El SAS no prorroga el servicio de taxi rural para los enfermos de hemodiálisis

La decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de no prorrogar el convenio histórico que mantenía con ALCER Córdoba para la gestión de los traslados de pacientes de hemodiálisis desde el Hospital Reina Sofía hasta los centros dializadores ha generado una gran preocupación en asociaciones de pacientes y profesionales del sector del taxi. Tanto ALCER Córdoba como la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (AUTACOR) y la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba (APAT) han mostrado su rechazo a una medida que, según advierten, pone en riesgo la calidad asistencial y el bienestar de cientos de personas que dependen de este servicio para acceder a su tratamiento, según han informado a través de una nota de prensa.

Durante más de tres décadas, este modelo gestionado por ALCER ha demostrado ser “eficaz y beneficioso, evitando a los enfermos el estrés de tener que buscar alternativas de transporte y asegurando su adherencia a un tratamiento vital. Sin embargo, el SAS ha decidido desmantelar el sistema actual bajo el argumento de garantizar la equidad territorial, dado que en otras provincias andaluzas no se presta este servicio a través del taxi”. Las asociaciones denuncian que la medida no solo supondrá un mayor coste para las arcas públicas, al obligar a recurrir a ambulancias no medicalizadas para un servicio que los taxis ofrecen de manera más económica, sino que además provocará un perjuicio añadido para los pacientes, que perderán en comodidad, rapidez y seguridad sanitaria.

El taxi, recuerdan, es el medio más adecuado para los enfermos de hemodiálisis porque garantiza puntualidad y trayectos sin esperas, aporta confort y privacidad a personas inmunodeprimidas, ofrece flexibilidad para adaptarse a cambios imprevistos y supone un alivio para pacientes que suelen terminar sus sesiones fatigados y con mayor vulnerabilidad. Frente a ello, las ambulancias colectivas obligan a realizar desplazamientos más largos y en condiciones menos adecuadas para quienes necesitan llegar de forma rápida y directa a sus hogares.

Por todo ello, las asociaciones firmantes reclaman a la Consejería de Salud y Consumo y al SAS que rectifiquen y reconsideren esta decisión, priorizando el bienestar de los pacientes frente a los criterios administrativos. “El paciente debe ser siempre el centro de todas las decisiones. Esta no es la manera”, han subrayado en un comunicado conjunto.