El 92% de la sierra de Córdoba está en manos privadas
Toda la espléndida sierra que usted ve desde su casa y que atraviesa de este a oeste la provincia de Córdoba tiene dueño. También el macizo de la Subbética, las inmensas dehesas mediterráneas y, en general, la mayor parte del tesoro natural que nos rodea. Así lo certifica el Inventario Forestal Nacional, el más completo catálogo sobre bosques y espacios verdes de España, que publica el Ministerio para la Transición Ecológica.
Solo el 8% de los montes de Córdoba tienen titularidad pública. Para ser exactos, 53.635 hectáreas. El resto, 610.794 hectáreas, están en manos privadas. El dato sitúa a la provincia de Córdoba entre las siete de España con menos cuota de monte público. Solo Baleares, Badajoz, Barcelona, Cáceres y Salamanca tienen su territorio natural más privatizado.
La media española se sitúa en el 27,8%. Es decir, casi una de cada tres hectáreas de territorio forestal de España pertenece a una administración pública o es un bien comunal. En Córdoba, sin embargo, el monte público apenas representa una de cada diez hectáreas del total, la mayoría de ellas, por cierto, para uso cinegético.
En términos generales, la naturaleza del norte de España, salvo Galicia, está a disposición de sus ciudadanos en un grado mucho mayor. Álava es la provincia con mayor territorio forestal público: un 78,5%. Le siguen Navarra (72,8%) y Cantabria (71,7%), que son, a su vez, comunidades autónomas uniprovinciales.
La Rioja (66%), País Vasco (45,7%), Asturias (44,8%) y, en general, todas las comunidades autónomas superan ampliamente a Córdoba en territorio forestal de titularidad pública. Únicamente Galicia (2,5%) y Extremadura (en torno al 6%), además de Baleares (5,1%), presentan cifras más preocupantes de privatización de los espacios naturales.
El espacio natural público de Córdoba es veinte puntos menor que la media nacional
Los pobres datos de monte público de Córdoba se anclan en razones históricas, principalmente datadas en el siglo XIX, vinculadas al proceso desamortizador. Según cifras recogidas por el sociólogo Manuel Trujillo, en 1857 la provincia contaba con 126.762 hectáreas de terreno forestal público, más del doble de lo que registra hoy. Medio siglo más tarde, en 1910, esa superficie se redujo drásticamente hasta las 26.158 hectáreas. Y en 2013, ya se había recuperado hasta las 56.882 hectáreas de monte público. Trece años después, el espacio natural estatal ha vuelto a disminuir en poco más de 3.000 hectáreas, lo que indica que el proceso enajenador sigue su curso.
Córdoba, además, es de lejos la provincia andaluza más privatizada. La media de montes públicos de la comunidad autónoma se sitúa en el 28,1%, veinte puntos más que nuestra provincia, según la referencia aportada por Trujillo. Granada (44,3%), Jaén (40,6%) y Málaga (35,6%) superan ampliamente el exiguo 8% de superficie comunitaria que registra Córdoba.
“El origen de esta situación se encuentra en el siglo XIX”, explica Manuel Trujillo, destacado activista también de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos. “Durante los procesos desamortizadores se vendieron enormes extensiones de montes públicos en Córdoba”, agrega. Y el escaso territorio forestal público que hoy se conserva en Córdoba procede, en su mayor parte, de expropiaciones y compras estatales realizadas entre 1940 y 1960.
La conquista cristiana del siglo XIII también determinó la acusada privatización del monte cordobés aparejada a la política de repartimientos del monarca como compensación a las operaciones militares frente a las tropas andalusíes. La nobleza y la jerarquía católica fueron las grandes beneficiadas. El Catastro de Ensenada ya refleja la “proporción enorme” de fincas de la sierra en manos de monasterios y mandatarios eclesiásticos.
El resultado de todo este proceso privatizador es calamitoso para el uso ciudadano del sensacional tesoro natural que aparentemente tiene a su disposición. “Esta situación restringe de forma drástica las posibilidades de disfrutar del entorno natural”, lamenta el sociólogo y ambientalista. La inmensa mayoría de las fincas privadas se encuentran valladas y cerradas. “El ciudadano queda limitado a transitar exclusivamente por los caminos públicos y las vías pecuarias, siempre y cuando el propietario no los haya usurpado o cerrado ilegalmente”, advierte Trujillo. Y eso ocurre con demasiada asiduidad.
En Andalucía oriental el proceso desamortizador no liquidó el patrimonio forestal público en la misma medida que en Córdoba. Tampoco en el norte de España, donde los bienes comunales tienen aún una importancia decisiva, particularmente en Navarra, que dispone de una ley específica de 1986 que obliga a los concejos y al Gobierno foral a custodiar todo este abundante patrimonio público.
El investigador José Luis Reyes también ha estudiado el fenómeno privatizador de la riqueza forestal de Córdoba. Las desamortizaciones eclesiásticas y civiles del siglo XIX no cumplieron su función de distribuir la tierra entre el mayor número posible de propietarios. “En lugar de repartirla entre los campesinos o conservar patrimonio público, las subastas favorecieron la gran propiedad latifundista”, aclara el especialista. Solo las élites con recursos económicos podían comprar grandes lotes de tierra desamortizada.
Históricamente la propiedad del suelo estaba en manos de los grandes linajes nobiliarios y las instituciones eclesiásticas. “El Cabildo de la Catedral de Córdoba era uno de los mayores propietarios de toda España”, precisa Reyes, que ha explorado minuciosamente los archivos notariales. “El Cabildo eclesiástico tenía multitud de cortijos en la campiña y fincas en la sierra. También monasterios como San Jerónimo poseían vastas extensiones en la ladera de la sierra: Medina Azahara, Cantarranas, Encinarejo o Córdoba la Vieja”.
La privatización de la sierra de Córdoba restringe drásticamente el disfrute del ciudadano
Dos de los grandes linajes que acapararon numerosos lotes de tierra en la desamortización fueron el Conde de Hornachuelos, que poseía el señorío de la Albaida, y el Marqués de Guadalcázar, que llegó a acumular el 80% de la franja occidental que se extiende entre el río Guadalquivir y las cumbres de la sierra cordobesa. “Unas 12.000 hectáreas de esa superficie eran suyas. Compró sistemáticamente todas las fincas desamortizadas del Monasterio de San Jerónimo”.
El Marqués de Guadalcázar falleció sin hijos a finales del XIX y su patrimonio se repartió entre diez sobrinos herederos, que acabaron fragmentando y vendiendo todo ese gigantesco latifundio. En la zona de Trassierra, desde finales del siglo XVI se produjo un auge muy notable del cultivo de viñedos. Según ha constatado el investigador José Luis Reyes, el Concejo municipal de Córdoba autorizaba a los agricultores a rasurar el bosque para poner en cultivo tierras improductivas. Todas esas tierras consecuentemente eran comunales, sin dueño o del propio Concejo municipal, que poco a poco se fueron privatizando.
La superficie de viñedo creció tanto que los pastos para vacuno disminuyeron bruscamente y el precio de la carne repuntó, lo que acabó obligando a las autorizadas locales a frenar el cultivo de nuevas cepas. Con el paso del tiempo, los viñedos se fueron transformando en olivares, castañares o sencillamente se abandonaron. “Se calcula que hasta el 50% del bosque que hoy vemos en la sierra llegó a estar cultivado desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
La nobleza fue usurpando progresivamente monte comunal, a partir del siglo XV, lo que originó frecuentes pleitos con el Concejo municipal, que ganaba la mayor parte de los procedimientos judiciales. Los litigios eran tan frecuentes que los Reyes Católicos nombraron jueces de términos específicos para dirimir los conflictos y recuperar las propiedades públicas arrebatadas. Buena parte de esas sentencias han sido consultadas por Reyes en el Archivo Municipal de Córdoba.
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