La Junta nombra cuatro refuerzos para los juzgados de Montoro, Posadas y el Penal 4 de la capital
La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha nombrado cuatro refuerzos para los juzgados de la provincia de Córdoba que cuentan con una alta carga de trabajo, cumpliendo así con el compromiso del vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Juan Marín, de apoyar con más personal aquellas jurisdicciones más saturadas.
Así, tras las necesidades detectadas en el servicio, la dirección general de la Oficina Judicial y Fiscal ha autorizado la incorporación de cuatro interinos más que se sumarán a los otros 25 -cuatro auxilios, un gestor y 20 tramitadores- que ya están apoyando el trabajo en distintas sedes judiciales de la provincia, según ha informado la Junta en una nota.
En concreto, se ha aprobado una plaza de auxilio judicial en el juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, debido a la carga laboral que presenta, al igual que sucede en el juzgado número 2 de Montoro, donde se incorpora un interino a una plaza de tramitador procesal y administrativo.
Igualmente, se sumará un tramitador procesal y administrativo en el juzgado número 1 y un gestor procesal y administrativo al juzgado número 3 de Posadas, que registran una importante carga de trabajo desde hace meses.
Inicialmente, estos interinos se mantendrán en sus respectivos puestos en los juzgados de la provincia cordobesa hasta el 31 de diciembre, fecha en la que “se evaluará la continuidad y la distribución de los mismos”.
Estos refuerzos en el personal de las sedes judiciales son “una muestra del compromiso” de la Consejería de Juan Marín, con el fin de “tener una justicia cada vez más cercana para los ciudadanos y acortar los tiempos en la resolución de conflictos”.
Estos interinos, 29 en total en Córdoba, se unen a los refuerzos de los juzgados con competencias en violencia de género, así como las fiscalías de esta materia y las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg), a los que se incorporaron 14 interinos desde el mes de junio. Una medida que ha sido financiada con 3,1 millones de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
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