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El Pleno de Lucena resuelve que hubo fraccionamiento de contratos en la Feria del Valle

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, en una rueda de prensa.

Carmen Reina

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La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Lucena sobre la contratación de las actuaciones musicales de la Feria del Valle y Fiestas Aracelitanas de 2015, 2016 y 2017 en el municipio ha dictaminado que hubo fraccionamiento de los contratos y simulación de concurrencia competitiva en el proceso que llevó a cabo la administración local para su adjudicación. Este dictamen ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento lucentino en su sesión de este martes.

El dictamen ha sido aprobado tanto por el Pleno como en la comisión de investigación con los votos a favor de PP, Ciudadanos e IU, los votos en contra del PSOE y la abstención del concejal independiente Vicente Dalda, que es quien ha puesto los hechos en conocimiento de los tribunales y no ha querido votar otro posicionamento al ser parte denunciante. Sobre estos hechos, un juez ha abierto diligencias y citó a declarar en calidad de investigados al alcalde de la Lucena, Juan Pérez (PSOE), y a la concejala de Fiestas, María del Mar Morales (PSOE).

Las conclusiones del dictamen municipal -al que ha tenido acceso este medio- señala que la preparación del contrato “pudo ser una mera ficción y simulación de concurrencia para cumplir los requisitos impuestos por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, ya que desde el mes de noviembre o diciembre tenían 'apalabrados' los grupos que se iban a contratar”. El informe llega a describir que “primero se eligieron a las empresas y luego se preparó el procedimiento” administrativo de contratación.

Asimismo se considera probado que “se formalizaron tres contratos menores fraccionando así la verdadera naturaleza de la contratación, dado que el objeto de la contratación era único y el importe superaba los 18.000 euros”, lo que vendría a infringir la Ley de Contratos del Sector Público.

“La posible finalidad de la presunta ficción y simulación de concurrencia, ha podido ser la de beneficiar a una determinada empresa, Mundo Music 2002 SL (cuyos administradores están vinculados por lazos familiares con los representantes de las otras dos empresas a las que se les solicitó presupuesto, garantizando así que ninguna ofertara más barato)  representada y administrada por la madre de don Pablo Lozano Dueñas, persona relacionada con el PSOE cordobés que ha ostentado cargos políticos en el seno de dicho partido en nuestra provincia” -denuncia el dictamen- y que actuó de “negociador y cobrador” de los contratos.

Asimismo, concluyen que la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Lucena “fue consciente en todo momento de que actuaba indebidamente y de que utilizaba el poder político y la autoridad que legítimamente ostenta, para fines distintos para los que le fueron otorgados”, por lo que declaran “su responsabilidad política en los hechos”.

De igual modo, señalan la responsabilidad política también del alcalde, que “ha intentado dar cobertura jurídica para evitar la responsabilidad política a la señora Morales”, salvo que dé “debida cuanta y razón que explique las razones de su actuación”.

“Caos administrativo”

La comisión de investigación municipal denuncia “el caos administrativo” que este caso ha destapado en el Ayuntamiento con “documentos, en la mayoría de los casos, que no figuran registrados de entrada, firmas que no se corresponden con las que figuran acreditadas en el DNI del titular de la firma, documentos que se incorporan al expediente que aparecen de un día para el otro. Ellos evidencian a nuestro juicio, que los documentos han podido ser elaborados para dar cobertura a las deficiencias que se han ido detectando”, advierten.

Por todo ello, el dictamen ha propuesto al Pleno solicitar la dimisión de la concejala de Fiestas o, en su caso, que el alcalde ordene el cese de sus funciones. A ambos se les considera responsables políticos de lo ocurrido por “la utilización indebida de la autoridad legítima que ostenta para fines para los que no les fue otorgada”.

El dictamen será trasladado al juez que lleva el caso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lucena, “a la vista de que se han apreciado indicios de irregularidades” y, asimismo, se propone la elaboración de un protocolo de actuación de los procedimientos y la elaboración de un manual de buenas prácticas de gobierno.

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