“Tras la reyerta no puedo volver a mi casa y para mudarme me piden un aval que no puedo pagar”

Silvia (nombre ficticio) es una de las víctimas colaterales de la reyerta que el pasado mes de noviembre acabó con la muerte de un joven y por la que tres personas permanecen en prisión provisional. Silvia es una hermana de la mujer procesada y tía de los dos jóvenes que también están siendo investigados por este crimen. Apenas dos días después de los hechos, varias personas entraron en su vivienda y “arrasaron con todo lo que pudieron”. A ella sólo le dio tiempo a esconderse. Los hechos se repitieron hasta en dos ocasiones. Con dos hijas a su cargo, espera ser realojada en otra casa pero la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) le pide previamente un aval de casi 800 euros que no puede pagar.

Está viviendo actualmente en casa de un familiar, que le abrió las puertas de su hogar cuando decidió abandonar la vivienda en la que había estado toda su vida. El alquiler social que le asignaron es de 39 euros, un pago al que siempre ha podido hacer frente gracias a su sueldo como trabajadora en Sadeco, empresa pública en la que lleva diez años. Asegura que por sus dos hijas menores no recibe manutención ninguna, aunque tiene otra mayor que se encuentra viviendo en Málaga.

“Yo no he huido de mi ciudad porque yo no he hecho nada”, manifiesta la mujer para dejar claro a todos aquellos “que van diciendo” que ha abandonado Córdoba. En el relato detallado de los hechos, previos a la reyerta, deja constar que lo ocurrido “se veía venir” y que ni ella ni sus hijas tuvieron nada que ver “en todo este asunto”. Ellas vivían, además, en uno de los patios más alejados de donde ocurrieron los hechos y apenas se relacionaban con la gente del barrio. “Yo veía que poco a poco todo se iba poniendo peor y sólo iba a trabajar y mis hijas, al colegio. Eso es lo único que hacíamos y siempre las tres juntas”, explica.

La ausencia de relación con los vecinos de la zona llevó a los ocupantes a dudar del lugar exacto en el que vivía Silvia. Relata que un día antes de la primera entrada, “unas cuantas personas se acercaron hasta la ventana de la casa pero no sabían a ciencia cierta si ésa era” la vivienda de la mujer. Tras asegurarse, entraron y se llevaron “todo”. Estos mismos hechos ocurrieron hasta en otras dos ocasiones. En las tres denuncias presentadas consta que su vivienda fue desvalijada por completo: desde una vitrocerámica, ordenadores, ropa y mantas hasta la comida del frigorífico y el congelador. Después de una denuncia del Ministerio de la Vivienda y de una ocupación por parte de los asaltantes, la Policía Nacional la acompañó hasta su casa y colocaron un puerta blindada. Ese día, Silvia recogió “lo poco” que habían dejado: apenas algo de ropa. “No he podido coger ni siquiera documentos importantes. Pero yo no voy más por allí”. Afirma que, “sin comerlo ni beberlo”, se encuentra amenazada. Teme por su vida y la de sus hijas. Por eso decidió “huir” de allí.

Sobre los objetos materiales sustraídos, los da por perdidos ya que su aseguradora. El perito que tiene que evaluar los daños no ha podido acudir, ya que solicita escolta y seguridad para acceder a la zona, y aún se está pendiente de que se le conceda.

La solución que le ha presentado AVRA a su situación es una reubicación en una vivienda en La Corredera previo pago de casi 800 euros, una práctica que ya ha denunciado Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba aduciendo, además, la “falta de coherencia política dentro del propio PSOE”. Según denunció la formación, el partido socialista presentó en Madrid una proposición de Ley el pasado mes de marzo para impedir esta práctica porque entendía que no se podían pedir garantías que superasen dos mensualidades en alquileres de menos de 750 euros al mes. Sin embargo, AVRA está solicitando en Andalucía hasta cuatro mensualidades: tres de aval más una de fianza.

A esta situación se suman las condiciones de la vivienda que AVRA le ofrece, “un zulo sin ventanas ni en el salón ni en los dormitorios y sólo dos muy pequeñas en el pasillo y que dan a un patio interior”. Debido a esto, también ha recurrido a Vimcorsa, donde le aseguran que “no queda ningún piso vacío”, afirmación que desmiente Silvia ya que conoce “mínimo dos casas” en las que no está viviendo nadie. Una, ubicada en la calle Santa Eufemia y otra, situada en la calle Pedroche.

Desde meses previos a la reyerta ya había solicitado un cambio de vivienda debido no sólo a la peligrosidad que estaba aumentando en la zona, sino a la situación de insalubridad provocada por ratas y mosquitos. AVRA también le ha comunicado que si ella y sus hijas no van a regresar a la vivida de Las Moreras, esta será entregada a otra familia. “Ninguna de las tres tenemos un techo en el que estar. ¿Qué quieren? ¿Que me vuelva a mi casa y maten a mis hijas? ¿Eso es lo que de verdad quieren?”.