El saqueo en el centro cívico de Fátima fue por falta de vigilancia

Protesta de los vecinos para reclamar la apertura del centro cívico
El Tribunal de Cuentas certifica que tras acabar la obra, que costó 768.085 euros, los ladrones se llevaron ventanas, grifería y todo el servicio eléctrico. Tres años después, ya hay acuerdo para reparar los daños

La falta de vigilancia del Ayuntamiento de Córdoba fue la causa del saqueo y de los graves desperfectos que sufrió el centro cívico de Fátima, financiado con 768.085 euros del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) otorgados al Consistorio cordobés en el año 2009, con IU y PSOE al frente de Capitulares y que supusieron, sólo en la capital, la entrada de más de 35 millones de euros de dinero público. Así lo certificó el Tribunal de Cuentas en una inspección realizada en abril 2013, ya con el con el actual gobierno local, a cuyas conclusiones ha tenido acceso este medio.

Tras esta visita, las conclusiones no dejan lugar a la duda: “Una vez finalizado, el 3 de marzo de 2011, como consecuencia de la falta de vigilancia por parte del Ayuntamiento, el edificio fue objeto de varios robos que supusieron la sustracción de elementos estructurales, tales como ventanas, cañerías, grifería o conducciones eléctricas, así como graves desperfectos ocasionados durante los mismos (los robos)”, indica el Tribunal de Cuentas, que añade que en la inspección realizada “se verificó su estado de deterioro y abandono y se constató la inexistencia de estudios y proyectos para su puesta en uso”.

Esta situación de abandono y dejadez, así como los robos que se han sucedido en los últimos años, han sido denunciadas en múltiples ocasiones por parte de los vecinos de Fátima, que el pasado año constituyeron una plataforma para reclamar su puesta en funcionamiento. Acerca de esta cuestión, el portavoz de esta plataforma y presidente de Amanecer de Fátima, Francisco Bellido, señaló a este medio que “después de muchos años, el pasado mes de junio se ha obtenido un compromiso por parte del Ayuntamiento para reparar los daños y que los vecinos estemos implicados tanto en el proyecto, como en el seguimiento de los trabajos que se realicen para evitar que estos hechos se vuelvan a producir”.

Acerca del nuevo proyecto, las fuentes consultadas en Capitulares señalaron que en las próximas semanas se liberará una partida de unos 200.000 euros para la reposición del mobiliario y de los elementos estructurales saqueados por los ladrones. En este sentido, el portavoz de la plataforma indicó que “durante años hemos denunciado tanto la paralización de la obra, a finales de 2010, como los posteriores robos que se han sucedido de forma constante. Lo importante ahora es que el centro entre en funcionamiento lo antes posible y eso es lo que nos ha asegurado el alcalde”, señaló Francisco Bellido.

Irregularidades en plazos y empleo

El retraso en la ejecución de la obra al que aluden los vecinos también es puesto de manifiesto por el Tribunal de Cuentas que cifra en 72 los días de demora sobre el plazo previsto y señala a otros 18 proyectos de los FEELS en Córdoba en la lista de actuaciones en las que se incumplió el requisito de ejecución inmediata, varios con hasta cuatro meses de demora.

Las irregularidades en la reforma de la antigua prisión también afectan a los expedientes de contratos de obra y así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas que detecta que en este proyecto “no se encontraba adecuadamente motivada la necesidad de contratación” y que no se justificaron tanto la elección de los criterios de adjudicación como su posterior publicación, teniendo en cuenta de que se trataba de un procedimiento abierto de adjudicación.

Junto a esto, y en materia de empleo, el Tribunal de Cuentas señala que, pese a que se debía primar la contratación de desempleados, el proyecto de rehabilitación de la antigua prisión de Fátima no contrató a ningún trabajador inscrito en los Servicios Públicos de Empleo, una deficiencia que también afectó al proyecto para la implantación de un sistema de información de los tiempos de espera de Aucorsa, que también se acogió a estos fondos públicos.

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