El Gobierno sigue a la espera del trámite ambiental para actuar en el arroyo Cantarranas

El Gobierno de España ha vuelto a supeditar el inicio de las obras para evitar las inundaciones en Castro del Río a la finalización de la redacción del proyecto técnico y a la obtención del informe ambiental previo. Según la última respuesta oficial del Gobierno a la pregunta del diputado por Sumar Enrique Santiago, el proyecto mantiene una previsión de inversión de 1,2 millones de euros.

A pesar de que el plan está integrado en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, el Gobierno ha reconocido que actualmente se encuentra todavía en fase de redacción. El procedimiento administrativo establece que, una vez concluido el diseño técnico y superada la tramitación ambiental, se podrá proceder a la licitación de unas obras que los vecinos de la zona baja del municipio esperan desde hace años.

La situación actual contrasta con las previsiones manejadas por el Ejecutivo hace dos años. En 2024, el Gobierno confiaba en que la redacción del proyecto estuviera lista dentro de ese mismo ejercicio para atajar de forma definitiva el “embolsamiento” del arroyo Cantarranas en su confluencia con el río Guadajoz. En aquel momento, ya se advertía de que el plan venía demorándose durante varios ejercicios previos sin llegar a materializarse.

Históricamente, la ubicación de Castro del Río ha servido de defensa natural, pero la confluencia de ambos se convierte en un punto crítico durante episodios de lluvias intensas. Por ello, la Confederación Hidrográfica decidió incluir al municipio en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, con el objetivo de mejorar la evacuación de las aguas y proteger el casco urbano.

El fantasma de las inundaciones del 2010

En el año 2010, el desbordamiento del Cantarranas inundó la urbanización La Condesa, provocando un desastre que obligó al Consejo de Ministros a activar ayudas extraordinarias por los daños severos en viviendas y bienes. En aquella época, las competencias recaían en la Consejería de Medio Ambiente, que anunció inversiones millonarias que no llegaron a ejecutarse, dejando el cauce en una situación de vulnerabilidad. Una situación que ha estado cerca de repetirse en este 2026, pero la crecida del río no ha llegado a inundaciones severas como hace 16 años.

El proyecto que el Gobierno tiene ahora sobre la mesa contempla medidas técnicas específicas: embovedar la parte del cauce más cercana a la carretera, además de ensanchar y profundizar el resto del arroyo para evitar que el agua salte nuevamente hacia las zonas residenciales.