Denuncian “el abandono” de las personas más pobres de Córdoba y “el colapso” de los Servicios Sociales

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se ha movilizado este miércoles ante el Ayuntamiento de Córdoba para denunciar “el abandono” que sufre la población excluida de Córdoba y “el colapso de los Servicios Sociales en la comunidad”. Además, ha exigido a las administraciones públicas que se fortalezca del estado del bienestar “ante el recrudecimiento de la pobreza, con programas sociales que, además de a lo paliativo, vayan a las causas de la exclusión”.

Para la organización, “no es admisible, por más tiempo, la situación de colapso y la falta de accesibilidad a los servicios básicos”.  En algunas ciudades, ha denunciado en varias ocasiones desde el inicio de la pandemia que “todas las Administraciones, y también los Servicios Sociales, han obligado a la población a ser atendida vía telefónica y telemática”.  La atención presencial con cita previa se ha dado en muy contadas ocasiones. Además, han asegurado que “todos estos medios han demostrado su mal funcionamiento” ya que “han estado colapsados, inoperantes, con falta de personal y de otros elementos necesarios. Las personas que en muchas ocasiones se han visto en situaciones de emergencia, por la carencia de necesidades básicas, han sufrido  grandes esperas, colas interminables y demoras para ser atendidas, derivándolas en muchas ocasiones hacia servicios externalizados y privatizados”.

Por ello, APDHA ha propuesto disponer de unos presupuestos suficientes para atender las necesidades sociales existentes “que permitan contar con personal estable para unos Servicios Sociales públicos, universales y de calidad rompiendo con la tendencia privatizadora impuesta actualmente, recuperando con ello la atención presencial plena”.

La asociación ha explicado “que las personas que requieren gran parte de estos servicios sufren una doble exclusión: no tener los medios necesarios para poder vivir con dignidad y quedarse excluidas por la brecha digital y la desatención presencial”. Desde la organización han recordado “que la razón de ser de las administraciones públicas es aportar los servicios necesarios para las personas, especialmente, la atención y el cuidado de aquellas más vulnerables y empobrecidas”. “Lo demás debe subordinarse a esto”, han destacado.

Asimismo, APDHA ha denunciado que “la mayoría de las ayudas sociales anunciadas se quedan en simple propaganda, que no terminan de llegar a las personas, a pesar de las urgentes necesidades existentes entre los sectores de población más vulnerables y empobrecidos”.

Han constatado, afirman, que “la Junta de Andalucía no está ejecutando las medidas necesarias y de urgencia que se precisan”. “Las familias solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (REMISA), última ayuda social que se puede solicitar cuando no tienes nada, llevan en muchas ocasiones una demora de hasta 18 meses en ser resueltas”. Por otra parte, han asegurado, el Gobierno central ha creado el Ingreso Mínimo Vital, “que generó muchas expectativas, pero en la práctica solo está llegando a un número muy reducido de las personas excluidas”.

La organización considera que el derecho humano a la protección social, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “es una quimera para la mayoría de las personas que lo necesitan y malviven en el más absoluto desamparo. Son personas privadas de derechos sociales y económicos. Personas a las que se les niega una protección social mínima para cubrir sus necesidades básicas”. 

Por otro lado, APDHA se ha referido a los indicadores que hacen referencia a la pobreza y la exclusión en Andalucía, unos datos que “no dejan de crecer”. Así se observa en el informe Urban Audit 2021, publicado recientemente por el INE, en Andalucía están 13 de los 15 municipios con menor renta neta media anual per cápita y 12 de los 15 barrios más pobres de toda España. De ellos, cinco pertenecen a la capital cordobesa.

También la semana pasada, el Consejo General del Poder Judicial publicó datos que apuntan que en Andalucía en el primer trimestre del año 2021, se han llevado a cabo una media de 18,72 lanzamientos habitacionales diarios (el 66% por impago de alquiler), pese a las medidas especiales adoptadas durante la pandemia, “una realidad a todas luces injusta e inaceptable”. Esta situación, han afirmado desde APDHA, “pone en evidencia la urgente necesidad de disponer de un parque público de viviendas sociales en alquiler para atender a las personas más vulnerables y necesitadas, y de una Ley de Vivienda que castigue las propiedades inmovilizadas y garantice precios accesibles de alquiler”.

Para la organización, “es urgente poner en marcha la Renta Básica Universal, que acabaría con muchas de las situaciones de pobreza, y considera que ”es posible ponerla en funcionamiento de forma simple y eficaz, ayudando a descongestionar los Servicios Sociales y poniendo en valor su verdadera función“.