Un hombre sin recursos ingresa en un centro después de que la Junta se lo negara porque su estado no era fruto del covid

Desde hace unas semanas, Hugo (nombre ficticio) no duerme en su casa, pero sí en un lugar que pronto será su hogar. Con una grave discapacidad intelectual, sin recursos económicos y sin la ayuda de su familia, intentaba sobrevivir día a día. Su estado de salud es anterior al covid y la pandemia acentuó aún más sus problemas y dificultades. Por fin, y gracias a los servicios sociales del ayuntamiento de su pueblo, ya se encuentra en un centro adecuado y con todas sus necesidades cubiertas.

Según ha dado a conocer El Defensor del Pueblo, que ha respaldado esta iniciativa, trabajadores sociales habían solicitado hasta en dos ocasiones un recurso residencial ante la Comisión de Emergencia de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. En ambas ocasiones su solicitud fue rechazada dado que su estado de salud no era “sobrevenido de la crisis sanitaria”. Su circunstancia no entraba dentro de los requisitos que estipuló la Junta en el decreto del mes de abril.

Su último ingreso en un hospital comarcal llevó a que una trabajadora social pusiera en conocimiento del Defensor el estado de salud de Hugo y las pocas alternativas que desde la administración le habían brindado. Según el informe redactado durante su ingreso hospitalario y el de su médico de atención temprana, el hombre padece “retraso intelectual, múltiples problemas de salud y no cuenta con recursos económicos”. Además, tampoco tiene “una red familiar de apoyo dado que su única familia es su hermana que, al parecer, no cuenta con capacidad para asumir el cuidado que precisa debido a problemas de salud propios”.

La trabajadora insistía al Defensor “en la situación de riesgo del interesado al entender que no cuenta con capacidad para seguir el tratamiento prescrito ni para vivir en condiciones higiénicas y alimenticias adecuadas”. El crítico estado de este hombre llevó, incluso, a que los servicios sociales y el centro de salud adoptaran medidas para la higienización de su domicilio, renovación del colchón y otras medidas análogas, la prestación del servicio de ayuda a domicilio y la visita a domicilio del facultativo“. Aunque su caso fue comunicado a a la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Junta, dicho organismo consideró que no actuar ya que no era ”su ámbito de competencias“. El caso se ha puesto, incluso, en manos de la Fiscalía.

La desprotección del hombre era tal que ni tan siquiera se había interesado por la revisión de su discapacidad, ni por el reconocimiento de su situación de dependencia ni, tan quisiera, se había cuestionado “su capacidad de autogobierno”. Una vez que el Defensor supo de su caso, inició una investigación y requería de todo tipo de informes a los servios sociales comunitarios así como los resultados del servicio de ayuda a domicilio que se le estuvieran dispensando,y, finalmente, si por la Fiscalía se había iniciado el procedimiento de incapacitación.

Tras la investigación oportuna, desde los servicios sociales se comunicó que puesto que el afectado presentaba unas necesidades que no eran temporales, sino permanentes debido a su situación física y mental, finalmente se optó por gestionar su ingreso en un centro residencial de atención a personas, próximo a su municipio, adecuado a sus necesidades específicas.