El Parlamento aprueba la movilidad laboral para víctimas de maltrato antes de denunciar

Concentración contra la violencia machista | MADERO CUBERO

Poder pedir un traslado laboral por motivos de violencia de género sin que exista aún denuncia. Ese es el objetivo de la Proposición No de Ley presentada por Izquierda Unida y aprobada por unanimidad de todos los grupos de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía para que una mujer que trabaje en la administración autonómica y sufra malos tratos tenga acceso a la movilidad laboral sin tener que presentar para ello documentos acreditativos de resoluciones judiciales sobre el caso.

Hasta ahora, una víctima de violencia de género podía solicitar el traslado de su puesto de trabajo a la Junta de Andalucía presentando una sentencia condenatoria de los hechos, una orden de protección dictada sobre ella o una resolución judicial que hubiera dictado medidas cautelares. Es decir, documentos que solo se extienden si la mujer ha presentado una denuncia por maltrato. Ahora, con la aprobación de esta medida, la víctima podrá pedir el cambio de lugar de trabajo antes incluso de hacer la denuncia, solo presentando “un documento acreditativo de atención especializada expedido por un organismo público competente en materia de violencia de género”, como es el caso del Instituto Andaluz de la Mujer que actualmente atiende a víctimas de malos tratos hayan o no denunciado los hechos.

Este cambio ya estaba dispuesto en la resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecía el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Una resolución que aún no ha sido aplicada en Andalucía y que, ahora con la aprobación de la PNL presentada por IU, deberá adoptarse también por el Gobierno de la Junta.

Además, según ha explicado la parlamentaria andaluza por Córdoba de IU, Elena Cortés, esta medida también afecta a las trabajadoras de las contratas que hacen servicios a la Junta, es decir, a las mujeres empleadas en empresas que prestan servicios en distintos ámbitos a la administración andaluza.

“Hay que perseguir al maltratador y poner el foco en él”, ha argumentado Cortés para explicar que esta medida ayudará a aquellas mujeres que por distintas circunstancias no han interpuesto una denuncia por el maltrato que sufren. “Hay mujeres que no denuncian o que aún no se han decidido a denunciar. Hay que atenderlas, acompañarlas en el proceso para que denuncien pero, sobre todo, hay que protegerlas”.

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