MEMORIA DEMOCRÁTICA

Piden al Obispado que cumpla con la reforma de la Ley de Memoria y retire las placas a los caídos de la Mezquita-Catedral

Detalle de la placa colocada en el interior de la Mezquita- Catedral

Siete años después, pero con un horizonte normativo muy diferente al de 2015, el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso ha remitido un escrito al Obispado de Córdoba, enviado también a este periódico, instándole a cumplir la reforma de la Ley de Memoria Democrática en relación a la placa a los caídos que está presente en el interior de la Mezquita-Catedral y a la cruz, también en honor a los caídos, ubicada en el Paseo de la Victoria.

En 2015, este letrado formuló una denuncia ante la Audiencia Provincial de Córdoba después de que el Obispado no eliminara estos dos restos de simbología franquista. Presentó, además, un escrito de alegaciones ante la Diócesis de Córdoba. Sin embargo, este proceso cayó en saco roto después de que se archivara la denuncia dado que la Ley de Memoria Histórica no penaba estos hechos.

Sin embargo, la actual reforma de la Ley de Memoria Democrática sí contempla algunas variaciones a través de las cuales se podría acabar con la exposición tanto de la placa como de la cruz. En ese sentido, y según el artículo 35.5 de la citada norma, “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo”. Es esta matización, la del edificio privado con acceso público, la que ha permitido al abogado formular el escrito remitido al Obispado.

Por otro lado, el artículo 37.3 de la norma señala que la resolución por la que se acuerde la retirada de elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática recogerá siempre el plazo para efectuarla, no siendo este superior a tres meses.

En cuanto a la sanción por mantener simbología franquista en el seno de la Iglesia Católica, se impondrá una multa entre 2.001 y 10.000 euros en concepto de restablecimiento de la legalidad al tratarse de una falta grave.

Ranz recuerda que existe un precedente de retirada de Placa en Iglesia parroquial, como es el caso de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro en Aspe (Alicante), retirándose la placa que contenía las palabras “José Antonio”, nombre del fundador de la Falange Española.

Si en un tiempo prudencial el letrado no obtuviera respuesta por parte del Obispado, Ranz ha asegurado que acudirá al Papa y a la Curia Romana.

Además de este escrito, el abogado ha presentado otrass peticiones en 27 Obispados, Arzobispados y municipios de España, con simbología franquista, solicitando adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad, retirando dicha simbología “que nada ayuda al avance social y de derechos en un país como España”, concluye Ranz.

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