La comisión que investiga el accidente de Adamuz pide las grabaciones de emergencias a la jueza tras denegárselas la Junta

La Junta de Andalucía ha denegado a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el acceso al registro y grabaciones de las llamadas que recibió el servicio regional de emergencias durante la noche del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que descarriló un tren Iryo que acabó impactando con un Alvia que viajaba en sentido contrario. Murieron 46 personas y 155 resultaron heridas. La CIAF, el organismo independiente del Ministerio de Transportes, solicitó todos los datos a la Junta de Andalucía el 19 de febrero. La primera respuesta fue cuatro días después y la contestación definitiva llegó el 5 de marzo, y fue negativa.

En concreto, la jefa de la investigación de este accidente designada por la CIAF envió un extenso correo electrónico al director general de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía, Alejandro García Hernández. El mail, al que ha tenido acceso este periódico, detallaba cómo para la investigación es fundamental la elaboración de “la cadena de acontecimientos desde que se produjo la incidencia hasta que finalizó la labor de los servicios de rescate”. La investigadora reclamaba al director general del gobierno andaluz que concretase cuáles fueron “las medidas adoptadas para proteger y salvaguardar el lugar de la incidencia”, y también “los cometidos de los servicios de rescate y de socorro”.

La CIAF solicitaba a la Junta información detallada sobre el proceso de “activación del plan de emergencia ferroviario”, la del propio plan de emergencia “de los servicios públicos de salvamento, de la Policía y de los servicios médicos y su cadena de acontecimientos”. “Para poder llevar a cabo lo anterior, vamos a necesitar, por una parte, acceso a las grabaciones de las llamadas realizadas con relación al accidente, así como la posibilidad de entrevistar al personal que participó directamente en el lugar del accidente bajo vuestra coordinación. También te agradecería si nos puedes enviar el Plan de Emergencias desplegado, informe sobre el desarrollo de la emergencia, legislación en vigor que regule vuestras funciones, etcétera”, solicitaba la investigadora.

El 5 de marzo, el director general de Emergencias de la Junta de Andalucía contesta a la CIAF que no puede enviarle las grabaciones de las llamadas realizadas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía. Alejandro García Hernández detalla que estas grabaciones “contienen datos personales sometidos al régimen de protección de datos establecido en la normativa vigente”. Además, insiste en que “los hechos” están “sometidos a investigación judicial paralela”, por lo que instan a la CIAF a pedirle a la jueza de Montoro que instruye el caso, Cristina Pastor Recover, la cesión de esas grabaciones.

458 llamadas al 112 en la noche del accidente

En su respuesta, el director general agrega información muy escueta. Así, informa que la primera llamada “relacionada” con el “incidente” al 112 de Andalucía se produjo a las 19.44 del 19 de enero. La propia CIAF (y los atestados de la Guardia Civil) señala que la hora exacta del accidente tuvo que ser entre las 19.43.37 y las 19.43.41. Desde esa hora, el 112 recibió un total de 458 llamadas de teléfono “relacionadas con el accidente durante la gestión de la emergencia”.

Consultado por este periódico, el gobierno andaluz ha insistido en que informó a la CIAF que el acceso a estas “comunicaciones forman parte de los registros operativos del sistema de emergencias y contienen datos personales sometidos al régimen de protección de datos establecido en la normativa vigente”. Por lo mismo, y ya que “los hechos se encuentran sometidos a investigación judicial paralela, por lo que el eventual acceso o cesión de dichas grabaciones deberá realizarse, en su caso, conforme a la normativa aplicable y en coordinación con la autoridad judicial competente”. “No obstante, a efectos de contextualizar la secuencia de activación del sistema de emergencias, se trasladaron por escrito los datos objetivos al respecto”, han sostenido, al tiempo que han insistido en que el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha trabajado “con total transparencia” desde el principio.

El 11 de marzo, la CIAF envió un escrito a la jueza del Tribunal de Instancia número dos de Montoro para reclamarle a la Consejería de Presidencia y Emergencias, que preside Antonio Sanz, que le envíe las grabaciones que la Junta de Andalucía le deniega. De momento, la jueza no se ha pronunciado ante la petición de la CIAF, que continúa con su trabajo y que de momento ha elaborado ya cinco informes provisionales sobre al accidente. Fuentes judiciales señalan que la magistrada no tiene en su poder el contenido de esas grabaciones. Por eso, primero debería pedírselas a la Junta antes de autorizar su acceso a la CIAF.

La CIAF ha acotado el origen que provocó el accidente ferroviario: la rotura de un carril o su soldadura en la vía por la que circulaba el Iryo dirección. Esa rotura fue la que provocó el descarrilamiento de sus tres coches traseros (del seis al ocho) que acabaron chocando contra un Alvia que circulaba justo en ese momento por la vía en dirección a Córdoba. No obstante, aún se desconocen los motivos que provocaron esa rotura.

Los investigadores de la CIAF están a la espera de las pruebas de laboratorio que se están realizando sobre los carriles de vía retirados de la zona, para saber qué pudo provocar su ruptura, sin que de momento se haya alcanzado una hipótesis concreta: falta de mantenimiento, una mala instalación, una dureza insuficiente, problemas con la colada de la soldadura o cualquier otra circunstancia.