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El PP calcula que la Junta ha despedido a 682 sanitarios en un año

Huelga de médicos del año pasado. FOTO: MADERO CUBERO

Redacción Cordópolis

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El senador Jesús Aguirre denuncia que 399 han sido despedidos del Reina Sofía, 192 del Área Sanitaria Sur, 27 de la Norte y 64 del Guadalquivir

El senador del PP de Córdoba Jesús Aguirre ha lamentado este viernes que la Junta de Andalucía “haya despedido a 682 profesionales sanitarios” durante 2012, según los datos que revela el informe del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En una nota de prensa, ha detallado que “399 fueron despedidos de la plantilla del Hospital Universitario Reina Sofía, 192 del Área Sanitaria Sur, 27 del Área Sanitaria Norte y 64 del Distrito Centro Guadalquivir”, a lo que agrega que “la Junta de Andalucía no ha repuesto las plazas vacantes por jubilaciones, excedencias, bajas, amortizaciones”.

En enero de 2012, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contaba con 95.394 empleados. Cifra que en enero de 2013 se vio reducida hasta los 88.367, al ser despedidos 7.027 profesionales, suponiendo un descenso de plantilla del 7,4%, según ha informado el popular, quien destaca que los datos “contrastan con la media nacional, cuyo recorte del número de profesionales sanitarios es del 2,4%”.

A su juicio, “la situación se agrava más ya que los profesionales sanitarios andaluces, solo junto a los catalanes, verán mermada su paga extra al eliminar la Junta de Andalucía los complementos y solo recibir la parte de la nómina, correspondiente y garantizada por el Estado”.

Por ello, Aguirre reprocha a la anterior consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que “justificara los recortes de salarios para evitar despidos”, cuando “la realidad en Andalucía es que los profesionales sanitarios han visto recortados sus sueldos y las plantillas laborales”, ha subrayado.

Ante esta situación, el senador popular ha pedido al Gobierno andaluz que “antes de seguir ensañándose con los profesionales sanitarios, quite la grasa de la administración paralela ya que sufre obesidad mórbida”.

El senador cordobés ha afirmado que “la aportación del usuario a la farmacia hospitalaria mantiene los mismos criterios de justicia social que la reforma de 2012”. En este sentido, Aguirre ha señalado que “es bueno que quienes más renta perciben colaboren con los más necesitados a la hora de recibir medicamentos. No es justo que las personas con rentas más altas paguen lo mismo por sus medicinas que quienes no disponen de recursos. Es aquí cuando un Gobierno demuestra que tiene sensibilidad social y que se preocupa por los más necesitados”.

A este respecto, Aguirre ha criticado “el alarmismo permanente de los socialistas y el engaño a los ciudadanos, al contar solo una parte de la verdad”, pues, “es cierto que habrá copago de medicamentos de dispensación hospitalaria, pero lo máximo que aportará un usuario son 4,20 euros, aunque un tratamiento cueste miles de euros”.

En concreto, “si un medicamento cuesta 20 euros, el usuario pagará dos. Pero si, como ocurre en muchos casos, el medicamento cuesta varios miles de euros, el usuario sólo aportará 4,20 euros”, según ha señalado el senador del PP por Córdoba.

Otro de los aspectos a los que ha aludido el senador popular es que, en cualquier caso, “los medicamentos a los que atañe esta reforma son de dispensación hospitalaria, no de uso hospitalario, por lo que los antirretrovirales no están incluidos”, es decir, “no hay razón para que una persona abone copago si un tratamiento se dispensa en una oficina de farmacia y no lo haga si se dispensa en la farmacia del hospital; también es inequitativo”.

Aguirre ha recordado que “otros medicamentos han estado en oficina de farmacia hasta hace un tiempo, con lo que los usuarios tenían que hacer una aportación, y después se han trasladado, por decisión de las comunidades autónomas, a la farmacia hospitalaria. Por eso el Ministerio quiere, una vez más, asegurar el mismo trato y la misma garantía de acceso a los medicamentos de todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma donde vivan”.

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