Cuando la exclusión social 'encarcela' doblemente a las víctimas de violencia de género

La violencia de género es transversal. Se suele decir que no hay un perfil de víctima ni de agresor, que afecta a mujeres y puede ser ejercida por hombres de todas las clases sociales. Pero lo que sí hay son algunos factores que pueden llegar a dificultar que las víctimas salgan de la violencia, entre ellos la falta de una red que las apoye o la dependencia económica, la escasez de recursos o vivir en un entorno empobrecido. Lo ha detectado el Colegio de Abogados de Córdoba, que para intentar atajarlo realiza charlas formativas a través de su Servicio de Asesoría Jurídica Gratuita para Víctimas de Violencia de Género en zonas en las que vive población en exclusión social de la capital. El objetivo es mostrar a las asistentes los recursos de los que disponen para salir de la violencia y comenzar su recuperación.

Este servicio funciona desde 2007 fruto de un convenio de colaboración entre el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento. Dicho servicio se ha convertido en un referente para las personas que necesitan apoyo y asesoramiento integral en este tipo de casos y, también, en un recurso cada vez más demandado por colectivos sociales y profesionales que requieren orientación relacionada con la prevención y concienciación ante la violencia de género.

El servicio está prestado por tres abogadas en ejercicio, especialistas en materia de violencia de género: Carmen María Jiménez, María Vallejo y Sonia García. Ellas sirven de linternas en todo ese pasadizo de oscuridad que atraviesa la mayor parte de mujeres que acude a sus charlas, a las que también asisten otras que ya peinan canas y cuyos testimonios de superación son vitales para trasladar a las jóvenes que claro que pueden salir de la violencia de género.

En estos últimos días, las letradas han visitado Poniente Sur y el barrio del Guadalquivir, y destacan que descentralizar estas charlas, “sacarlas” del Colegio de Abogados, ha hecho que haya cada vez más asistentes. “El boca oreja hace mucho porque son mujeres que se mueven dentro de sus barrios”, asegura Vallejo. Aunque están destinadas a mujeres de todas las edades, destaca la presencia de chicas jóvenes y, en su mayoría, acompañadas de menores a su cargo y que son víctimas de violencia de género. De especial ayuda, por otro lado, sirven los testimonios de “otras mujeres, un poco más mayores, que han superado esos episodios de violencia”.

Información para separarse de su agresor

Dentro de las chicas que acuden a estas charlas, hay quienes han podido dar el paso y denunciar a su agresor o salir del entorno de violencia. Sin embargo, también hay otras que no, muchas de las cuales desconocen con qué recursos pueden contar. Hay incluso otras que asisten a estas conferencia a escondidas de su pareja.

Por todo ello, para la letrada Vallejo, estas charlas son vitales para eliminar el velo del desconocimiento que le hace a estas mujeres ser aún más presas de la situación. “Hay quienes desconocen la existencia del Instituto Andaluz de la Mujer, por ejemplo, o que en la Policía hay profesionales especializados en la Unidad de la Mujer, el Menor y la Familia”, apunta la abogada.

A una de estas charlas acudió Rafi (nombre ficticio), una chica joven con dos niños a quien aunque le ha costado salir de la violencia que sufría –encierros en casa, agresiones físicas, menosprecio, rechazo y maltrato psicológico, cuenta–, ha conseguido renacer. Pudo retomar sus estudios y se ha formado en auxiliar de enfermería. En este camino de la recuperación está ahora María (nombre ficticio), que escapó de un pueblo de la provincia de Córdoba, huyendo de su agresor, y está intentando dar sus primeros pasos en una nueva vida.

Porque ese es el paso que más cuesta, afirma Vallejo: separarse del agresor. Una vez conseguido eso, el segundo escollo se produce en la formalización de la denuncia. La letrada explica que “cuando se les explica a las mujeres que, en el caso de que el juez solicite una orden de protección, el agresor deberá salir de la vivienda familiar, les horroriza tener que separarse de él. Esto les lleva a querer retirar la denuncia o a no ratificarla en el juzgado. Ahí nos damos cuenta de la magnitud del problema”.

Sin embargo, también hay casos en los que, a pesar de que la mujer se ha desvinculado del agresor, este continúa acosándola y controlándola, tal y como argumenta la letrada Carmen María Jiménez, quien el pasado lunes ofreció una sesión formativa en el centro cívico Arrabal del Sur. Allí acudió una joven que se sintió plenamente identificada con los posibles episodios de violencia de género que narraba la abogada. Aunque la chica ya no está con su agresor, y éste tiene otra pareja, el control continúa en diferentes esferas de su vida cotidiana.

Y si el desconocimiento es elevado sobre los recursos disponibles en materia de violencia de género, más lo es aún sobre aspectos legales que se pueden dar en la resolución de este tipo de conflictos, como es que los menores estén presentes cuando se producen estos actos. “Algunas de las mujeres que acuden a estas charlas desconocen que los hijos también han sido víctimas por el hecho de que la violencia la hayan presenciado o se haya producido en el domicilio familiar”, apunta Jiménez. Las consecuencias de ello pueden ser múltiples: “Que se repita el patrón de maltratador, que las hijas adopten el rol de maltratada o el surgimiento de síntomas graves en la madurez”.

La necesidad del apoyo familiar

El gran sustento para las mujeres que deciden denunciar a su agresor redunda en esa red social que es la familia. Cómo su entorno más cercano les apoya y les da ánimos en momentos tan delicados. Aunque “lo normal” es que esa protección se produzca, no siempre es así. El caso de María es uno de ellos: su red de apoyo son las vecinos del barrio y las personas y trabajadores sociales del centro cívico al que acude.

Memoria de actividades en 2022

Además de la sensibilización y concienciación mediante este tipo de charlas -que también se ofrecen a a colectivos varios, técnicos y profesionales, al alumnado y a la comunidad educativa-, las abogadas atienden individualmente a víctimas de violencia de género o a familiares. De enero de 2022 a diciembre de 2022, el servicio realizó 42 asistencias individualizadas.

Estas asistencias se han realizado en el Colegio de la Abogacía con una duración media de una hora o una hora y media. A estas asistencias hay que sumar las que realizaron .al finalizar una sesión formativa, charla o coloquio en algún centro educativo, social, asociaciones u ONG.

Respecto al perfil mayoritario de las usuarias del pasado año, se trató de una mujer de entre 31 y 45 años, que mayoritariamente ha sufrido maltrato psicológico y económico, que ha mantenido una relación, habitualmente entre unos cinco y diez años, con estudios medios, y un bajo nivel de ingresos.

En cuanto al tipo de maltrato recibido destaca el maltrato psicológico ya que es el referido por un 63,41% de las usuarias del servicio y a ello hay que añadir el 21,96% de usuarias que reconocen haber sufrido este tipo de maltrato junto con el físico o el económico. La mayoría de las usuarias, tienen unos ingresos limitados, pues el 58,54% o no tiene ingresos o son inferiores a 500 euros, seguidas por las que tiene unos ingresos entre 500 y 1500 euros (39.02%)