La Junta ofrece la Ley de Garantías del Sistema Sanitario como base para un pacto de estado

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María de los Ángeles Luna, ha presentado este lunes el proyecto de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que ya ha superado el debate de enmiendas a la totalidad en el Parlamento andaluz y que la administración autonómica ofrece como “contribución para un pacto de Estado” sobre sanidad en todo el país, donde esta norma andaluza es pionera.

La nueva norma, que quiere garantizar toda la cartera de servicios existente y que en la comunidad autónoma andaluza no tengan efectos medidas como el copago, “pretende frenar el deterioro que ha supuesto el gobierno del PP sobre la salud pública”, ha señalado la delegada para indicar que el proyecto de ley andaluz “debe ser la hoja de ruta de la sanidad para toda España”.

La Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que engloba el sistema sanitario “desde cuatro perspectivas de sostenibilidad: económica, social, ambiental y del conocimiento” -en palabras de la delegada-, que defiende un modelo “para preservar los valores de la sanidad pública y universal”, atendiendo además a “garantizar la suficiencia financiera” del sistema sanitario.

Según la Junta, los fines fundamentales que se persiguen con este proyecto de Ley pasan por garantizar los principios de universalidad, equidad, calidad, solidaridad e igualdad efectiva de las prestaciones sanitarias públicas a cualquier persona que las necesite, independientemente de su condición social, cultural o económica.

De este modo, esta norma se vincula con la Constitución española que, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, así como con el Estatuto de Autonomía de Andalucía el cual, en su artículo 22, garantiza este derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Un carácter que, según la Junta, se quebró con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 por parte del Gobierno central y que “supuso la implantación de un régimen extendido de copagos para todos los ciudadanos, y el paso por tanto de un sistema de cobertura universal a un sistema de aseguramiento, lo que supuso un retroceso del sistema sanitario público”.