La Junta pide al Estado más herramientas legales para controlar los alojamientos turísticos

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha pedido al Estado más herramientas legales “para controlar la proliferación de los pisos turísticos” y considera que es “necesario que el Estado regule en esta materia y también sobre el alquiler de las viviendas”.

En una pregunta en comisión parlamentaria, López ha recordado que en los últimos años, en las mayoría de las ciudades “se está produciendo un proceso de cambio social y económico complejo, especialmente en cascos históricos, por la irrupción del alquiler de viviendas particulares con fines turísticos a través de plataformas digitales”.

Reconoce los efectos positivos de este fenómeno “en cuanto a recuperación de determinadas zonas”, pero ha advertido de que posee una componente negativa en algunos casos, “ocasionando la pérdida de la identidad del barrio y el aumento en los precios del alquiler”.

López considera que “la amplia dimensión del problema requiere de la acción legislativa del Gobierno” y ha recordado que “son muchos los ayuntamientos de toda España que han pedido herramientas legales para controlar la proliferación de los pisos turísticos”, por lo que cree que “es necesario que el Estado regule en esta materia y también sobre el alquiler de las viviendas”.

El consejero ha recordado que en el marco de sus competencias, la Junta ha venido actuando “de forma activa” para paliar los posibles efectos negativos de la implantación de la proliferación de alojamientos turísticos en viviendas particulares, especialmente en el litoral, sobre todo en la Costa del Sol, y en los barrios históricos de ciudades patrimoniales donde existe una gran implantación de la oferta de alquiler turístico al tener mayor demanda.

Así, ha recordado que la Consejería de Turismo reguló la actividad del alquiler turístico “para posibilitar su convivencia con otras formas de alojamiento, mediante el Decreto regulador de viviendas con fines turísticos, para integrar este tipo de alojamiento a la oferta reglada, una norma que viene desplegando sus efectos desde 2016”.

Asimismo, ha apuntado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio “está elaborando la Agenda Urbana de Andalucía, la primera de España y que se aprobará antes de que finalice 2018”.

“El objetivo es encontrar un equilibrio en el desarrollo de estos alojamientos turístico, que son importantes ya que supone la generación de actividad económica, empleo y una fuente de ingresos para estas ciudades”, ha aseverado el consejero, quien aboga por “dar respuestas adecuadas, para generar nuevos espacios de oportunidad y que nos ayudarán a paliar fenómenos como el aumento de los precios del alquiler en el centro de determinadas ciudades”.

López ha recordado que la Consejería de Fomento y Vivienda no tiene competencias en esta materia “y en nuestra responsabilidad está el actuar en materia de vivienda protegida y en la promoción del acceso a un hogar de las personas con menos recursos y más dificultades”.

Posición de Podemos

Por su parte, la diputada de Podemos Carmen Molina ha instado al Gobierno andaluz a intervenir en apoyo de las administraciones locales, “que tienen ya serios problemas al respecto”. Molina considera que “ante el impacto cada vez mayor de la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades, especialmente en sus centros históricos”, la Junta debe abordar este problema.

La diputada ha pedido que la administración autonómica “apoye a la tarea de las administraciones locales de las mayores ciudades andaluzas, que tienen ya serios problemas con la turistificación y sobre las regulaciones en que puedan apoyarse para evitar los conflictos con los operadores empresariales”.

Ha lamentado que esos operadores “al sustituir el alquiler residencial por la estancia vacacional, han provocado una espiral inflacionista en los precios que hace imposible a los trabajadores acceder al mercado de la vivienda”.

“La sobreexplotación a todos los niveles implica el riesgo de crear una burbuja que acabe matando de éxito al modelo. Ya no son solo los locales los que acaban expulsados por el turismo desaforado, son los propios turistas los que acaban hartos de un modelo masificado que busca el beneficio rápido a costa de expoliar los recursos humanos, urbanos y medioambientales de las ciudades y ofrecer un servicio de escasa calidad”, ha analizado Molina, que llama a la regulación para conseguir un sector “sostenible, que aporte beneficios a todos los estratos sociales”.

Ha reconocido que “los distintos gobiernos tienen dificultades para abordar el problema y el pensamiento neoliberal ataca cualquier medida regularizadora por considerar que va contra los beneficios empresariales”, y lamenta que “esos beneficios solo son para ellas, las empresas, mientras la ciudadanía se ve perjudicada. Convertir o no las ciudades en un parque temático que bulle de vida por el día y languidece por la noche debe estar en manos de las administraciones”, ha concluido Carmen Molina.