además, el comité ha denunciado, por un lado, una actitud de “chulería y risa burlesca” por parte de la entidad en los actos de conciliación previos a la huelga, y, por otro, la imposición “dictadura dentro de la empresa”.

Tal y como ha explicado García, las principales “imposiciones” de la empresa giran en torno a las jornadas laborales y las condiciones de los nuevos contratos. En primer lugar, la dirección “pretende imponer una distribución irregular de la jornada de 300 horas de obligatoriedad”, divididas en 150 horas de trabajo y 150 de descanso. Los trabajadores ya tienen negociadas 110 horas de flexibilidad en el convenio, y rechazan la obligatoriedad de 300 horas, que afecta directamente “a la conciliación familiar”. Los trabajadores afirman que, históricamente, han acudido “voluntariamente a trabajar los fines de semana cuando ha sido necesario, incluso ante la presencia de clientes internacionales, como de América”.

En segundo lugar, García ha denunciado que la empresa “busca rebajar el salario de los nuevos ingresos en 10.000 euros de escala salarial”. El comité se opone frontalmente, exigiendo que el personal de nuevo ingreso entre “con las mismas condiciones” que los empleados actuales. Este trabajador lamenta que el conflicto se produce en un contexto de “importantes apoyos económicos” a la factoría cordobesa: “Hay inversiones de 80 millones de euros por parte de la empresa, cuatro millones de euros procedentes de la Junta de Andalucía y una exención total del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Los empleados, aunque aceptan las inversiones y desean lo mejor para Córdoba, critican que la empresa está utilizando las ayudas -”que en gran parte están destinadas al empleo“- para crear ”un empleo de poca calidad“ o de ”subcontratación“.

El presidente del comité ha insistido en la importancia estratégica de la fábrica, destacando que llevan “100 años de historia y que realizan un trabajo de calidad insustituible, fabricando transformadores que se compran incluso desde Japón”, y que la factoría “cuenta con una cartera de trabajo asegurada hasta 2030”. Pese a ello, la empresa, supuestamente, les amenaza “constantemente con llevarse la fábrica a otro país, con un ERE o con retirar las inversiones”.

Asimismo, García ha explicado que tanto él como otro compañero han sido “amonestados con una falta muy grave” por parte de Hitachi, “que podría suponer el despido, por ejercer nuestros derechos de informar a los empleados sobre los asuntos legales o ilegales” que se estarían produciendo. En esa línea, ha denunciado “tácticas de coacción” durante la huelga, incluyendo “amenazas a trabajadores y el envío de cartas diez minutos antes del inicio del paro para obligarlos a quedarse como supuestos servicios mínimos, cuando la producción debería estar parada”.

Los trabajadores, que han acudido al Pleno del Ayuntamiento, han asegurado que continuarán la lucha para defender los derechos que lograron sus compañeros de generaciones anteriores. Así, tienen previsto un calendario de huelga y paros parciales que se extenderán hasta el 15 de diciembre y que se reanudarán en enero. Leiva ha concluido que los trabajadores están dispuestos a negociar de forma “digna”, pero no van a permitir imposiciones que recorten sus derechos, ya que si la empresa gana, “ganamos nosotros”.