El gobierno local culmina el informe jurídico sobre los contratos de Infraestructuras denunciados en Fiscalía

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar este jueves en una sesión extraordinaria el informe de la Asesoría Jurídica sobre los contratos del área de Infraestructuras que fueron denunciados y llevados a la Fiscalía por IU y Podemos, para que se investigue si se han cometido tres presuntos delitos sobre los contratos menores del área de Infraestructuras del último trimestre de 2020: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de los mismos. El objeto de la denuncia son 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

Por su parte, el gobierno municipal anunció que abría un procedimiento de información reservada al respecto, una auditoría de toda la gestión de los contratos menores que se han hecho en la delegación de Infraestructuras en los últimos cinco años.

Ahora, el orden del día de la Junta de Gobierno Local prevista para este 24 de junio solo incluye como único punto la “propuesta del titular de la Asesoría Jurídica Municipal en relación con la información reservada para determinar el alcance y naturaleza de las informaciones aparecidas sobre determinados contratos menores efectuados en el Área de Infraestructuras”, según ha podido saber este periódico.

Se pide investigar si hubo fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación

La denuncia llevada a Fiscalía por IU y Podemos en mayo pasado parte del análisis de los expedientes de dichos contratos menores, donde Izquierda Unida ya advirtió un posible fraccionamiento de contratos al hacer la obra de alumbrado de la avenida de Libia en varios contratos denominados por las calles transversales a esta vía, en lugar de un único contrato mayor por concurrencia competitiva.

Además, levantó acta notarial sobre uno de los tramos de esta obra, que había sido certificada como finalizada por Infraestructuras cuando aún no había sido concluida; y añadió que una empresa adjudicataria se había creado en junio de 2020 y había sido invitada al 80% de los contratos menores del área en el cuarto trimestre del año, con un volumen de 500.000 euros de presupuesto en total. Para los contratos menores, es la administración quien invita directamente al menos a tres empresas para que presenten su oferta y selecciona la adjudicataria entre ellas.

Auditoría municipal sobre los contratos

Tras estas denuncias y en su día, el teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, avanzaba que el gobierno municipal abría un procedimiento de información reservada al respecto e iniciaba una auditoría de toda la gestión de los contratos menores que se han hecho en esa delegación en los últimos cinco años. “Si hay algún vicio o error que se puede apreciar en el trabajo de los funcionarios, para corregirlo. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y no sabemos si ha habido error o no. En todo caso, es una cuestión puramente administrativa. Es un trabajando de los funcionarios y están en manos de ellos”, argumentaba Dorado entonces.

Sobre la auditoría, dijo que se encargaría “una empresa de solvencia acreditada a nivel nacional” y, asimismo. avanzaba que “el jefe del servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento está pidiendo los informes pertinentes a los funcionarios, los criterios por los cuales se han hecho las distintas contrataciones para ver si hay algún tipo de error que no esté de acuerdo a la ley, pero hasta ahora no consta. No deja de ser un tema puramente administrativo”, sostuvo.