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La UCO amplía su apoyo y sus ayudas económicas a todos los refugiados y solicitantes de asilo

Primera sesion de la comisión del Plan UCO-Refugio.

Alejandra Luque

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La Universidad de Córdoba (UCO) ampliará sus ayudas económicas a todos los refugiados y solicitantes de asilo dentro su Plan UCO-Refugio. Así lo ha anunciado este martes la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la institución académica, Sara Pinzi, durante la sesión en la que se ha presentado la declaración institucional UCO-Refugio que supone todo un compromiso con las personas que huyen de sus países de origen por razones humanitarias y conflictos internacionales.

Cogiendo el testigo de lo trabajado por la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en materia de refugiados desde 2015, la UCO puso en marcha en 2023, mediante una subvención del Ministerio de Universidades, un programa orientado a apoyar a personas afectadas por la guerra en Ucrania en situación de asilo internacional en nuestra ciudad. Pero la realidad internacional ha llevado a la Universidad a replantearse el público objetivo de estas ayudas, por lo que las nuevas convocatorias de becas y todo el apoyo que pueda dar la UCO, a través de fondos propios, no tendrán en cuenta el origen de las personas solicitantes. En su intervención, Pinzi ha defendido “el papel de actor social que tienen las universidades públicas como espacio de paz” y la necesidad de cumplir “con el lema de la Agenda 2030 relativo a no dejar a nadie atrás”. Estas becas no solo irán destinadas a facilitar el acceso de estas personas a la universidad, sino que también se financiarán clases para el aprendizaje del castellano y otras promoverán un acercamiento de estas personas a los eventos culturales y deportivos que se desarrollen en la ciudad.

La gestión de estas becas se realizará a través de una comisión -la primera sesión seo ha celebrado este martes- en la que participarán siete vicerrectorados, la gerencia de la Universidad y representantes de los estudiantes. No obstante, organizaciones y asociaciones que traten con personas refugiadas podrán solicitar su participación en dicha comisión, que deberá ser aprobada en un Consejo de Gobierno de la UCO. A este trabajo en red se unirá otro tendente a la sensibilización de la comunidad universitaria sobre la realidad de los conflictos internacionales así como a su implicación y al acompañamiento de estas personas.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha lamentado el crecimiento de estos conflictos a lo largo de los años y, aunque ha reconocido que la Universidad no “puede resolverlos, sí puede poner su granito de arena y mandar un mensaje a la sociedad”. En palabras del máximo representante de esta institución académica cordobesa, el Plan UCO-Refugio “no es solidaridad, sino un ejemplo de respeto a los derechos humanos”. Así ha quedado reflejado en la declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo y que este martes ha sido leída por la directora de Cooperación y Solidaridad, Carmen Cuéllar. En virtud de esta declaración, la UCO se compromete a impulsar el Plan UCO-Refugio.

Dificultades en el acceso a la educación superior

El acto ha contado también con la presencia de María de Lázaga Hartwig, representante de ACNUR España, quien ha explicado los objetivos de la organización, que actúa bajo mandato de la ONU, y los distintos tipos de protección internacional. Actualmente hay unos 110 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, de las cuales el 80% está en países de renta media o baja. En España hay una cifra de más de 580.000 personas entre refugiados, solicitantes de asilo o en cualquier otra forma jurídica de protección, siendo Ucrania, Venezuela, Siria, Mali y Colombia los países con mayor número de personas refugiadas o solicitantes de asilo.

La representante de ACNUR ha felicitado a la UCO por la iniciativa y ha señalado el papel de las universidades en la “reconstrucción de vidas y futuros de las personas refugiadas”. A fecha de hoy, solo el 6% de estas personas accede a la educación superior, frente al 40% de la población no refugiada. Sin embargo, el acceso a la universidad es un puente a la generación de ingresos para estas personas, así como a la integración de la juventud refugiada. Entre las principales trabas están las cuestiones económicas, la falta de acceso a la información, las barreras idiomáticas, la diferencia de trato según nacionalidades, los requisitos documentales o las cuestiones psicosociales, entre otras. Para el año 2030, ACNUR se ha fijado como objetivo que el 15% de las personas refugiadas pueda acceder a la educación superior gracias a programas parecidos al iniciado por la UCO.

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