Una enorme bolsa de suelo en la zona noroeste para construir vivienda protegida

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la cesión directa y gratuita de 23.467,42 metros cuadrados de suelo a la empresa municipal Vimcorsa para la construcción de más de medio millar de viviendas protegidas en la zona noroeste de la ciudad, en todo el área de Poniente Norte, donde más se está construyendo en los últimos años.

Esta medida, adoptada por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 de diciembre, responde a la propuesta del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo presentada el 26 de noviembre de 2024, y ha sido hecha pública estos días.

Los terrenos, distribuidos en varias parcelas de distintas zonas de Poniente Norte, permitirán la edificación de, como mínimo, 500 pisos destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna a familias con menores recursos. Las parcelas cedidas corresponden a terrenos de titularidad municipal que se encuentran en las áreas de Huerta Santa Isabel-Oeste y San Rafael de la Albaida Sur.

En Huerta Santa Isabel-Oeste hay tres parcelas, que suman la enorme mayoría de la bolsa de terreno cedida a Vimcorsa. Concretamente, según la documentación, la empresa de vivienda se hace con una parcela de 5.602,35 metros cuadrados, otra de 8.433,36 y una tercera de 8.180,02. En estos terrenos, está planteada la construcción de hasta 514 viviendas en total.

No se ha especificado cuántas se construirían en las manzanas R1 y R2, ubicadas en San Rafael de la Albaida Sur, y que suman 1.251,66 metros cuadrados de superficie. Todas las parcelas cuentan con cargas fiscales y costos asociados a la urbanización, cuyo valor total asciende a varios millones de euros, pero serán destinadas exclusivamente a la edificación de viviendas de protección pública, además de locales y garajes vinculados a este tipo de desarrollos.

La cesión establece condiciones para garantizar el uso social de los terrenos. Entre las principales obligaciones, Vimcorsa deberá iniciar la edificación en un plazo de cinco años para evitar que las parcelas reviertan al Ayuntamiento. Además, el destino de los terrenos deberá mantenerse durante 30 años después de la construcción, asegurando así la permanencia de su función social.