Rebajan las fianzas a CTA para personarse en la causa contra Navas y Reina

La Audiencia Provincial de Córdoba ha rebajado el importe de la fianza para que el sindicato CTA se persone como acusación particular en la causa abierta contra los exconcejales del PP Rafael Navas y Miguel Reina. El juez solicitaba una fianza de 18.000 euros al sindicato, que ahora la Audiencia ha rebajado a 4.000 euros.

En su día, CTA anunció que solo podría personarse en una de las causas judiciales abiertas, la de Rafael Navas, al carecer de recursos económicos para asumir las dos. Ahora, el sindicato asegura que podrá ser acusación en las dos causas, según ha detallado en una nota de prensa en la que ha sido especialmente crítico con las decisiones de los jueces.

CTA presentó dos denuncias en los juzgados que son las que han motivado la apertura de las causas. Al principio, la Fiscalía no vio indicios de delito pero posteriormente, al recibir la información del juzgado, sí. Esto fue lo que motivó que se citara a los dos exconcejales en calidad de investigados. La citación fue aplazada en su día por el recurso de CTA, que quiere actuar como acusación particular.

Nada más conocerse la citación del juzgado a Reina y Navas, el sindicato reclamó al juzgado su personación como acusación particular o popular, entre otras cuestiones para poder acceder a la información recogida en el informe de Fiscalía que ha servido de base para llamar a los dos exconcejales ante el juez.

Navas y Reina declararán ante el juez en “calidad de investigados” (término que ha sustituido recientemente al concepto de imputado) por sendos delitos de “presunta prevaricación administrativa”. La citación judicial se apoya en un informe del Ministerio Fiscal que, dada la comparecencia “en calidad de investigados”, estima indicios de delito y da credibilidad a la denuncia planteada el pasado 9 de octubre de 2015 por el sindicato CTA, que presentó en los juzgados sendos escritos en los que se alertaba de la presunta prevaricación por el fraccionamiento irregular de contratos en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) -cuyo presidente era Miguel Reina- y en el Alcázar de los Reyes Cristianos, cuyo responsable político era Rafael Navas, como delegado de Turismo.

En el caso del Instituto Municipal de Deportes, el primer escrito del sindicato CTA ante la Fiscalía se remonta al pasado 22 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, y en él se denunció el presunto fraccionamiento irregular del contrato con la firma de abogados Cuatrecasas. Según la denuncia, Reina, a través de sendos decretos firmados en mayo y octubre de 2013, habría eludido el límite económico para este tipo de contratos menores (30.000 euros) para contratar al bufete catalán que, entre otras cuestiones, llevó el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el organismo municipal.  La suma de estos dos contratos ascendió a 36.905 euros.