Los responsables de la Fundación Guadalquivir eluden las preguntas de la acusación

Los tres investigados por el caso de la Fundación Guadalquivir, el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir, José Antonio González Adame; el presidente, Cristian Menacho (exsecretario general de Juventudes Socialistas en Córdoba), y su madre y presidenta de la fundación, Ángeles Muñoz, se han negado a responder a las preguntas de la acusación en relación al uso que habrían realizado la Fundación Guadalquivir Futuro y las asociaciones Jóvenes para el Futuro y Vecinos Nuevo Guadalquivir a ayudas públicas y privadas destinadas para bancos de alimentos y para discapacitados.

Durante la jornada de este martes estaban citados a declarar los tres investigados, aunque ha sido la declaración de Adame la que más se ha alargado: cerca de una hora. Según ha explicado el abogado de la acusación particular, Manuel Delgado, Adame ha declarado que “jamás ha cobrado un duro” de ninguna asociación. Sin embargo, “sí ha estado dado de alta en Jóvenes para el Futuro, al igual que también aparece Menacho como trabajador de la Fundación”, nómina que estaría justificada por un programa social de Cajasur. Es más, Delgado ha comentado que Menacho era “el instructor de los huertos” ecológicos que desarrollaban con las personas discapacitadas, un cargo “que nada tiene que ver con él”.

Delgado ha explicado, también, que el declarante ha incurrido en una contradicción ya que “ha reconocido que la asociación recibía dinero de dos fondos”, aunque posteriormente ha refutado esa afirmación. Según ha declarado el abogado de la acusación, “el responsable del banco de alimentos de Cruz Roja ha dicho que si se estuvieran recibiendo alimentos de dos fondos diferentes, estaríamos ante un fraude”.

Esta nueva investigación judicial se abrió gracias a la declaración en el juzgado de una sobrina de la presidenta de la Fundación Guadalquivir, que señaló que su tía podría haber llevado dinero de las ayudas para discapacitados a su familia en Jerez de la Frontera (Cádiz). En esa declaración, la sobrina de Muñoz afirmó que su tía también llevaba gran cantidad de alimentos, de los que repartía en Córdoba, a sus familiares en la ciudad gaditana.

Este caso, cuya razón de ser fueron las mordidas a trabajadores de los programas Emplea Joven y Emplea30, se encuentra en fase de instrucción en dos juzgados diferentes: el 5 y el 8, un hecho del que el abogado de la acusación ha mostrado su descontento ya que ambas piezas deberían haberse juzgado juntas “porque tanto la Fiscalía” como la acusación particular entendían “que había conexidad”. A juicio del abogado, la separación de las piezas ha provocado que no se hayan realizado otras actuaciones que podrían haber acreditado los rulos de billetes en la vivienda de Jerez de la Frontera o la sustracción de los alimentos.

Ahora, el juzgado de Instrucción número 5 espera la resolución del informe contable ya que a pesar de que el caso afecta a tres asociaciones, sólo existe una sólo contabilidad: la de la Fundación. No obstante, el abogado ha declarado que las dos restantes asociaciones “recibían cientos de miles de euros” que no estaban contabilizados. “Hay nóminas que se emplean para justificar un programa, por ejemplo”, ha expuesto. Delgado ha concluido que que “todavía están sin justificar los 40.000 euros recibidos por la Diputación de Córdoba.