Una demanda de agricultores pide a una desmotadora cordobesa lo que dejaron de cobrar por un pacto de precios
En el año 2011, varias desmotadoras andaluzas fueron denunciadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) por haber hecho un pacto a la baja en los precios que pagaban a los agricultores por el algodón. El caso llegó al Tribunal Supremo, que condenó a las desmotadoras en 2019 y, además, implicaba la posibilidad de que los agricultores reclamaran el dinero que no percibieron por ese pacto ilegal de precios. Ahora, cientos de agricultores van a presentar una demanda conjunta contra las desmotadoras para recuperar esos pagos y una de estas empresas es cordobesa: Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (Dafisa), con sede en La Carlota.
En total, alrededor de 800 algodoneros andaluces van a participar en esta demanda conjunta del sector contra las desmotadoras implicadas en un pacto de precios a la baja realizado entre los años 2004 y 2012, según el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Los agricultores exigen diez céntimos por cada kilo de algodón vendido en este periodo.
Desde la organización agraria UPA han detallado a Europa Press que en el año 2011 se procedió a la denuncia de varias desmotadoras andaluzas ante la CNMC por una práctica anticompetitiva consistente en la adopción de acuerdos tendentes a fijar los precios pagados a los productores del algodón.
Cinco desmotadoras en el pacto de precios
El organismo incoó un expediente sancionador contra las desmotadoras andaluzas Algodonera del Sur (Algosur), Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (Dafisa), Eurosemillas y su filial Surcotton, Industria desmotadora andaluza (Indesa) y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (Coalsa), por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defens de la Competencia. Tras recurrir varias sentencias, llegó al Tribunal Supremo en 2019, que condenó a las desmotadoras a una multa de alrededor de alrededor de 400 euros.
La resolución favorable trajo consigo la posibilidad a los algodoneros a reclamar el dinero que no percibieron por esta práctica ilegal. Desde UPA informaron a los agricultores sobre la opción de una denuncia colectiva, que está en manos actualmente del despacho de abogados Redi de Barcelona.
Este bufete coordina la demanda grupal que contaba, a fecha de agosto de 2023 con 800 agricultores adscritos, estando abierto el plazo hasta junio de 2024, por lo que la organización agraria prevé que se alcance el millar de firmas.
El despacho, a raíz de un estudio de la Unión Europea (UE), ha calculado que la cuantía que dejaron de percibir los agricultores andaluces fue de diez céntimos por cada kilo de algodón vendido entre 2004 y 2012, dinero que ahora reclaman en la demanda conjunta.
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