Mayoristas acusados por el fraude en joyería dicen que les ofrecían pagar al contado o financiado

Mayoristas acusados en el caso Fénix, en el que se investiga un supuesto fraude de más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería, han explicado este miércoles ante la juez que les ofrecían pagar al contado o financiado por las compras de joyas desde distintas entidades, entre las que no han señalado a la del principal procesado, pero que en todo caso lo hacían con facturas.

Así lo han expuesto durante su declaración en el juicio del Juzgado de lo Penal número 4, que se retomará el próximo martes 29 de octubre, y en el que hay un total de 96 acusados, de los que algunos han muerto y otros se encuentran internos en residencias.

Al respecto, uno de los empresarios ha relatado que era administrador solidario de una empresa junto con su hermano al 50% y que no se dedicaba a la fabricación de joyería, de manera que todo el género lo han comprado terminado en Turquía, Italia y España. Así, ha apuntado que compraban piezas hechas para luego “revenderlas”, aplicando un margen de ganancia que no superaba el 10%.

Tras advertir de que le han atracado cinco veces en su empresa, el procesado ha comentado que no recuerda haber firmado una recepción de material de la empresa en la que trabajaba el principal acusado, a la vez que ha aclarado que siempre que ha trabajado con empresas del metal si no iba la factura correspondiente en el envío, “el material ha sido devuelto”. También ha abundado en que ha realizado financiadas casi el 90% de sus compras.

Igualmente, su hermano, también procesado, ha suscrito dichas respuestas a las preguntas del abogado de ambos, apuntando al “increíble porcentaje de beneficios”, que se sitúa entre un 5% y 8%.

Por otra parte, otro mayorista, que solo ha respondido a las preguntas de su letrado, ha remarcado que “jamás” ha fabricado joyas, porque “no tenía tiempo, ni posibilidades”, a lo que ha agregado que no tiene maquinaria para ello. Además, ha indicado que es “habitual” trabajar con precio al contado y con precio de financiación.

Asimismo, dos hermanas que trabajaban en la empresa de su padre, acusado en este caso e interno en una residencia actualmente, han indicado a preguntas de su abogado que la entidad la dirigía su progenitor como administrador único, por lo que una de ellas no ha participado “en ningún tipo de decisión”, mientras que la otra procesada ha dicho que elegía algunas piezas que compraban a Italia, pero “no tomaba decisiones” respecto al precio, a lo que ha añadido que su empresa no fabricaba, “todo era elaborado”.

Nunca han fabricado

Otro de los empresarios acusados ha detallado que mantenía una empresa de joyería en un municipio de Cádiz con su mujer al 50%, para la compra de “género hecho”, que revendía aplicando un margen de ganancia, en torno al 8% y 10%, que obtenía con las ventas en una tienda y al por mayor. Según han subrayado ambos, nunca han fabricado piezas.

Entretanto, él ha apuntado que conoce a uno de los procesados relacionados con la empresa del principal acusado, porque le llamaba para ofrecerle “cotización”, pero nunca le compró nada, puesto que tenían una empresa proveedora en Córdoba y otra en Zaragoza que ofrecían “más garantías”.

Además, otro de los acusados ha contestado a preguntas de su abogada que en 2006 se hizo cargo de una empresa de joyería que se constituyó en 2003 con su mujer al 96% y el resto con un asesor, porque él trabajaba en el Ayuntamiento de Sevilla. Según ha manifestado, él decidió todo, las compras y los diseños, pero ha aclarado que no es fabricante y siempre ha sido mayorista.

También ha precisado que compraba “siempre con factura” y que el modo de pago era “con transferencias”, a la vez que ha agregado que “no es normal” que comparara varias veces en un mes, ni el mismo día dos veces, según se recoge en documentación de la causa.

Ocultar clientes

Mientras, una encargada de caja y almacén acusada en este caso ha manifestado este martes ante la juez que ofrecían a los clientes pagar con y sin factura, a la vez que ha admitido que se crearon algunas sociedades para la facturación y ocultar clientes reales.

En su declaración, la procesada ha dicho que se supone que dichas sociedades las creó el padre del principal procesado en esta causa, ya fallecido y que estaba también acusado, dirigidas desde Barcelona, precisando que una de ellas estaba en Córdoba.

Cabe recordar que el principal acusado --el hijo del procesado ya fallecido-- en este caso, ha manifestado ante la juez que su única relación con el departamento financiero era verificar si las cantidades cerradas en las operaciones de compraventa de oro telefónicamente eran correctas o no, después de recibir un fax con las mismas para su confirmación.

Tras advertir de los márgenes de beneficios “tan bajos” en este negocio, el hombre ha abundado en que jamás se reunió con el departamento financiero para tratar temas relacionados con la contabilidad, a lo que ha agregado que su “única obsesión” era el precio, “intentar arañar unos céntimos por debajo del precio de coste”, y ha expresado que no tenía “ningún beneficio” en las compraventas.

Así, ha negado que, junto con su padre, impulsaran crear una trama para evitar pagar impuestos en la compraventa de oro. Según ha expuesto, desde antes de 2002, en el año 1995, trabaja en el sector de los metales preciosos, para lo cual se incorporó a la empresa donde trabajaba su padre y lo hizo como “analista financiero” en el mercado del oro.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a 96 personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el hijo del presunto cabecilla de la trama, P.J.R.F., que se enfrenta a penas de unos 384 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide la fiscal son de dos años de prisión para siete acusados. La Fiscalía pide para el citado procesado penas de cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos.

Los destinatarios

Esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona --que llegaron a sumar unos cien agentes a la vez en estas tareas-- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.

La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.

La empresa presuntamente hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas supuestamente ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos, tanto por las ventas en la imposición indirecta --IVA--, como por los beneficios en la imposición directa --IRPF o Impuesto de Sociedades--.

La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, presuntamente creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes, según la investigación.