La Orden Franciscana apela a la presunción de inocencia y se pone a disposición de “las presuntas víctimas”

Ciudad de la Justicia | ÁLEX GALLEGOS

La Orden Franciscana de la Inmaculada Concepción de España a la que pertenece el profesor y cura acusado de abusar sexualmente de seis alumnas de un colegio de la capital de Córdoba ha emitido un comunicado apelando a la presunción de inocencia del acusado y asegurando que se encuentra a disposición de “las presuntas víctimas”.

Tal y como adelantó este periódico en el día de hoy, el profesor que durante este jueves y el pasado miércoles ha sido juzgado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba se trata de un fraile de la Orden Franciscana que entró a formar parte del claustro en 2007. Según el relato de la Fiscalía, los presuntos abusos sexuales se habrían cometido sobre seis alumnas durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2014-2015.

En el comunicado, la Orden ha manifestado su “firma voluntad de trabajar a favor de la protección de menores, previniendo y denunciando cualquier abuso sexual, de autoridad o de cualquier otra conducta punible, ejercidos no por el personal de nuestros centros escolares y parroquias, sea sacerdote, religioso o seglar”. Por ello, desde el primer momento, “esta Provincia franciscana ha ejercido su plena colaboración en el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

“La autoridad competente de la Provincia, inmediatamente que tuvo noticia de la denuncia, puso en marcha las medidas cautelares oportunas al caso, entre las que destaca la prohibición eventual al denunciado de entrar en contacto, por cualquier medio, con menores de edad, y abrió una Instrucción interna para verificar los hechos, a tenor de las disposiciones de la Iglesia y de la Orden”, continúa el escrito.

Desde la Orden han apuntado que la “Provincia franciscana ha venido colaborando diligentemente con las autoridades civiles que tratan el caso denunciado, y seguirá poniendo al alcance de las mismas, con la mayor inmediatez posible, toda la información y cooperación que se le solicite”.

Por último, en el comunicado han apelado al principio constitucional de la presunción de inocencia al que tiene derecho todo denunciado y han señalado estar “a disposición de las presuntas víctimas y sus familiares”.

Además de los 30 años de prisión que pide la Fiscalía, el Ministerio Público solicita que le impongan la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores de edad por un tiempo superior de tres años al de la duración de la pena privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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