Una nueva prórroga para comprar los cines de verano: retracto, tribunales y un posible desahucio al propietario en el Fuenseca

La Junta de Andalucía se ha dado diez días más para resolver el expediente de retracto sobre los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia de Córdoba. La prórroga, acordada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y comunicada en la tarde de este lunes, abre ahora un nuevo periodo de espera en el que tendrán que despejarse varias incógnitas.

La primera, si la Administración autonómica ejercita finalmente el derecho de retracto para que sea el Ayuntamiento de Córdoba quien adquiera los tres recintos. La segunda, qué hará el actual propietario si la operación sale adelante. Y la tercera, qué ocurrirá con su situación en el cine Fuenseca, donde vive y está empadronado desde hace varios meses Antonio Amil.

La ampliación no supone que la Junta haya decidido no ejercer el retracto. Aunque esta vez el Gobierno Andaluz no ha justificado en base a qué ley se puede ampliar un plazo que ellos mismos dijeron que expiraba este martes, el expediente sigue abierto y la Consejería ha justificado los diez días adicionales en la necesidad de “garantizar plenamente los derechos de defensa y audiencia de las partes” antes de emitir la propuesta de resolución definitiva.

Técnicamente, siempre según la información que dio la Junta de Andalucía, el plazo para hacer efectivo el retracto -es decir, abonar los 300.000 euros por los que se vendieron estos espacios la pasada primavera- vencía este martes 6 de octubre a las 23.59, después de que el procedimiento se iniciara formalmente a principios de septiembre. El escenario que persigue el Ayuntamiento es conocido. El alcalde, José María Bellido, que se negó dos veces a ejercer el derecho de retracto y tanteo por estos mismos espacios, solicitó el pasado verano a la Junta que ejerciera el derecho de retracto sobre la operación por la que Antonio Amil adquirió los tres cines a los herederos de Martín Cañuelo por 300.000 euros.

La fórmula planteada por la Administración autonómica consiste en que sea ella quien ejerza el derecho de adquisición preferente en favor del Consistorio, que asumiría finalmente la propiedad de los espacios. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ya explicó que el expediente se había iniciado “en favor, directamente, del Ayuntamiento”. Es decir, la Junta no pretende quedarse los cines para incorporarlos a su patrimonio, sino utilizar el mecanismo del retracto para que puedan ser adquiridos por el Ayuntamiento de Córdoba.

Si la Junta dice que sí

Si la resolución definitiva es favorable al retracto, el siguiente problema será determinar si la operación termina ahí o si el actual propietario decide recurrirla. El Ayuntamiento ya ha asumido que existe esa posibilidad. Bellido señaló en septiembre que conocía la intención de Amil de oponerse y que el procedimiento podía acabar en los tribunales.

De producirse esa impugnación, la titularidad y la posesión de los inmuebles entrarían en un escenario judicial. El Ayuntamiento y la Junta, muy probablemente, podría tener que defender ante la justicia la validez del retracto (y ahora también de la prórroga de diez días) mientras el propietario trataría de impedir o cuestionar sus efectos. La existencia de un procedimiento judicial no implica por sí misma que la adquisición municipal vaya a quedar anulada, pero sí podría prolongar durante meses la resolución definitiva sobre los tres cines.

Otra posibilidad es que la Justicia, cautelarmente, de la razón a la Junta de Andalucía y obligue al traspaso notarial de los cines a la administración pública, mientras estudia jurídicamente la situación. El pleito, eso sí, podría ser largo y también desembocar, en este caso, en una victoria del actual propietario y que éste acabara recuperando los tres espacios por la vía de una sentencia judicial.

Un posible desahucio

Pero es que, además, la cuestión tiene además una particularidad en el caso del Fuenseca. Antonio Amil no solo es el propietario de los tres recintos, sino que reside en uno de ellos. Según ha podido saber este periódico, desde principios de año, el empresario está empadronado y vive en el inmueble conocido como la Casa del Torreón, integrada dentro de ese mismo cine de verano.

Se trata de la vivienda que hay en la esquina con la calle Juan Rufo, y en cuyo muro descansa la famosa fuente barroca que le da nombre. Al contrario que los propios cines de verano, esta parte del recinto sí está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y fue restaurada por su anterior propietario, Martín Cañuelo, en el año 2016.

De este modo, si finalmente la Junta ejercita el retracto y el Ayuntamiento pasa a ser propietario del inmueble, la operación tendrá una consecuencia que va más allá del cambio de titularidad. La situación residencial de Amil tendría que resolverse también. Eso no significa que la adquisición municipal implique automáticamente un desahucio. Para que se llegara a ese extremo tendrían que producirse nuevos pasos y, en función de las circunstancias y de la posición de las partes, podría existir la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo sobre la ocupación del espacio. Pero, si no hubiera acuerdo y el nuevo propietario reclamara la posesión del inmueble, el conflicto podría acabar derivando en un procedimiento de desahucio.

Es una de las cuestiones que hasta ahora no había aparecido en el debate sobre el futuro de los cines y que adquiere relevancia si prospera el retracto. La Administración estaría comprando unos inmuebles en los que actualmente existe una situación residencial que tendría que ser abordada posteriormente. La decisión de la Junta será, por tanto, el primer movimiento de una partida que puede tener todavía varios capítulos. Si ejerce el retracto y Amil recurre, habrá que ver cómo se resuelve su situación como propietario y como residente en el cine Fuenseca. Los diez días de prórroga sirven así para aplazar una decisión que no solo determinará quién puede acabar siendo propietario de Delicias, Fuenseca y Olimpia. También puede abrir un nuevo conflicto sobre la posesión de uno de ellos y sobre la situación de las personas que han establecido allí su residencia.

Ni la Junta de Andalucía ni Antonio Amil han querido hacer declaraciones este lunes sobre el estado del procedimiento. El propietario sí ha señalado que realizará declaraciones una vez que venza el plazo establecido para resolver el expediente.