La alegación que ha aplazado la expropiación de Caballerizas considera irregular todo el proceso

La alegación que ha provocado el aplazamiento del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo convocado para aprobar definitivamente Caballerizas Reales al Ministerio de Defensa pide la revocación íntegra del expediente, al considerarlo irregular. Según el escrito, de 14 folios y presentado por un abogado de Madrid, el proceso seguido no ha sido el correcto y además considera que la expropiación persigue “favorecer” a “unos pocos”.

La alegación, a la que ha tenido acceso este periódico, se refiere sin nombrarla a la asociación Córdoba Ecuestre, que es quien gestiona actualmente el monumento. Caballerizas Reales está actualmente cedida al Ayuntamiento desde el año 2001, cuando se firmó un protocolo entre Defensa y el Consistorio. En estos 20 años ha sido imposible que las dos administraciones se hayan puesto de acuerdo para pactar un precio y transmitir la propiedad. Este equipo de gobierno ha intentado el camino de la expropiación, pero Defensa considera que el monumento vale cinco veces más que lo que el Ayuntamiento ha planteado: dos millones de euros plantea el Consistorio y 9,7 millones el Ministerio.

El Consejo Rector se convocó de forma extraordinaria para el viernes. Pero la llegada de la alegación poco antes de las 15:00 del jueves, que no fue advertida en Urbanismo hasta el viernes, ha provocado que la sesión se suspenda hasta el próximo martes. Antes, un arquitecto de la Gerencia tiene que revisar la alegación e informarla. Previsiblemente, se va a informar en contra. Pero la alegación aventura un futuro judicial al proceso.

Así, en su escrito este abogado sostiene que Caballerizas reales es “una las mayores representación de Arte Ecestre en Andalucía, ubicado en un inmueble, perteneciente al antigua Cuartel de la Trinidad, que debe estar al servicio de todos los ciudadanos de Córdoba”. Así, reclama que “para el uso y disfrute de estos” exige que “se siga una especial protección al referido inmueble, y que el mismo, no se pretenda, como así es, que se malogre en favor de unos pocos, y no sea todo el municipio, a través de sus estamentos, quien se preocupe de su uso y conservación”. Es decir, precisa, que “la irregular expropiación no sea un instrumento para favorecer sólo los intereses de quién ahora detenta el uso irregular (pues no existe autorización para esté usando dicho inmueble patrimonio de todos los cordobeses), si no que se siga un ejemplar expediente, si procede, para que ese uso sea de todo aquél que quiera y pretenda explotarlo, procediendo a dar en igualdad de condiciones la posibilidad de explotar las instalaciones a cualquier interesado legítimo, bajo la tutela de la administración pública”.

La gestión de Caballerizas Reales nunca estuvo exenta de polémica. Córdoba Ecuestre ha sido declarada una entidad de interés público precisamente para garantizar que podría gestionar, sin concurso previo, este monumento, en el que en el pasado siempre mostraron interés otras empresas y yeguadas andaluzas. Por eso, aunque no se cita quién encarga a este abogado esta alegación, es probable que alguna de esas entidades esté tras la misma.

No obstante, la alegación incide en algo que ya se ha escrito en el Ayuntamiento, en concreto en un informe de la Intervención General de Fondos: que la expropiación no es de interés público y que “vulnera” la Ley de Expropiación Forzosa. Además, también reitera la “inexistencia de causa expropiandi” que recoge la normativa y considera que tampoco se ha contado con la fijación de un justiprecio acorde a los trámites establecidos en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, la alegación considera “indebida” la “catalogación del inmueble y de la expropiación utilizada, que no puede aplicarse a este caso, ya que a expropiaciones urbanísticas obedecen a la ejecución de planes de ordenamiento urbano, siendo el inmueble de arras un elemento del conjunto artístico, debiendo catalogarse como tal y darse el tratamiento específico al mismo”. En este sentido, la alegación reclama la “anulación” de todo el expediente.